Cuando el control migratorio está por encima del derecho a la vida

Tan solo el 25% de los cuerpos de los migrantes fallecidos ahogados en el mar se recuperan, lo que significa que casi 800 ahogados en el mar no aparecen. El colectivo Caminando Fronteras ha presentado su último informe acerca de las políticas migratorias en la frontera occidental europea. La organización ha puesto de manifiesto las 1022 muertes verificadas desde enero de 2018 hasta abril de 2019 que se produjeron en 70 naufragios, mientras intentaban cruzar la frontera sur para entrar en España desde Marruecos. “Son más, pero estos son los que hemos podido contabilizar”, ha señalado Helena Maleno, activista defensora de Derechos Humanos y fundadora de Caminando Fronteras. El informe, que se divide en cuatro capítulos, analiza el hecho de que el control migratorio esté por encima del derecho a la vida.

La otrorización

Los «términos forzados» de los medios «asustan a los autóctonos», denuncia la organización, que considera que «se ha creado un concepto de migrante erróneo», por culpa del empleo de términos como avalancha, invasión, efecto llamada… Estos términos, destinados a crear miedo, fomentan las actitudes racistas. Desde Caminando Fronteras denuncian que «los medios de comunicación permiten, alimentan y legitiman este sistema. Hemos convertido a los náufragos, a los desaparecidos y a las personas en migrantes, en números. Asistimos a un proceso de deshumanización por el cual ya no hay personas, nunca hay nombres, solo cosas, bultos, cuerpos que flotan en el Mediterráneo. En este contexto se produce un fenómeno de otrorización, el migrante es el otro; que también pertenece a una nueva clase social: la clase migrante.

Según Oussama Chakkor, psicólogo social y miembro de Caminando Fronteras, los medios muestran al migrante como «alguien que nos va a hacer daño». Él, por su parte, no quiere pensar en los migrantes como víctimas, sino que los considera como héroes de la mitología griega, como Ulises en La Odisea. «Ellos lo han resistido todo; su lucha es continua, y nosotros podemos aprender de ellos«.

El miembro del colectivo y militante por la defensa de los Derechos Humanos Kosta Sampou, que no ha podido estar físicamente en la presentación, ha dejado un mensaje para todos: «Los migrantes son empujados a morir». Denuncia, como sus compañeros, que los derechos de los migrantes deben respetarse. «Toda persona pertenece a una familia. Todos los muertos tienen una familia. No son números». El militante por la defensa de los Derechos Humanos de los migrantes, ha señalado que «los políticos de hoy hacen morir a los migrantes». «Toda persona debe poder moverse libremente», ha concluido.

Hacemos morir y dejamos morir

Desde junio de 2018 hasta junio de 2019 está considerado el peor año de la migración en Marruecos, «año pesadilla», como señala Maleno, pues «se han vulnerado y violado sistemáticamente los derechos humanos. Asistimos a un proceso de deshumanización«, en el que el concepto de persona se ha sustituido por el de objeto.

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), un ente público en defensa del derecho a la vida que en los últimos meses se ha visto obligado a ser un ente de control migratorio, ha denunciado que no tiene medios a su disposición, a pesar de que España es un país referente mundial en cuestión de rescate de migrantes en el mar, «porque lo estamos destrozando», ha señalado Chakkor. «Se ha asentado un racismo institucional, porque hemos construido un discurso durante 30 años, en el que no vale lo mismo la vida de personas en un yate a la deriva que la de personas a bordo de una patera». Además, ha añadido que «los medios no se utilizan para defender sino para dejar morir«. Esta nueva política que se aplica en Salvamento Marítimo «va en contra de su ética y deontología profesional, y provoca muertes«. Lo que se pide desde la organización es que «el Estado español revierta esta situación y respete el trabajo de Salvamento marítimo», ha concluido Helena Maleno.

El informe incluye testimonios de organizaciones y de comunidades migrantes, pero también de familias y supervivientes. Entre ellos, el de un superviviente a un naufragio en el Mar de Alborán, el 4 de febrero de 2018: «Mi mujer y mis hijos iban en la zodiac. Me llamó una de las mujeres que está en un centro al que las han llevado. Dicen que vieron a mi mujer, que tal vez está en un hospital. Pero llamé a la Policía española, llamé a todos los hospitales. Llamé y llamé, luego solo quería saber dónde estaban los cuerpos, pero nadie dijo nada, no sabían. Al final pude hablar con otras dos mujeres. Me explicaron cómo murieron los tres, cómo mi mujer abrazaba a los niños para salvarles, pero no pudo ser. Hemos hecho el duelo, pero sin cuerpos. Nunca podré curar esa herida, nunca se cura», relata un familiar de las víctimas.

Más tarde, el 5 de noviembre, la escena se repetía: «Estábamos ahí y se hundía la zodiac. La mitad estaba en el agua. Era yo el que hablaba con vosotras. Tardaron en llegar, al final la Marina marroquí nos rescató, pero habíamos perdido a 31 personas. Después nos trasladaron a Nador. Guardé la calma para poder enviar la posición, pero la gente se iba al fondo, uno tras otro», cuenta un superviviente del naufragio.

Las limitaciones de la política migratoria marroquí

Los movimientos migratorios actuales están impuestos por muchas circunstancias: guerras, dictaduras o una economía deficiente son los principales motivos. Cuando este clima se convierte en un negocio surgen «comportamientos perversos: trata de personas, prostitución… el Estado aumenta esto con sus políticas, pues se desprotegen los derechos humanos«, ha señalado Chakkor. El sociopsicólogo también ha indicado que «la marina marroquí tiene medios muy limitados, ellos no pueden buscar pateras desde el mar». Ha denunciado que los radares de búsqueda y rescate de SASEMAR están «rotos desde hace meses, y ahora tienen que trabajar a ojo y así no pueden cumplir su principal función, que es rescatar a las personas, salvar vidas», lo cual ha provocado un aumento de las muertes. Desde la organización piden que «exista una voluntad política para evitar que esto suceda». En cuanto a la política migratoria, Chakkor denuncia que en Marruecos esta es inexistente, y que «no refleja la realidad del país», pues su política «está diseñada bajo la presión de la Unión Europea«.

«Bajo este clima apocalíptico», como define el psicólogo, «los servicios y derechos mínimos para los migrantes están anulados». Marruecos había iniciado una política de integración en 2013, pero la política de control migratorio impuesta desde Europa el verano de 2018 «ha destrozado todo tipo de esperanza para las personas». En los últimos meses se produce un esfuerzo en trasladar migrantes al sur, para «que no se les vea en el norte», constatando así «un apagón informativo«, ha dicho Chakkor.

Como ha indicado Maleno, «cuando un superviviente llega a las costas, lo primero que se le pregunta es quién es el patrón de la patera, no qué tal está, después de todo lo que habrá sufrido. Lo único que interesa es quién es el capitán, porque hay que meter en la cárcel a cualquiera para justificar el trabajo de las mafias, y eso tiene un nombre: racismo institucional», porque cuando llega la patera «se les niega una llamada a sus familiares«, incrementando la angustia durante, al menos, 72 horas más, tres días en los cuales los familiares no saben si su hija, hermano o madre siguen con vida. A los migrantes se les aplica una ley de extranjería en vez de un protocolo de ayuda a las víctimas, y desde la organización denuncian que «este racismo institucional se ha normalizado».

Desde la organización insisten en que la migración es un negocio: armas, sistemas de control… Marruecos recibe ayudas tanto de España como de la Unión Europea, pero Chakkor se cuestiona el destino de esos fondos. «Ese dinero sirve armar fronteras, para enriquecer a pocos y empobrecer a muchos«, ha denunciado. El dinero «no va destinado a defender el derecho a la vida, sino a custodiar las fronteras». Según las estadísticas, se ha multiplicado el número de naufragios en las costas españolas. Maleno, por su parte, ha señalado que «el Gobierno español hace lo mismo que Salvini en Italia, pero de manera maquillada».

La criminalización judicial contra Helena Maleno

Maleno, que en los últimos años se ha visto envuelta en una campaña de criminalización contra su labor, fue acusada en 2017 por la Justicia marroquí por «tráfico de inmigrantes y favorecimiento de la inmigración ilegal» por sus labores de servicio y rescate de los migrantes, por lo que llegó a enfrentarse a varios meses de cárcel e incluso a una pena de cadena perpetua.

La investigación, iniciada en 2012 por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional española, no contó con ningún tipo de control judicial. Además, la Audiencia Nacional archivó el caso por no existir delito pero, a pesar de todo, la documentación fue enviada a Marruecos. Esta situación fue denunciada públicamente, incluso por la entonces presidenta del Congreso Ana Pastor, quien en febrero de 2018 dijo de Maleno ser «una mujer extraordinaria» que dejó todo «por estar donde se necesita y para defender la vida y los derechos de las personas. Toda la sociedad española debemos estar contigo». Finalmente, en marzo de este año Marruecos archivó definitivamente la causa contra la activista.

Por todo ello, la organización calificó de «difícil» elaborar este informe, porque «la Justicia criminaliza la defensa del derecho a la vida». Emplean el término de necropolítica como reflexión para referirse a las políticas que el Gobierno español lleva a cabo en la actualidad. Vida en la necrofrontera es «un alegato a la valentía», precisamente por la crudeza de sus relatos.