El juez deja en libertad bajo fianza a los detenidos por pagar 10 millones de euros a Villarejo
La Fiscalía investiga el pago al excomisario para evitar la extradición del empresario Ángel Pérez-Maura a Guatemala, donde estaba acusado de fraude y cohecho
El juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional ha dejado en libertad bajo fianza a los cuatro empresarios y al abogado detenidos por el pago de 10 millones de euros al excomisario Villarejo para evitar la extradición del naviero Ángel Pérez-Maura a Guatemala, donde estaba acusado de fraude y cohecho.
El magistrado tomó declaración a los cinco detenidos desde primera hora de la mañana del viernes hasta la madrugada de este sábado. Ha impuesto la mayor de las fianzas al principal encausado en la trama y vicepresidente de la naviera Grup Maritim TCB, Ángel Pérez-Maura, con 750.000 euros. La de su hermano Álvaro y la del empresario Adrián de la Joya, imputado en el caso Lezo, se eleva hasta los 500.000 euros. Para el CEO de la naviera, Francisco Javier Soucheiron, y el abogado Enrique Maestre ha impuesto 200.000 euros.
García Castellón les imputa a los cinco detenidos delitos de cohecho, falsedad y encubrimiento. Además a Ángel Pérez y Soucheiron les imputa el delito de cohecho internacional. En la resolución, que fija un plazo de siete días para depositar las fianzas, el juez impone varias medidas como la prohibición de abandonar el territorio nacional, la retirada del pasaporte y comparecencias cada 15 días en el juzgado.
Los cinco fueron detenidos el pasado miércoles en el marco de la pieza Pit del caso Villarejo, en la que se investiga el pago de una comisión ilegal de 30 millones de dólares entre los años 2012 y 2015 al expresidente y a la exvicepresidenta de Guatemala, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, entre otros, para obtener contratos.
Con este soborno, según informó la Fiscalía Anticorrupción, pretendían que la mercantil Grup Maritim TCB, a través de su filial en Guatemala Terminal de Contenedores Quetzal S.A, obtuviera de forma ilícita del Gobierno guatemalteco la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal.
Estos hechos llevaron a las autoridades guatemaltecas a reclamar la entrega de Pérez Maura en abril de 2016, que finalmente fue denegada por la Audiencia Nacional en 2018.
En la pieza se investiga también la contratación por 10 millones de euros del entramado empresarial del excomisario José Villarejo por parte de la mercantil A Pérez y Cia S.L., relacionada con el naviero, para tratar de impedir la extradición. Con el pago a Villarejo Ángel Pérez-Maura pretendía, según la Fiscalía, obtener su impunidad en los procedimientos penales que pudieran incoarse contra él tanto en Guatemala como en España.
El Confidencial vinculó con este procedimiento de extradición al exjuez Baltasar Garzón y a la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, como posibles intermediarios. Ambos lo han negado y tanto Fiscalía de la Audiencia Nacional como la Fiscalía Anticorrupción, que investiga el caso Villarejo, han desvinculado a la ministra, entonces fiscal en la Audiencia, de este procedimiento de extradición.
Guatemala pidió la entrega de Pérez-Maura por los delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho, pero la Audiencia Nacional, cuando denegó su entrega por ser de nacionalidad española, afirmó que en España solo se le puede investigar por este último delito y abrió la puerta para poderle enjuiciar en territorio español.
La trama judicial de la Operación Tándem –que ya se conoce como caso Villarejo– se compone de una causa principal con nueve piezas separadas conocidas, la mayoría secretas.
