La tarde del viernes 5 de octubre Fernando Albán, un concejal opositor venezolano, fue arrestado por agentes de la policía política Sebin en el aeropuerto de Maiquetía en Caracas, cuando llegaba en un vuelo procedente de Nueva York. Tres días después, ha muerto. El régimen de Nicolás Maduro dice que se ha suicidado, sus familiares y amigos sostienen que ha sido asesinado por la policía.
Albán, abogado de 56 años de edad y “profundamente religioso”, era dirigente nacional del partido Primero Justicia, uno de los cuatro más importantes de los que hacen oposición organizada al Gobierno chavista de Maduro.
Su detención se llevó a cabo sin orden judicial, sin cargos y sin que se cumplieran ninguno de los procesos normales en los sistemas judiciales modernos. Venía de visitar a su esposa y dos hijos que residen en Estados Unidos. Estuvo en paradero desconocido durante horas el fin de semana, por lo que Primero Justicia había denunciado el caso como “secuestro” y “desaparición forzada”.
Al principio había sido otro caso entre los centenares de presos políticos recluidos en cárceles venezolanas y juzgados por tribunales militares o civiles. Pero este lunes 8 de octubre por la tarde tomó un temido giro.
El episodio ha renovado el escrutinio internacional sobre el régimen de Maduro, cuestionado por decenas de gobiernos americanos y europeos por perseguir a los disidentes y mantener recluidos en condiciones degradantes a decenas de presos políticos y objetores de conciencia.
El Gobierno de España se ha sumado a quienes han pedido esclarecer el suceso de manera independiente, y ha llamado al embajador venezolano en Madrid para expresarle “su más profunda preocupación por el trágico fallecimiento, en circunstancias aún no esclarecidas, del concejal del partido Primero Justicia, Fernando Albán, mientras se encontraba bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en sus dependencias”.
Tarek William Saab, el fiscal general impuesto por una Asamblea Constituyente chavista que usurpa las funciones del Parlamento opositor, ha afirmado en una escueta declaración sin derecho a preguntas que Albán se había suicidado al lanzarse del décimo piso de una de las sedes principales del Sebin.
El prisionero había pedido permiso para ir al baño y aprovechó la ocasión para alcanzar una ventana y lanzarse al vacío, según la versión expresada por Tarek, un estrecho miembro del primer círculo del chavismo radical, militante del Partido Socialista de Venezuela, y sancionado por el Gobierno de Estados Unidos, que le atribuye ofensas continuas a la democracia y a los derechos humanos.
El ya cuestionado Maduro está bajo la lupa de varios gobiernos, que le exigen esclarecer lo que ha sido denunciado por líderes opositores como un asesinato, o en el mejor de los casos como una omisión en la vigilancia de un detenido en poder del Estado.
A los presos políticos los graban, nunca los dejan solos, mucho menos en este caso en el que lo señalaban como “testigo de un supuesto atentado”, ha dicho la activista de los derechos políticos Lilian Tintori, durante el velatorio de Albán, en el palacio legislativo, sede del Parlamento.
El resultado de la autopsia, revela “politraumatismo craneoencefálico severo, shock hipovolémico y politraumatismo toraco abdominal cerrado por caída de altura”, según una hoja del informe difundida en redes sociales por una de las abogadas de Albán, Chiarity Flores, quien ha agregado que habrá que investigar si esas han sido las verdaderas causas de la muerte.
El también abogado defensor, Joel García, ha señalado que la necropsia fue practicada “de manera expedita”. Estuvieron presentes cuatro fiscales del Ministerio Público, un organismo totalmente controlado por el Gobierno.
Albán iba a ser acusado por el régimen de participar en un complejo complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto, cuando estallaron unos drones ligeros a unos 80 metros de una tarima donde el mandatario encabezaba una parada militar. El episodio de los drones ha sido calificado por el Gobierno chavista como un “magnicidio en grado de frustración”, y por los opositores como una farsa para justificar un mayor autoritarismo.
El ministro del Interior, Néstor Reverol, a través de un mensaje en Twitter casi ha dado el caso por cerrado: “Se tuvo conocimiento del suicidio de Fernando Albán, quien se encontraba detenido en el Sebin desde el 5 Octubre por la investigación del magnicidio frustrado y estar involucrado en actos desestabilizadores dirigidos desde el exterior, de los cuales existen suficientes pruebas”, ha escrito.
1. Se tuvo conocimiento del suicidio de Fernando Alban,quien se encontraba detenido en el Sebin desde el 5 Octubre por la investigación del magnicidio frustrado y estar involucrado en actos desestabilizadores dirigidos desde el exterior,de los cuales,existen suficientes pruebas
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 8 de octubre de 2018
Pero los políticos, activistas y hasta la Iglesia rebaten la versión oficial: “Fernando ayer fue asesinado por el régimen de Nicolás Maduro. A nosotros no nos quedan dudas porque tenemos fuentes del Sebin que nos revelaron que llegó con vida a este cuerpo de seguridad”, ha denunciado el también concejal Jesús Armas, en declaraciones a los periodistas, difundidas por redes sociales. “Después de las torturas, de que se les fuera la mano con estas torturas, fue lanzado su cuerpo por las ventanas del edificio del Sebin de Plaza Venezuela”, ha afirmado.
Unos 40 civiles y militares están encarcelados tras los hechos de agosto y, según dijeron a The Objective fuentes vinculadas a algunos detenidos, desde el 13 de agosto el juzgado que lleva estos casos, el Tribunal primero con competencia de terrorismo, no ha llevado a cabo ninguna actuación. Ese tribunal ha sido habilitado exclusivamente para atender el supuesto magnicidio contra el heredero de Hugo Chávez, pero lleva 56 días paralizado, lo que no coincide con la importancia atribuida al caso por el propio Ejecutivo, según fuentes judiciales.
En los autos de este proceso a Albán se le iban a imputar cargos como “terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y homicidio en grado de frustración contra la figura de Maduro y del Alto Mando militar”, había dicho el abogado Joel García, pocas horas antes de la muerte de su cliente.
Cómo es que un preso político vinculado a supuestos delitos de tan alto peso puede ir libremente por los pasillos del piso 10 de la sede de la policía política, y llegar hasta un baño donde además hay una ventana abierta, se preguntan observadores. Por esto son numerosas las exigencias de una investigación independiente del caso. Pero parece haber más luces sobre las horas transcurridas entre el arresto y la muerte, que en los elementos aportados por la versión oficial.
En Venezuela no hay separación de poderes, ni existe la posibilidad de que forenses independientes puedan examinar el cadáver para emitir un informe diferente con peso legal que brinde otras hipótesis.
Hasta los médicos de guardia en los colapsados hospitales públicos del país son rutinariamente obligados por el Ejecutivo a escamotear las causas específicas de muertes de niños, adultos y ancianos, por lo que las verdaderas estadísticas de las víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas son desconocidas, en medio de una seria crisis humanitaria, confían fuentes hospitalarias a los periodistas.
Casi un día desaparecido
El domingo 7 de octubre el abogado García denunció que su cliente llevaba más de 20 horas desaparecido, pues no se sabía ni el lugar de reclusión ni nada sobre su estado físico ni de qué se le acusaba. Cuando García conoció que Albán estaba en la sede del Sebin dijo a los periodistas: “Pudimos hablar con él. Está satisfactoriamente bien. Un poco cansado por ser objeto de intensos interrogatorios, pero muy firme. Es inocente de los cargos que se le señalan. Es un chivo expiatorio, no sabe nada del 4 de agosto. No tiene nada que ver. Si lo tuviera, no llegaría a Venezuela por el aeropuerto de Maiquetía”.
Albán, un hombre descrito por sus allegados como de profundas raíces religiosas, de fortaleza espiritual y fuertes vínculos familiares, regresaba de visitar a sus familiares en Nueva York cuando fue apresado. Presidía la Comisión de Cultos de Libertador, la municipalidad más importante de las cinco que conforman Caracas.
Julio Borges, el líder del partido de Albán, hoy en el exilio por ser un perseguido de Maduro, dijo tras la detención que el concejal estaba siendo represaliado porque en Nueva York había participado hace pocos días en reuniones en la sede de la ONU sobre la situación de Venezuela. “Está expuesto a tratos crueles y sin que su familia y defensa puedan verlo”, sostuvo Borges durante las horas de la detención previas al fallecimiento.
Este martes 9, el homenaje al difunto incluyó oraciones y servicios religiosos en el Parlamento y en una capilla de la Universidad Central. La fe católica prohíbe expresamente estos oficios y enterrar en el camposanto a quienes han cometido suicidio. El cardenal Jorge Urosa dará la misa en el cementerio este miércoles antes de que sea sepultado.
