El abogado de la UE da la razón a los taxistas y podría obligar a Uber a trabajar con licencias
Maciej Szpunar, abogado general de la Unión Europea, ha interpretado este jueves que Uber es una compañía de transporte y que, por tanto, sus conductores deben disponer de licencias para trabajar en los veintisiete países de la Comunidad. La importancia de este hecho reside en que, en la gran mayoría de los casos, la opinión del abogado general suele coincidir con las sentencias dictaminadas por los tribunales europeos. Sin embargo, no se trata de una decisión vinculante y corresponde en último término al Tribunal de Luxemburgo estimar si Uber es únicamente una plataforma intermediaria o si confirma que es, en sí misma, una empresa de transporte.
Maciej Szpunar, abogado general de la Unión Europea, ha interpretado este jueves que Uber[contexto id=»383900″] es una compañía de transporte y que, por tanto, sus conductores deben disponer de licencias para trabajar en los veintisiete países de la Comunidad. La importancia de este hecho reside en que, en la gran mayoría de los casos, la opinión del abogado general suele coincidir con las sentencias dictaminadas por los tribunales europeos. Sin embargo, no se trata de una decisión vinculante y corresponde en último término al Tribunal de Luxemburgo estimar si Uber es únicamente una plataforma intermediaria o si confirma que es, en sí misma, una empresa de transporte.
Szpunar da la razón a los taxistas cuando confirma la segunda postura. Esta posición afecta profundamente a la compañía estadounidense, que no ha tardado en comunicar su malestar con la decisión. Uber ha defendido desde su fundación que su trabajo es intermediario y que, como tal, no tiene por qué someterse a las mismas restricciones que el sector tradicional del taxi.
Asimismo, Szpunar también ha argumentado que una muestra de esta actividad es que la marca no se limita a ofrecer «un servicio de vehículo compartido», sino que «los pasajeros deciden el destino y a los conductores se les abona un importe que excede ampliamente el mero reembolso de los gastos ocasionados». Esto confirmaría la finalidad lucrativa de la compañía.
Este proceso se inició en 2015 después de que un juzgado de Barcelona llevara la cuestión a instancias europeas al no saber cómo interpretar las leyes comunitarias tras llegar una demanda interpuesta por la Asociación Profesional Élite Taxi en 2014.