Impuesto hipotecario: ¿de verdad pagan los bancos?

Lunes 12 de noviembre. Son las 08.30 horas de la mañana y las entidades bancarias abren sus puertas como cada día para, entre otras cosas, proceder a la firma de hipotecas, pero este no es un lunes cualquiera. Es el primer lunes después de que el Consejo de Ministros aprobara un real decreto ley dando la vuelta a la tortilla o, más bien, a los huevos revueltos en los que el Tribunal Supremo había convertido 48 horas antes los impuestos sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD), los famosos impuestos hipotecarios, tras rectificarse a sí mismo y votar a favor de que sean los clientes los que paguen este gravamen y no los bancos, como había fallado en octubre el mismo tribunal. Con el real decreto, que entró en vigor el sábado 10 de noviembre, “nunca más los españoles pagarán el impuesto de las hipotecas, pagará la banca”, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

¿Es eso cierto? ¿Pagarán, de verdad los bancos a partir de ahora? ¿Qué pasa con las hipotecas anteriores a la entrada en vigor del real decreto? ¿Pueden los bancos repercutir en los clientes las cantidades que ahora tienen que pagar? ¿En qué situación queda el Tribunal Supremo? ¿Cabe esperar un nuevo cambio normativo?

A continuación, algunas claves para desentrañar la madeja en la que se ha convertido el debate sobre el ya famoso impuesto hipotecario.

Origen

Salvo para los que tienen hipoteca, los Actos Jurídicos Documentados eran algo desconocido. Se trata de uno de los impuestos que hay que pagar al comprar una vivienda, que se abona sobre la escritura notarial para formalizar la hipoteca.

Un impuesto regulado por el real decreto legislativo de 24 de septiembre de 1993, por el que se aprobó el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, publicado en el BOE el 20 de octubre de ese año. Una decisión adoptada por el Gobierno socialista de Felipe González que había revalidado su victoria en las elecciones en junio.

La cuantía del impuesto depende de cada Comunidad Autónoma, que es quien se encarga de recaudarlo y supone entre el 0,5% y el 1,5% de la compraventa. Andalucía, Aragón, Comunidad Valencia, Castilla y León, Galicia y Región de Murcia son las que más gravan, con el 1,5%; les sigue Castilla-La Mancha, con un 1,25%, mientras que en el caso de Asturias, Baleares y Extremadura el impuesto es de un 1,2%. Las comunidades que aplican el 1% son Canarias, Cantabria y La Rioja; en Madrid, es del 0,75%, y por último, con un 0,50% están Navarra, País Vasco, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El impuesto sobre los Actos Jurídicos Documentados supone el 70% de los gastos de constitución de la hipoteca, y varía según las comunidades autónomas

Este impuesto llega a suponer hasta el 70% de los gastos de constitución de la hipoteca, de ahí que tenga tanta importancia el lío que se ha organizado y que estalló el 16 de octubre con una sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, cuando falló que es la entidad bancaria que presta el dinero para una hipoteca la que debe asumir el pago del polémico impuesto, modificando así la jurisprudencia existente hasta ese momento, según la cual, era el cliente quien debía pagar dicho gravamen.

El tribunal lo que hizo fue interpretar la ley sobre transmisiones y actos jurídicos documentados y su reglamento, dando la razón a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas Vaciamadrid, localidad situada a las afueras de la capital, que había recurrido el pago de dichos impuestos. Llevaba pleiteando más de ocho años para conseguir que “miles de trabajadoras y trabajadores a los que los bancos les obligan a que la hipoteca forme parte de las escrituras de su vivienda, ya no tengan que pagar esos actos jurídicos documentados”, explicaba el alcalde del Ayuntamiento de Rivas, Pedro del Cura, en octubre, tras el fallo favorable.

Los responsables de este municipio madrileño consideraban que era un impuesto “injusto” y por eso “lo peleamos en los tribunales”. “La Comunidad de Madrid se alineó con los bancos pero, al final, el Supremo nos ha dado la razón. Eso lo tienen que pagar los bancos y no lo tiene que pagar la gente”, añadía el alcalde, de Izquierda Unida. “Ahora, toda la población de va a poder beneficiar de esta medida porque un ayuntamiento decidió pelearlo hasta el final”.

El cliente tiene la razón

La noticia del fallo del Supremo en octubre era de gran transcendencia, no sólo porque estimaba que los bancos debían pagar este impuesto, sino porque abría la puerta a que miles de ciudadanos exigieran la devolución de los impuestos pagados indebidamente, lo que suponía un abono de millones de euros. ¿Quién debía abonar las cantidades, los bancos o los gobiernos autonómicos que habían recaudado el dinero del impuesto? En cuanto a la retroactividad, ¿había que remontarse a los últimos cuatro años o a los cinco últimos? Preguntas todas ella que aumentaron aún más el desconcierto creado.

Las primeras cifras que se barajaron por los expertos citados en los medios de comunicación hablaban de que las reclamaciones de los ciudadanos con hipoteca oscilarían entre los 2.500 y los 4.000 euros más los intereses. Es decir, que al fallo del tribunal implicaba desembolsar en torno a 5.000 millones de euros, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Una cantidad que, de tener que abonarse, pondría en riesgo la estabilidad del sistema financiero, si le tocaba pagar a los bancos, o el descalabro de las cuentas públicas si tuvieran que pagar las comunidades. Situaciones nada deseables, pero menos deseable aún había sido para los ciudadanos haber pagado de sus bolsillos un impuesto que el Supremo consideraba que no debía correr de su cuenta, aunque luego se desdijera. Lógico que quienes pagaron de más pidieran y pidan que se les devuelva lo que es suyo.

En medio del escándalo y la confusión creada, y dejando a un lado el espectáculo del Supremo, el Gobierno de Sánchez optó por un decisión salomónica: ha dado a los ciudadanos lo que considera de justicia, eximiéndoles de pagar el impuesto sobre los Actos Jurídicos Documentados, obligando a pagar este gravamen a las entidades bancarias, pero al mismo tiempo ha determinado que la medida no tenga carácter retroactivo. Es decir, que los ciudadanos se pueden beneficiar del real decreto ley a partir de su entrada en vigor el 10 de noviembre.

¿Qué pasa con los que contrataron una hipoteca antes de esa fecha? Tienen dos opciones, resignarse tras haber pagado los AJD o pleitear y recurrir a los tribunales. En la actualidad hay numerosas demandas colectivas para exigir que se devuelva a los ciudadanos el dinero del impuesto hipotecario que, según la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), seguirán su curso.

¿La banca siempre gana?

El real decreto ley del Gobierno supone un serio revés para las entidades bancarias, al menos sobre el papel, porque lo primero en lo que piensa el común de los mortales es que los bancos acabarán repercutiendo el gasto del impuesto sobre los clientes. Lo mismo debió de pensar el Gobierno cuando en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó el real decreto ley que volvía a poner en el tejado de los bancos el pago del polémico gravamen, anunció la creación de una Autoridad Independientes de Protección al Cliente Financiero para proteger al consumidor financiero.

Cuando el Supremo se enmendó a sí mismo 48 horas antes de que el Gobierno tomara cartas en el asunto, la Asociación Española de Banca (AEB) hizo público un comunicado conjunto con la Confederación de Cajas (Ceca) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) en el que expresaban su satisfacción. “La decisión adoptada por el Tribunal Supremo preserva la seguridad jurídica necesaria para el buen funcionamiento del mercado”, decía la nota.

Ahora, con el real decreto ya en vigor, y por mucho que el Gobierno apele a la responsabilidad de los bancos, muchos ciudadanos temen que éstos suban sus intereses sobre las hipotecas para compensar el pago de los impuestos. Es verdad, como apuntaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que tendrán que tener en cuenta la competencia del mercado, pero eso es fiarlo todo a que no habrá ningún acuerdo bajo cuerda para que todos a una, como Fuenteovejuna, suban más o menos en la misma proporción los intereses de las hipotecas.

No olvidemos que, de un modo u otro, la banca siempre gana. Y no sería descabellado pensar que, si no repercute el pago de este impuesto sobre las hipotecas lo hará sobre los clientes en general con más comisiones. Queda por ver el control que pueda ejercer la autoridad independiente anunciada por el Gobierno para evitar abusos sobre los usuarios.

El Gobierno, además, ha establecido que los bancos no podrán deducirse el pago de este impuesto.

El principal indicador de la Bolsa española, el Ibex 35, retrocedió un 0,76 % tras la apertura de la sesión el 9 de noviembre, desanimado por las caídas de los bancos tras conocerse la medida del Consejo de Ministros.

‘Supremo’ desprestigio

Sin duda, en todo esto, el que peor parado ha salido es el Tribunal Supremo. Si con su actuación esperaba que los ciudadanos aumentaran sus dudas sobre su solvencia e independencia, los magistrados lo han logrado con creces, y su presidente, Carlos Lesmes, que lo es también del Consejo General del Poder Judicial, el que más.

Primero pidió perdón por la “confusión” y el malestar creado entres la ciudadanía por la mala gestión del Supremo que, tras conocer la sentencia de octubre en la que se indicaba que los clientes no tenían que pagar los AJD, no se le ocurrió nada mejor que paralizar la sentencia y convocar una reunión de la Sala de lo Contencioso Administrativo para el 5 de noviembre. La convocatoria fue cosa del presidente de este tribunal Luis Díez-Picazo, el mismo que con su voto revocó el fallo de octubre restableciendo que fueran lo clientes los que asumieran el polémico impuesto. Algo que ocurrió tras dos días de intensas deliberaciones por parte de 28 magistrados y que concluyó con una votación con el resultado de sobra conocido, de 15 a 13 a favor de la banca.

Si ya era inusual que el Supremo se corrigiera a sí mismo, más inusual fue que Lesmes justificara el desaguisado asegurando que la decisión del pleno se había tomado “con libertad e independencia de criterio”, al tiempo que culpaba de lo ocurrido a la norma por su “falta de claridad” y animaba a los legisladores a modificar la ley hipotecaria. ¿Autocrítica? Ninguna.

Eso sí, a Lesmes le han llovido desde entonces todo tipo de críticas por parte de los partidos y de la propia judicatura que, en el caso de Jueces y Juezas para la Democracia, han pedido su dimisión. A Lesmes le queda un mes para dejar el cargo de presidente del Supremo y del CGPJ, pero se va de la peor manera que pueda irse uno, con un aluvión de críticas y dejando tras de sí la sombra de la sospecha sobre la independencia de la más alta instancia judicial del país.

¿Y ahora, qué?

Queda por ver si se ha escrito o no el último capítulo en torno a este importante asunto que afecta a una gran parte de la sociedad, directa o indirectamente. Partidos como Podemos, organizaciones de consumidores y sindicatos se felicitan por el real decreto ley del Gobierno pero consideran que es insuficiente. Todos coinciden en que la medida debe tener carácter retroactivo y debe abonarse a los usuarios lo que pagaron indebidamente en años anteriores.

Habrá que ver también hasta dónde llegarán algunas demandas, y asociaciones como Adicae creen que el asunto acabará en el tribunal de Estrasburgo.

Hay quien, como el Partido Popular, defiende cortar por lo sano, es decir, que se suprima este impuesto hipotecario.

Y está por ver también cómo quedará al final la normativa, una vez que el real decreto llegue al Congreso para ser convalidado, y si en el trámite de urgencia se introducirán modificaciones o no. Entre ellas, la situación en la que quedan las cajas rurales que, no aparecen mencionadas en el decreto ley.

Mientras, miles de personas han expresado ya en las calles en los últimos días su malestar contra el Supremo y los bancos, a los que acusan de connivencia en detrimento de los intereses generales de los ciudadanos.