¿Qué datos puede pedir la Policía a las empresas sobre mí?

La nueva ley de seguridad nacional de Hong Kong, que fue aprobada el 30 de junio, ha generado polémica en todo el mundo por las acusaciones de numerosos activistas y organizaciones que aseguran que vulnera los derechos humanos de los ciudadanos. Debido a estas acusaciones, gigantes tecnológicos como Google, Facebook y Twitter han decidido paralizar las entregas de información a la Policía de Hong Kong hasta que analicen la ley.

Habitualmente la Policía puede pedir a las empresas, como a las redes sociales, información de sus usuarios si justifican la necesidad de obtenerla para resolver un crimen o prevenir un delito. Y esto no ocurre solo en lugares como Hong Kong, también es así en España, aunque en solo en algunas situaciones y bajo condiciones.

Para saber qué datos puede solicitar la Policía sobre nosotros a las empresas, en qué casos y bajo qué condiciones, hablamos con Leandro Núñez, socio del despacho de abogados de Audens y especializado en protección de datos y propiedad intelectual, que nos explica cuál es la situación actual.

¿Cuándo pueden pedir nuestros datos?

En España «nos estamos guiando por una ley vieja, por la LOPD del año 99, hasta que se decida el Parlamento a aprobar la norma nueva que tiene que sustituirla», explica Núñez. En 2016, la Unión Europea publicó una directiva sobre tratamientos de datos personales en el ámbito policial y en España se tenía que haber comenzado a aplicar, como tarde, en 2018, «pero no lo hemos hecho».

Lo que dice la ley de 1999 es que «la Policía puede recabar datos personales de las personas sin su consentimiento, pero únicamente en aquellos supuestos y en aquella cantidad o en aquel alcance que resulte necesario para prevenir un delito o para investigar una infracción», explica Núñez.

En este sentido, no es necesario ser parte del delito que se investiga para que soliciten tus datos. «La norma lo que dice es que tiene que ser o bien para prevenir un delito o para perseguir uno, no te dice que tengas que limitarte única y exclusivamente a la persona que cometió el delito», aclara el abogado. Por tanto, «si buscan testigos, por ejemplo, podría utilizarse en principio también para ese fin», aunque «esto puede cambiar en cualquier momento, porque estamos pendientes de transponer esa norma europea que es mucho más completa».

Para ello, habitualmente se envía un oficio a las empresas en el que se solicita la información y justifica por qué es necesaria. «Con eso, en estos momentos sería suficiente». Este documento es necesario actualmente debido a que la ley prohíbe dar información personal de los clientes, pues es secreta y confidencial, por lo que no se entrega sin una solicitud formal de la Policía.

¿Qué información pueden pedir?

En cuanto a los datos que la Policía puede solicitar en caso de estar investigando un delito o tratando de evitar que se cometa uno, Núñez explica que «pueden acceder a lo que necesiten, conforme a las normas españolas», pero todo debe estar justificado.

«En protección de datos hay un principio que se llama de minimización del dato, que quiere decir que solo pueden acceder al mínimo necesario para aquello que necesitan», señala el abogado. Sin embargo, es la propia Policía la que determina el alcance de la información que precisa para la investigación, por lo que la empresa no puede restringir el acceso a los datos. Así, pueden solicitar datos como movimientos bancarios o las compras realizadas, por ejemplo.

Sí que hay un límite, y aparece cuando hablamos de las telecomunicaciones. La ley de conservación de los datos de tráfico de comunicaciones está pensada para proteger los datos de localización o de llamadas enviadas y recibidas, por ejemplo. «Esa tiene una protección especial, porque afecta a un derecho fundamental que es el derecho al secreto de las comunicaciones», dice Núñez. Por eso, estos datos «solo pueden utilizarse para la investigación de delitos graves». Como ejemplo, explica que fue la ley utilizada en el caso de Diana Quer para localizar al asesino.

Para obtener datos de este tipo es necesaria una autorización judicial, no basta con el oficio que se envía en el resto de casos.

¿Qué pasa con las redes sociales?

Todas estas normas que explica Núñez funcionan cuando hablamos de empresas que se rigen por las leyes españolas. Si queremos saber qué datos puede pedir la Policía a compañías como Facebook, Google o Twitter, la cosa se complica un poco más, porque en la mayoría de ocasiones se rigen según las leyes de otros países.

«Es mucho más complicado para la Policía, porque en muchas ocasiones lo que hacen es decir que bueno, que ellos tienen las oficinas en Estados Unidos y que, por tanto, no responden a requerimientos de información enviados desde España», señala Núñez.

Eso a menudo «obliga a activar los distintos cauces de cooperación internacional para que la Policía española le pida a la de Estados Unidos, o a través de un juez», la información. «Es un poco caótico».

Sin embargo, la Policía admite que las empresas colaboran cada vez más, según afirma Núñez. «Cuando la propia empresa aprecia que es un tema grave, sí que colabora. El problema es cuando son temas más pequeños que a lo mejor la empresa no lo tiene tan claro, ahí es más difícil la investigación».

En este segundo caso, algunas grandes empresas buscan la manera de no dar sus datos. Es el caso de Facebook con WhatsApp, que suele argumentar que tiene sus datos cifrados y, por tanto, «se escudan en que el cifrado de extremo a extremo de la comunicación lo que hace es que ni ellos mismos puedan acceder a su contenido, entonces ahí es otro campo de batalla».