Así falla España en la identificación y protección de las víctimas de trata de personas

En el mundo hay 2,4 millones de personas víctimas del tráfico de seres humanos. De ellas, en la Unión Europea el 77% son mujeres y niñas. En total, hay más de 40 millones de personas que viven bajo alguna forma de esclavitud moderna, de las cuales 4,8 millones son explotadas sexualmente, un 99% de ellas mujeres.

En España, las víctimas de trata comenzaron a tener derecho al asilo en el año 2016, así como los menores que están a su cargo. Sin embargo, se estima que solo una de cada 20 víctimas es identificada como tal, según datos de la organización Proyecto Esperanza. Esto es considerado por las organizaciones defensoras de los derechos humanos y dedicadas a ayudar a estas mujeres como el mayor fallo a la hora de protegerlas para evitar que sufran las represalias por haber huido de las manos de sus captores.

¿En qué falla la identificación de las víctimas de trata y explotación sexual? Hablamos con Estefanny Molina, abogada de la asociación Women’s Link, que lucha por la identificación y protección de las víctimas de trata, y nos explica cuáles son las principales carencias del sistema de identificación en España.

El enfoque criminal

El primer problema que encuentra Molina es “la falta de entendimiento de la trata como una violación de los derechos humanos”, pues considera que el Estado “prioriza el enfoque criminal en lugar de aplicar esta perspectiva”.

Este enfoque criminal hace que la Policía, que es la encargada de la identificación de estas personas, no haga preguntas en las entrevistas “con el enfoque de género con el que sí se podrían identificar situaciones que muestren indicios de que podría ser trata de personas”, explica Molina.

Lo mismo opinan otras organizaciones, como Proyecto Esperanza, que considera que es “esencial colocar la protección de todos los derechos humanos en el centro de todas las medidas adoptadas para prevenir y poner fin a la trata”.

Por esta razón, las organizaciones que trabajan con víctimas de estas redes reivindican “el entrenamiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad que están vinculados con la identificación de las víctimas, porque sin ese entrenamiento, muchas mujeres y muchas niñas no son identificadas y no pueden acceder a la protección a la que tienen derecho”.

Además, Molina considera que el simple hecho de que sea la Policía la única encargada de identificar a las víctimas demuestra que se utiliza un enfoque criminal y no de derechos humanos.

La obligación de denuncia

Otro gran obstáculo en la identificación de estas víctimas es que actualmente es necesario que colaboren con la investigación para que sean declaradas como tal. Por tanto, quedan fuera de la protección aquellas mujeres que, por miedo o por amenazas, rechazan declarar en contra de sus explotadores. “Básicamente lo que se está haciendo es condicionando a que esas mujeres colaboren con la investigación criminal para otorgarles la protección”, explica Molina.

Así, aunque la Policía vea indicios de que una mujer está siendo explotada sexualmente, si esta decide no denunciar a sus captores, no recibirá la protección que le corresponde. Para decidir si quiere colaborar o no, la Policía da a estas mujeres un periodo de reflexión de 90 días. Este tiempo está establecido para poder alejarse de los tratantes y tomar una decisión informada sobre la colaboración con las autoridades, explica Proyecto Esperanza.

Sin embargo, tomar distancia con los explotadores, que a menudo las retienen bajo coacción y amenazas, es complicado para muchas de ellas, por lo que las ONG denuncian la obligación de denunciar y afirman que “los instrumentos de derechos humanos dicen específicamente que la protección no tiene que estar condicionada a que la víctima o sobreviviente colabore o no”, explica la abogada de Women’s Link.

“Las organizaciones lo hemos venido denunciando por activa y por pasiva, no se identifican, cargan en ellas la obligación que tiene el Estado de identificarlas, la responsabilidad es de ellas de que asuman la protección al denunciar”, denuncia Molina.

La falta de una ley integral

Otra de las grandes reivindicaciones de las ONG y de los sindicatos es que se cree en España una ley integral que recoja todas las medidas en referencia a la trata de personas y que no pueda ser modificada con cada cambio de gobierno, como ocurre con las disposiciones y protocolos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

En la actualidad, las disposiciones y medidas que existen no son normativas, “lo cual tiene implicaciones legales, quiere decir que no son exigibles, o que se pueden cambiar a discreción del gobierno de turno”, explica Molina.

“Es muy urgente tener una ley integral que reúna todas las formas de trata, no solo las de explotación sexual, y se determinen en esa ley las medidas de protección las que tienen derecho las mujeres sobrevivientes y que se pueda exigir también el cumplimiento como normativa”, pide Molina.

Lo mismo opinan los sindicatos UGT y CCOO, que piden una ley que garantice la protección de las víctimas y que inciden en la necesidad de mejorar la formación y sensibilización de los agentes administrativos y sociales que participan en las labores de detección y persecución de la trata.

Una protección insuficiente

Una vez que una persona es identificada como víctima de trata de seres humanos, tiene derecho a una serie de protecciones y ayudas. Sin embargo, las ONG consideran que estas no son, en muchos casos, medidas suficientes para evitar que las víctimas vuelvan a caer en manos de las redes de trata.

En general, una vez que la víctima se encuentra en el periodo de restablecimiento y reflexión, tiene derecho a una atención inmediata, así como a solicitar la regulación de su estatus migratorio, lo que les abre la posibilidad de trabajar, explica la abogada de Women’s Link.

Sin embargo, “muchas veces la protección no es la suficiente por esa falta de entendimiento del fenómeno de la trata, insisto, desde el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género”, dice Molina, que considera que, si se entendiera este concepto, se evitarían muchas situaciones en las que, sobre todo las mujeres, vuelven a caer en manos de los explotadores de los que huyeron, ya sea en su país de origen o en España.

“Vemos en las noticias lo que está pasando con estas mujeres que si no pueden, por las dinámicas de explotación de las redes de trata, o no quieren denunciar por temor a las amenazas”, estas “sencillamente se quedan fuera del sistema de protección y muchas terminan encarceladas por delitos que la red les ha obligado a cometer, o en un centro de internamiento de extranjeros”, denuncia la abogada. Además, recuerda que en muchos casos, las víctimas son deportadas, “y obviamente una víctima de trata no puede ser nunca expulsada”.

Esto que narra Molina, las represalias contra aquellas mujeres que huyen, la obligación de cometer delitos, las deportaciones a los lugares de los que salieron con terror y la criminalización de las víctimas ocurren con muchas más personas de las que debería, porque “las víctimas que son detectadas en España son muchísimas más de lo que se están dando los periodos de reflexión”. Esto, que es de sobra conocido, es un claro indicador de que “algo está sucediendo”, de que algo se está haciendo mal con la identificación y protección de estas personas.