Bloqueos, oportunismo y ‘whatsapps’: por qué es importante la independencia del CGPJ

Este lunes ha comenzado el año judicial 2020-2021. Septiembre es un mes bisagra, entre el vitalismo y la apatía, entre el recuerdo de lo que se hizo y lo que debe hacerse ahora; y este septiembre atípico subrayará, a la fuerza, lo que es urgente hacer ahora. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano gubernativo del poder judicial en España,  lleva en funciones desde finales de 2018. El sistema de elección de sus miembros es un tema de disputa habitual porque  es el poder político el que los propone. Es decir, el presidente (que es a su vez el del Tribunal Supremo) y sus 20 vocales llevan trabajando casi dos años en funciones porque no se ha llegado a un acuerdo político para su renovación. Pablo Casado se reunió la semana pasada con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un encuentro que tenía de fondo un posible acuerdo para la renovación del organismo, que parecía plausible, y un tanteo relativamente destinado al fracaso sobre los Presupuestos. De momento, ni una ni otra.

Pedro Sánchez ha reconocido este lunes en una entrevista en TVE que durante todo el mes de agosto se negoció la renovación del CGPJ con el PP y el acuerdo estaba casi hecho, «al 99%». El País ha publicado que Casado aceptó renovar el Poder Judicial en un ‘whatsapp’ a Sánchez, pero finalmente se echó atrás. A la par, el PP ha hecho público un comunicado en el que enumera una serie de hechos ocurridos este verano para justificar la ruptura del acuerdo. Los motivos giran en torno a Unidas Podemos. El comunicado menciona el «ataque» del vicepresidente, Pablo Iglesias, a la Casa Real (tras la salida de Juan Carlos I a Emiratos Árabes) y la imputación del partido. «Pablo Casado transmitió al Gobierno (…) que no se podía acordar la renovación de las instituciones del Estado si Podemos tenía cualquier papel en ella», explica el documento. Es decir, el PP aporta razones políticas (las actuaciones de un adversario político que, por otra parte, está en el Gobierno) para justificar su negativa al acuerdo. Y, paralelamente a esta negativa por razones políticas, afirma que «siempre se guiará por el reforzamiento institucional del Estado y la despolitización del Poder Judicial».

Esta controversia coincide con el inicio del año judicial. En el acto de apertura del mismo, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha exhortado a los poderes públicos a renovar el organismo. Sintomáticamente, su discurso ha sido similar al que pronunció el año pasado. Concretamente, Lesmes ha calificado de «seria anomalía» el bloqueo para renovar el CGPJ.

«Lo peor es el deterioro institucional»

Esta situación de bloqueo (que no afecta sólo al CGPJ, sino que un tercio del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo también tienen que ser renovados) provoca parálisis. Según Jorge Fernández Vaquero, magistrado y portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (la segunda asociación más representativa entre los jueces y magistrados españoles, sin vínculos con ningún partido), en esta situación el CGPJ no puede acometer proyectos de calado. Por ejemplo, racionalizar el proceso de digitalización judicial, mejorar el diseño de carrera profesional o lograr una protección integral frente a los riesgos profesionales. «Con todo, lo peor es el deterioro institucional que generan los partidos políticos al supeditar la renovación de un órgano constitucional a sus intereses particulares», apunta Fernández Vaquero en una conversación con The Objective. Los miembros del CGPJ son propuestos por los parlamentarios. A su vez, en el Congreso se oye hablar de «deterioro institucional» con cierta frecuencia. Casi siempre cuando se está en la oposición o se acerca una campaña electoral.

Noviembre de 2018.  El segundo Gobierno de Mariano Rajoy ha caído hace pocos meses.
Bohemian Rhapsody es una de las películas más vistas en los cines, a los que se acude sin distancia de seguridad ni mascarilla. Rosalía acaba de publicar ‘El mal querer’. Vox aún no ha entrado en ningún parlamento, pero las elecciones andaluzas están en el horizonte. Un tipo intenta cometer un atentado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La Fiscalía acusa a los líderes del ‘procés’ catalán de un delito de rebelión y pide 25 años de prisión para Oriol Junqueras. Esta resolución trae cola: Sánchez anda buscando apoyos para unos Presupuestos en los que ERC y JxCat se empiezan a poner de perfil. Como tantas otras cosas, esos presupuestos no saldrán adelante.

Es un cuadro complejo. Hay más detalles. Manuel Marchena, hasta el momento presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, se postula como presidente del Consejo General del Poder Judicial. Puede que ‘postular’ sea un verbo inexacto: el PP y el PSOE están negociando su nombramiento. Pero hay un accidente y la designación se trunca. El portavoz del Senado en el PP, Ignacio Cosidó, escribe un mensaje a sus compañeros de partido (que posteriormente sale a la luz) en el que asegura que, con Marchena, el PP podrá «controlar desde detrás» la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

De la renuncia al bloqueo

Tras la filtración del mensaje, Marchena rechaza el puesto con elegancia y el acuerdo se rompe. Según Jorge Fernández Vaquero, su renuncia pública «era seguramente la única salida digna ante el escándalo creado. Creo que aquella decisión marca un camino que pueden seguir otros en el futuro». Asimismo, la AJFV considera una «irregularidad» que PP y PSOE negocien un nombramiento «que no les corresponde a ellos, ya que son los vocales del CGPJ quienes eligen a su presidente. Es una falta de respeto a nuestra Constitución y una perversión del sistema». La Constitución establece quién nombra a los 20 miembros del CGPJ: «12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas». El hecho de que sean necesarios tres quintos significa que el PSOE necesita al PP. En cuanto a los miembros del CGPJ, la Constitución establece una mandato cuya duración ya se ha sobrepasado. Su no renovación supone, por tanto, una anormalidad constitucional.

¿Por qué el PP rechaza ahora la renovación? ¿Pretende una reforma del sistema o se debe a alineamientos partidistas? La reforma del sistema de elección se ha propuesto en varias ocasiones, pero ni los gobiernos con mayoría absoluta lo han materializado. Así las cosas, Europa ha dado algún toque de atención a España al respecto. Un informe de evaluación de un organismo dependiente del Consejo de Europa (el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, GRECO) advirtió en 2019 de la supuesta politización de la judicatura española.

En su comunicado de despedida, Marchena puso el foco en el problema de fondo: «Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal». Tras su renuncia, el PP anunció que reclamaría la reforma del sistema de elección  y apeló al consenso parlamentario para poder llevarla a cabo. A pesar del mensaje vergonzante de Cosidó, el PSOE pidió al PP que no rompiera el pacto.

De qué hablamos cuando hablamos de independencia judicial

Bajo el punto de vista de la AJFV, «los partidos políticos han entrado en un proceso desbocado de colonización de las instituciones, también del CGPJ. Ya no se molestan ni siquiera en disimular. Tienen la esperanza de controlar el Poder Judicial a través de los nombramientos de vocales». Así las cosas, la última barrera de autonomía judicial estriba en las decisiones individuales de los propios magistrados: «La independencia judicial la defiende sobre todo y ante todo cada juez en el ejercicio de su tarea diaria», explica Fernández Vaquero.

El mundo ha cambiado desde noviembre de 2018. Una pandemia global ha sacudido la sociedad y la economía y ha quebrado en España miles de vidas y millones de empleos. En medio de la zozobra, un tropos habitual: una destitución. Cayetana Álvarez de Toledo fue destituida como portavoz del PP el 17 de agosto. En la comparecencia tras su destitución, delante de los vigilantes leones del Congreso, Álvarez de Toledo enumeró las discrepancias con Casado que habían llevado a su cese. En ese inventario mencionó que el líder del PP le había expresado su voluntad de pactar las renovaciones institucionales, a las que ella se oponía, puesto que consideraba que el CGPJ debía ser elegido por la propia Judicatura.

Al fin y al cabo, como ella misma ha reconocido, Cayetana ha llegado a votar a Ciudadanos, un partido que se declara auténticamente liberal. Es posible que la definición de lo liberal sea una quimera, pero sí es cierto que, en al menos en la teoría, pone el énfasis en la separación de poderes y el respeto a la Justica. Preguntado por este asunto, el portavoz nacional de la AJFV considera que «aparentemente, Ciudadanos es el único partido que ha interiorizado como una necesidad perentoria la reforma del sistema de nombramiento de los vocales judiciales del CGPJ. El hecho de que se hayan negado a participar en el mercadeo de vocalías que están protagonizando PP y PSOE refuerza esa conclusión».

Matar a Montesquieu

Otro flashback. 1985, chaquetas de pana, en la radio suenan Miguel Bosé y Alaska + Dinarama y entre las películas más taquilleras figura Regreso al futuro. El PSOE pretende renovar la judicatura, en la que la semilla franquista es aún fuerte. A través de la aprobación de la Ley Orgánica 6/1985 queda fijado el actual sistema de nombramiento de los miembros del CGPJ. Se le atribuye a Alfonso Guerra, entonces vicepresidente del Gobierno, una frase lapidaria que vendría a reflejar no la separación, sino la estrecha conexión del poder judicial con el político: «Montesquieu ha muerto».

Con su negativa, el PP parece mantener su exigencia de volver al sistema de elección anterior a 1985. En estos momentos, el PSOE no parece querer avanzar en ese sentido, a pesar de que en campaña ha recurrido varias veces a la «despolitización de la justicia».

Hay que despolitizar el CGPJ. Que los partidos dejen de proponer candidatos. @sanchezcastejon #PedroSánchezAR

— PSOE (@PSOE) December 11, 2014

Esta hipotética intención de Sánchez de despolitizar la Justicia choca con la elección de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, que el Partido Popular criticó duramente. Según la AJFV, este nombramiento «contribuye a reforzar la imagen de falta de separación de poderes y transmite el mensaje, muy dañino y erróneo, de que el Gobierno controla el Ministerio Fiscal a su antojo».

Unidas Podemos también demanda la renovación del CGPJ. El líder de la formación, Pablo Iglesias, publicó el domingo un mensaje en Twitter en el  que opinaba que el bloqueo de Pablo Casado en el CGPJ «con el fin de usar los tribunales para hacer oposición, tal y como reconoce el PP abiertamente, es una burla indecente a la Constitución y a la democracia».

Sin embargo, las relaciones de la judicatura con Unidas Podemos tampoco han sido amistosas en las últimas semanas. La formación ha sugerido que existe un ánimo partidista en algunas investigaciones que se han puesto en marcha y que les afectan directamente: el caso Dina y el caso Calvente (el exabogado que reconoció que sus argumentos estaban basados en «rumorología»). La AJFV considera irresponsables estas afirmaciones y considera que cualquier declaración de un cargo público que transmita desconfianza en el sistema judicial o en la imparcialidad de los jueces «atenta contra la independencia judicial».

A modo de reacción, el CGPJ emitió un comunicado el 19 de agosto en el que señalaba que «la confianza de los ciudadanos en la independencia de jueces y magistrados es la mejor garantía para la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de todos».

A estas alturas, parece lógico que la confianza de los ciudadanos se erosione. Además, con los actuales niveles de polarización y con un Parlamento muy heterogéneo, la reforma del sistema parece lejana. En este escenario, los jueces reclaman que, al menos, se cumpla con lo establecido y se renueven los organismos. Al menos, acatar la Constitución.