La Constituyente venezolana levanta la inmunidad a Guaidó y autoriza el juicio penal contra él
Nicolás Maduro acusa a Guaidó de usurpar sus funciones y de intentar un atentado contra él
La oficialista Asamblea Constituyente despojó este martes de su inmunidad al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela[contexto id=»381721″] por más de 50 países, y autorizó al máximo tribunal a enjuiciarlo penalmente por usurpación de funciones.
La Constituyente aprobó por unanimidad «autorizar la continuación del enjuiciamiento penal del diputado» Guaidó por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), anunció Diosdado Cabello, presidente del órgano que rige en Venezuela con poder absoluto.
Guaidó reaccionó a la decisión de la Constituyente asegurando que no le detendrá ninguna intimidación. «No va a ser la violencia, la intimidación la que nos detenga», dijo el líder opositor una hora después de que la ANC aprobara el exhorto del Tribunal Supremo de Justicia.
El TSJ abrió el pasado 29 de enero una investigación contra Guaidó por supuestamente usurpar las funciones del mandatario socialista, Nicolás Maduro, quien además lo acusa de planear un atentado contra él.
«A veces tarda la ley, pero en este caso va a llegar», advirtió Cabello, número dos del chavismo, al cerrar el debate en el Palacio Federal Legislativo.
Guaidó se proclamó presidente interino el pasado 23 de enero, después de que el Parlamento de mayoría opositora declarara a Maduro «usurpador» por haber iniciado un segundo mandato, el 10 de ese mes, consecuencia de unas elecciones «fraudulentas».
«Estamos actuando en base a la Constitución», subrayó Cabello.
La Carta Magna establece que el TSJ es la «única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional», la detención y continuar el enjuiciamiento de los parlamentarios.
Pero el máximo tribunal, acusado de servir a Maduro, declaró al Parlamento en desacato en 2016 y considera nulas todas sus decisiones, informa Afp.
Además, la Constituyente elegida en agosto de 2017 y desconocida por la oposición, rige como un órgano plenipotenciario al que deben supeditarse todas las demás instituciones del Estado. Y en la práctica asumió las funciones legislativas.
