El Gobierno recaudará 1.700 millones al año con la subida de las cotizaciones para pagar las pensiones
Este martes, el Gobierno trasladó a los agentes sociales una alternativa al ya derogado Factor de Sostenibilidad para reequilibrar el sistema de pensiones que se basa fundamentalmente en un alza de las cotizaciones de 0,5 puntos porcentuales a partir de 2023. Según expertos consultados por THE OBJECTIVE, la Seguridad Social ingresará con ella 1.700 millones adicionales al año durante una década, aproximadamente un 1% del gasto en pensiones, que el Proyecto de Presupuestos estima en 171.165 millones en 2022, un 4,8% más que este ejercicio.
Las cuentas de la Seguridad Social precisan de un reequilibrio extra debido a la proximidad de la jubilación de la generación del baby boom (los nacidos entre 1958 y 1977), especialmente numerosa -totalizó 14 millones de nacimientos- y cuyo retiro añade tensiones a las cuentas públicas, máxime en un contexto de mayor longevidad. El comienzo del retiro de esta cohorte de población puede añadir 5 millones de pensionistas hasta 2050 sobre el entorno de los 10 millones actuales.
En la reforma de 2013 se incluía un coeficiente, denominado Factor de Sostenibilidad (FS), llamado a atemperar el gasto en pensiones en función de la esperanza de vida. Este esquema no entró en vigor en 2019, como se contemplaba, se pospuso a 2023, y finalmente decayó al impulsar el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la primera fase de la reforma de las pensiones, actualmente en tramitación.
Escrivá se ha comprometido a arbitrar un Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que sustituya el esquema previsto en la reforma del PP y negocia ahora con patronal y sindicatos la base para implantarlo. El próximo lunes continúan las conversaciones.
El Gobierno basa ahora el grueso de su plan de reajuste en actuaciones por el lado de los ingresos, básicamente un alza de las cotizaciones de 0,5 puntos hasta 2032, que sirva para nutrir el ahora escuálido Fondo de Reserva, conocido como la hucha de las pensiones, un remanente previsto para cubrir desvíos del sistema y en el que actualmente quedan 2.138 millones de euros, cantidad muy lejana a su máximo de 66.000 millones, en 2011.
La cuantía restante en el fondo de reserva es insuficiente para pagar una nómina mensual de pensiones. Sin ir más lejos, en octubre el gasto en jubilaciones y otras pagas marcó el récord de 10.251,5 millones.
La medida propuesta por el Gobierno no es aislada, sino que irá acompañada de una monitorización del gasto y eventuales reajustes. Cada tres años, y a partir de 2024, se comparará la evolución de los desembolsos en pensiones con las proyecciones del Ageing Report de la Comisión Europea, uno de los catecismos que marcan la proyección de los sistemas de pensiones por países y su sostenibilidad.
El Gobierno pretende comparar la evolución de la factura de las pensiones con los umbrales proyectados por el citado informe de cara a 2050, descontando la aplicación hipotética del extinto FS, y disponer, si fuera necesario, de parte de los activos del Fondo de Reserva con un límite del 0,2% del PIB. Si este remanente se agotase, trasladaría al Pacto de Toledo propuestas para reducir el gasto en pensiones en el marco de sus recomendaciones o, ulteriormente, y si con ello no bastase, propondría en el seno de la Comisión un alza del tipo de cotización.
Este conjunto de posibles ajustes no podrá superar el 0,8% del PIB en 2050, según consta en el documento que el Gobierno ha trasladado a los agentes sociales y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
En la primera toma de contacto, la propuesta ha suscitado desconcierto entre los empresarios, que afrontan más costes laborales, y entre los sindicatos, que dudan de la suficiencia de los ingresos extra para afrontar el sobre coste en pensiones.
Por otro lado, no hay que olvidar que la reforma de las pensiones es una de las que tendrá en cuenta la UE para canalizar los fondos europeos, y desde Bruselas se viene lanzando a España el mensaje de que controle el gasto en pensiones y aborde medidas compensatorias, ya que se ha optado por revisar las pensiones futuras con el IPC medio del año anterior, algo que eleva la factura en mayor cuantía que con el sistema de actualización previsto en la reforma de 2013: el ya desaparecido índice de revalorización de las pensiones (IRP).
De hecho, según cálculos del Instituto Santalucía hechos públicos ayer, subir las pensiones con el IPC costará en 2022 unos 3.748 millones de euros, diez veces más que si aplicara el IRP, que limitaba la subida de las pensiones a un 0,25% en situaciones de déficit del sistema como la actual. Se refiere ahí el órgano del Grupo Santalucía a la subida ordinaria de las pagas, a la que se añadirá la compensación de febrero que regulariza lo elevado el año anterior con el dato definitivo de inflación de noviembre.
En este contexto, explica el economista Miguel Ángel Bernal a THE OBJECTIVE, los trabajadores han de replantear sus decisiones de ahorro a largo plazo. Pero la realidad demuestra que el patrón de ahorro de los españoles es resistente al cambio. Según el VII Barómetro del Ahorro del Observatorio Inverco, el grueso de los ciudadanos sigue usando los depósitos bancarios pese a su baja rentabilidad ante el escenario de tipos de interés muy bajos de los últimos años, según el VII Barómetro del Ahorro del Observatorio Inverco. De hecho, el 86% de los ahorradores tiene contratado un depósito frente al 54% que contratan planes de pensiones.
