Las nuevas normas deberán estar en vigor en 2023 y proporcionarán un mejor acceso de los datos a la Europol
Los representantes de las instituciones europeas cerraron este martes un acuerdo para actualizar el sistema de información de visados de la Unión Europea, utilizado por la policía y los agentes de frontera para registrar y controlar a las personas que piden un visado para entrar en el área Schengen.
«Con este acuerdo protegeremos mejor las fronteras exteriores, combatiremos el tráfico de menores y el terrorismo, reforzaremos la libre circulación en el área Schengen y contribuiremos a una política de retornos más eficiente», explicó el eurodiputado del Partido Popular Europeo Paulo Rangel, uno de los negociadores del PE.
Por su parte Doménec Ruiz, negociador del grupo socialdemócrata, dijo que las nuevas herramientas mejorarán el intercambio de datos y la información entre los sistemas de los países.
Los socialdemócratas subrayaron la dificultad de proteger los derechos fundamentales y garantizar que las reglas respeten plenamente la Carta de Derechos Fundamentales y las normas de protección de datos.
Las nuevas normas, que deberán estar en vigor en 2023, también proporcionarán un mejor acceso a los datos a Europol y a las autoridades policiales.
La base de datos conecta los sistemas en las fronteras exteriores con los consulados de los países y facilita a las autoridades información sobre los solicitante de visados de corta duración.
La nueva herramienta incluirá controles de seguridad obligatorios en todas las bases de datos de la UE para detectar solicitantes que utilicen múltiples identidades e identificar a cualquier persona que suponga un riesgo para la seguridad o sea un inmigrante irregular.
Por otra parte, los eurodiputados de la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara respaldaron dos propuestas legislativas para simplificar los procedimientos para obtener pruebas electrónicas entre autoridades de distintos Estados miembros. En particular, pidieron soluciones jurídicas para poder obtener esas pruebas.
Los diputados insistieron en que la UE debe lograr un equilibrio entre las necesidades de las autoridades judiciales y la protección de los derechos fundamentales.
