Indígenas de Ecuador declaran a sus tierras como "seres vivos" para evitar su explotación

Indígenas amazónicos de Ecuador han declarado como «selva viviente» a su territorio con el propósito de que el Gobierno reconozca al bosque como un «ser vivo» con derechos para evitar la explotación minera y petrolera. Los nativos kichwas de la localidad de Sarayaku han lanzado esta propuesta en una ceremonia realizada en Quito con la que pretenden conservar de manera sostenible sus tierras y la relación material y espiritual que mantienen con la selva.

Los indígenas, vistiendo coloridos tocados de plumas, bailando al ritmo del tambor y bebiendo chicha (una bebida tradicional fermentada), han declarado 135.000 hectáreas de bosque como «kawsak sacha (en lengua kichwa), selva viviente, ser vivo y consciente sujeto de derechos«, tal como ha informado Miriam Cisneros, presidenta de la comunidad Sarayaku al leer la resolución. La dirigente ha agregado que el kawsak sacha «incluye a los seres del mundo animal, vegetal, mineral, espiritual y cósmico» que habitan la selva y que se relacionan con los seres humanos.

Ecuador reconoce en su Constitución que la naturaleza tiene derecho «a que se respete integralmente su existencia», pero el «Gobierno  y las industrias transnacionales no entienden lo que ello implica«, según Yaku Viteri, uno de los dirigentes de los nativos kichwas. «Queremos lograr que nuestro territorio esté seguro, que el Gobierno garantice nuestro territorio; al hacerlo garantiza nuestras vidas, nuestra forma de vivir, nuestra filosofía, nuestro sumak kawsaw (buen vivir)», ha remarcado Viteri.

«Planteamos una alternativa al modelo de desarrollo tradicional de la Amazonia y de los territorios de los pueblos indígenas como zona de extracción y explotación», ha expresado José Gualinga, otro líder de los kichwas. Este grupo ha pedido al Gobierno de Lenín Moreno, por medio de un documento leído ante unas 300 personas, buscar nuevas formas de protección y conservación de los territorios habitados por pueblos indígenas.

Los indígenas de Sarayaku libraron una batalla judicial con el Estado ecuatoriano después de que en 1996 el Gobierno autorizara a la Compañía General de Combustibles (CGC), de capital argentino, a explotar petróleo en su territorio sin consultarles previamente. La comunidad, que forzó a la empresa a desistir del proyecto en 2009, reclamó por el riesgo al que fue expuesta por los explosivos plantados durante la fallida actividad petrolera. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que obligó al Estado a disculparse con los sarayaku por violar sus derechos al autorizar, sin su consentimiento, actividades petroleras en sus territorios ancestrales. Como consecuencia, los indígenas recibieron una compensación de 1,2 millones de dólares, según autoridades ecuatorianas. Informa AFP.