La UE investiga a Amazon por el uso de datos comerciales
La Comisión Europea quiere determinar si Amazon infringe las reglas europeas de competencia
La Comisión Europea ha anunciado este miércoles la apertura de una investigación sobre el uso de datos comerciales por parte de la compañía estadounidense Amazon en su plataforma Marketplace, para determinar si infringe las reglas europeas de competencia. Bruselas busca «determinar si el uso por parte de Amazon de datos sensibles procedentes de minoristas independientes», que pueden vender sus productos en Marketplace, donde Amazon también comercia los suyos, «viola las normas de competencia de la UE», ha indicado en un comunicado citado por AFP.
Amazon ejerce un «doble papel como plataforma», ya que por un lado vende sus productos en su sitio web como minorista y pone a disposición de vendedores independientes espacios en su Marketplace para que vendan sus productos a los consumidores, según el ejecutivo comunitario. Las primeras pesquisas de la Comisión han revelado que «Amazon utiliza información sensible desde el punto de vista de la competencia que afecta a los vendedores de Marketplace, sus productos y sus transacciones», por lo que han decidido abrir una investigación en profundidad.
La investigación se centrará ahora en estudiar el tipo de acuerdo cerrado entre la empresa de Estados Unidos y los vendedores minoristas, así como el papel de los datos de la selección de los ganadores de Buy Box, una sección esencial para los vendedores de Marketplace. «El comercio electrónico ha estimulado la competencia al por menor, ha ampliado la oferta y bajado los precios», ha asegurado la comisaria de la Competencia, Margrethe Vestager, asegurando que buscan impedir la desaparición de estos beneficios mediante prácticas anticompetitivas.
La empresa estadounidense se ha comprometido en un comunicado a cooperar «plenamente» con la Comisión Europea en la investigación y a seguir «trabajando duro para apoyar a las empresas en todos los tamaños y ayudarlas a crecer». Amazon ya fue objeto de una investigación del ejecutivo comunitario que en 2017 le urgió a devolver a Luxemburgo 250 millones de euros por ventajas fiscales indebidas.