¿Por qué Interior se está saltando las leyes con las repatriaciones de menores en Ceuta?

Los días 17 y 18 de mayo miles de personas entraron en Ceuta saltando la valla o a nado. Entre 8.000 y 10.000 personas lograron entrar en la ciudad autónoma y alrededor de 1.500 eran menores. La mayoría de estas personas fue devuelta a Marruecos en los días posteriores a esta entrada masiva, pero algunos, sobre todo los que aún no tienen la mayoría de edad, lograron quedarse en España.

Ahora, el Gobierno ha comenzado a repatriar a unos 800 menores y asegura que lo está haciendo con todas las garantías, pero se ha topado de frente con la justicia que, tras la demanda de varias organizaciones que defienden sus derechos, ha dictaminado que no se estaban cumpliendo los procesos establecidos por la ley.

Hablamos con la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, que nos explica los pasos que se deben seguir para que el proceso sea justo y garantice la seguridad de estos jóvenes.

¿En qué consiste ese proceso?

Para que la devolución de los niños a su país sea hecha con todas las garantías y con la certeza de que no se está poniendo en riesgo su seguridad, se debe realizar un proceso individualizado a cada uno de los menores, explica la presidenta de Fundación Raíces. «Hay que conocer las circunstancias personales de cada niño en su país de origen y hay que conocer las circunstancias personales en España», subraya.

Esto puede durar días o puede durar meses, «no hay un tiempo establecido», porque hay que estar seguro de que estás devolviendo al menor a un lugar donde esté protegido. «Hay que ver si se dan las condiciones para que el niño esté correctamente protegido en su país», dice Reyzábal.

Además, durante todo este proceso, los menores tienen derecho a asistencia letrada y a un intérprete, así como a que se escuche su voluntad. «Todo eso es lo que hace que el procedimiento se pueda hacer con garantías y se pueda evaluar realmente el interés superior de cada niño», explica Reyzábal.

Una de las claves está en si los jóvenes han sido consultados sobre su repatriación y si han tenido la oportunidad de oponerse a ella como contempla la Ley de Extranjería, algo que las ONG aseguran que no ha ocurrido. El artículo 35 de la Ley de Extranjería reconoce a los mayores de 16 años y menores de 18 su capacidad para actuar en el procedimiento de repatriación, así como a quienes tienen menos de 16 años si «tienen juicio suficiente». Si el menor muestra una voluntad contraria a quien ostenta su tutela, en este caso el Gobierno de Ceuta, se debe suspender el procedimiento hasta que se nombre un abogado que les represente.

¿Por qué está el Gobierno incumpliendo las leyes?

El Ministerio del Interior ha defendido ya en varias ocasiones la legalidad de este proceso de retorno. El ministro, Fernando Grande-Marlaska, insiste en que los responsables de protección del menor del Gobierno de Ceuta abrieron expedientes para analizar las circunstancias de cada uno desde la entrada a mitad de mayo. Tras examinar cada caso, asegura Marlaska, Ceuta reclamó la aplicación del acuerdo firmado con Marruecos en 2007 para devolver a estos a su país.

Sin embargo, las ONG que trabajan en el terreno ofreciendo ayuda de diferentes tipos a los afectados por esta repatriación aseguran que el proceso no está cumpliendo con las garantías previstas en la ley. ¿Por qué, si se han abierto los expedientes? «No se está garantizando la asistencia letrada ni que los niños puedan acceder a ella», afirma Reyzábal.

De los 800 niños y adolescentes que entran dentro de esta repatriación, actualmente solo 35 han podido pedir una designación de abogado, critica la presidenta de Fundación Raíces. «Nosotros lo que hemos hecho ha sido ofrecer asistencia letrada a los niños que nos designen, al final estamos un poco con otras organizaciones trabajando para que les hagan llegar los escritos de designación a los niños y que puedan designar abogados de la Fundación Raíces y de Coordinadora de Barrios, y ahora se han sumado dos abogados o tres más».

Por tanto, el criterio que ha determinado qué niños serán repatriados y cuáles no ha sido el perfil de vulnerabilidad establecido por los técnicos del dispositivo de acogida, según explicó el presidente de Ceuta, Juan Vivas. En ningún momento se ha tenido en cuenta la voluntad de los menores en un procedimiento judicial antes de devolverlos a su país.

Para esto, las autoridades se amparan en el convenio firmado con Marruecos que, según Vivas, «no establece la obligatoriedad de las entrevistas individuales». Sin embargo, el acuerdo contempla que la situación «debe gestionarse con el estricto respeto de la legislación nacional respectiva, de las normas y principios del derecho internacional».

¿Por qué se debe cumplir?

Más allá de lo obvio, que es que las leyes están para cumplirlas, el cumplimiento de este proceso es importante porque es el que determina los motivos por los que la persona huyó de su país y, por tanto, si es seguro mandarlo de vuelta.

«Si no se hace todo eso, ocurre lo que ocurre, que podemos estar mandando a niños que pueden ser víctimas de cualquier tipo de explotación en sus países, niños que pueden ser solicitantes de asilo, niñas que puedan ser víctimas de violencia sexual…», explica Reyzábal. «Si no se tienen en cuenta todas las garantías previstas en todo nuestro ordenamiento jurídico nacional e internacional, se corre el riesgo de que podamos estar expulsando a niños poniéndolos en peligro».