Los derechos torcidos

Libertad de expresión y de reunión. Tortura y malos tratos cometidos por las autoridades. Derechos de refugiados e inmigrantes. Impunidad. Acceso a la vivienda. Violencia contra las mujeres. Son las materias en las que Amnistía Internacional suspende a España en su informe La situación de los derechos humanos en el mundo. Distintas organizaciones sociales españolas confirman el veredicto.

«Las autoridades españolas continuaron negándose a cooperar con la justicia argentina que investigaba los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo«, reprende el documento. Al organismo le preocupa especialmente que «la Fiscalía General del Estado española» haya dado «instrucciones a las fiscalías territoriales para que se opusieran a cualquier investigación judicial solicitada por la justicia argentina». Pero la impunidad a la que se refiere el informe está lejos de ser la única inquietud del organismo.

«El gasto público en vivienda había sufrido recortes de más del 50% entre 2008 y 2015, y las ejecuciones hipotecarias seguían sin remitir», sentencia Amnistía, que lamenta también que «hasta septiembre de 2016 había habido 19.714 desalojos por ejecución de hipoteca, y 25.688 por impago de alquiler». Y esto ocurre en el país europeo con «más viviendas vacías y con el menor parque de viviendas sociales y el que más desahucia y menos destina a políticas públicas de vivienda», sostiene Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Para Macías, el culpable de esta deficiencia tiene nombre propio: «La respuesta del PP a medio millón de familias desahuciadas es poner 6.000 viviendas». Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el año pasado se registraron 63.037 desalojos de inmuebles (se incluyen viviendas, pero también oficinas, locales y naves). Es el sexto año consecutivo, según el CGPJ, en que la cifra anual de desahucios supera los sesenta millares. Para el portavoz de la PAH, la solución pasa por «reformar la ley hipotecaria, destinar el 3% del PIB a la vivienda y modificar la ley de alquileres para aumentar la duración [de los contratos de arrendamiento] y fijar un límite de precio». De lo contrario, las víctimas se quedan «en la calle u ocupan viviendas vacías, porque no te ofrecen alternativa», advierte.

Violencia machista

Quienes ocuparon no una vivienda sino la madrileña Plaza del Sol fueron las mujeres de la asociación feminista gallega Ve-la luz (Ver la luz). Eso sí, lo hicieron de forma legal y no para protestar por la política de vivienda, sino contra la situación del machismo en España. Amnistía Internacional subraya que, a pesar de la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en 2004, no se han «evaluado los efectos de la Ley de manera participativa y transparente, a pesar de las preocupaciones expresadas respecto a la eficacia de los procesamientos y la idoneidad de las medidas de protección de las víctimas».

Este 2017 está siendo especialmente duro para las mujeres. Solo en los dos primeros meses del año se confirmaron los asesinatos de 15 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Hay que remontarse a 2008 para encontrar un dato igual. Y durante el año pasado aumentaron las denuncias por este delito, según un informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, publicado esta misma semana.

«Hay una normalización tremenda cuando las mujeres buscan ayuda judicial», alerta Gloria Vázquez, presidenta de Ve-la luz. Ella fue una de las ocho mujeres que iniciaron una huelga de hambre en el kilómetro 0 de Madrid para luchar contra esta lacra. Finalmente lograron su objetivo: «Abrimos nuevos canales de comunicación» con el Gobierno.

Vázquez considera, sin embargo, que la movilización no valió la pena. «Una huelga de hambre nunca merece la pena porque las secuelas son tremendas: estamos todas con dolores de estómago, nos hemos cargado la flora intestinal, yo tengo una piedra en el riñón, tengo una compañera con líquido en el pulmón». Además de enfrentarse al machismo, las feministas de Ve-la luz se toparon con un rival con el que no contaban: «El Ayuntamiento nos trató fatal», sentencia. Hasta tres multas, asegura Vázquez, recibieron de la Policía Local. «Yo creo que era una forma de presionarnos», valora.

El motivo de las sanciones fue la instalación de estructuras para guarecerse del mal tiempo durante su protesta. Y esa es precisamente otra asignatura que España tiene pendiente, según el informe de Amnistía: la libertad de expresión y reunión. En el caso de la protesta de Ve-la luz, «la Policía venía cada dos por tres a llamar la atención, todo era un Cristo».

—¿Consideran vulnerados sus derechos humanos en ese aspecto?

—Podemos decir que sí —concede.

—¿Alguna vez se llegará al machismo cero?

—Nosotros no lo veremos —responde sin titubear.

Torturas y maltrato policial

Con todo, lo que no sufrieron fue la violencia policial, otra de las preocupaciones de Amnistía: «Se denunciaron nuevos casos de tortura y otros malos tratos, uso excesivo de la fuerza y expulsión colectiva por parte de agentes de policía contra personas, entre ellas las que intentaban entrar irregularmente en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla desde Marruecos«.

La de estos últimos es una situación que preocupa especialmente a la ONG. Y también a la Red Acoge, una federación de 18 organizaciones que busca «promover los derechos de las personas inmigrantes y refugiadas en España», según su página web.

Durante el primer semestre de 2016, último periodo del que el Instituto Nacional de Estadística dispone de datos, España registró 186.059 inmigrantes. Pero esa cifra solo hace referencia a los que residen el país de manera legal. Y para llegar a esa situación han tenido que sortear diferentes obstáculos.

«El primero es la forma de la llegada, que es muy dificultosa: es un periplo de mucho tiempo y muy peligroso«, alerta Inés Díez, abogada de la Red Acoge. «Y además no pueden regularizar su situación». Para hacerlo, a no ser que se casen con españoles, «deben acreditar que llevan tres años en España y tener una oferta de empleo». Pero es difícil que un empresario le haga una oferta de empleo a un inmigrante sin papeles, admite Díez: «Es un círculo vicioso».

¿Y qué hacen durante esos tres años? «Sobrevivir, son gente que vende en el top manta o que trabaja en el campo», expone la abogada. La letrada considera que los españoles deben esforzarse en «conocerlos, porque hay un fuerte rechazo, y no discriminarlos por tener un perfil étnico distinto al de España».

El rechazo lo encuentran incluso desde las propias instituciones, que les niegan la asistencia sanitaria. Desde la entrada en vigor del decreto ley de 2012 que restringía el acceso médico gratuito a los extranjeros, 748.835 inmigrantes han perdido su tarjeta sanitaria, según el informe de Amnistía. ¿Acudir a la Justicia es una opción? Inés Díez lo pone en duda: «Un contencioso-administrativo tiene muchas demoras. Podemos estar hablando de dos o tres años». Y sentencia: «Una justicia tan tardía, al final no es justicia».