¿Policía europea o Gran Hermano? Bruselas da luz verde a ampliar las competencias de Europol
La Eurocámara ha autorizado dar más competencias y recursos a esta agencia, que a partir de ahora podrá recopilar información de cualquier persona
A pesar de ser una gran desconocida para la mayoría de los ciudadanos, la Agencia Europea de Cooperación Policial (Europol) se está convirtiendo en uno de los mejores ejemplos de integración comunitaria. Esta agencia, cuyo principal objetivo es facilitar la coordinación de las fuerzas de seguridad de los 27 países miembro de la UE en materias transnacionales como el terrorismo, el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero, cuenta con más de un millar de efectivos y participa en alrededor de 40.000 operaciones al año. Pero, a pesar de esto, su capacidad de actuación se encuentra bastante limitada, ya que se nutre exclusivamente de información aportada por los países.
Hasta ahora. Este miércoles, el pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde al acuerdo entre instituciones para la reforma que dará más competencias y recursos a Europol, con el objetivo de mejorar su apoyo a los Estados miembros y su capacidad para luchar contra el crimen organizado y el terrorismo en toda la Unión Europea. Los eurodiputados han adoptado así con 470 votos a favor, 118 en contra y 16 abstenciones el acuerdo alcanzado entre los Veintisiete y los negociadores de la Eurocámara el pasado febrero y que entrará en vigor una vez publicado en el Diario Oficial de la UE.
En concreto, la reforma permitirá a esta agencia solicitar datos sobre ciudadanos a empresas privadas, principalmente a operadoras y plataformas de internet, además de autorizar la investigación de cualquier persona de la UE, incluso si no ha cometido ningún delito.
Este punto es precisamente el que más preocupa a las asociaciones de protección de datos, por los potenciales perjuicios que pudiera suponer para la privacidad de los millones de habitantes de la UE. Y es que, aunque una persona no entre en alguna de las cinco categorías permitidas hasta ahora (presuntos autores de un delito, presuntos cómplices, personas previamente condenadas, testigos o víctimas), podrá ser investigado por Europol.
Dudas sobre los riegos de la reforma
En concreto, el acuerdo dará además mayor seguridad jurídica a Europol en su acceso y análisis del conocido com Big Data, ya que podrá recibir grandes cantidades de información directamente de empresas privadas (principalmente redes sociales y proveedores de internet) y cotejarla para identificar qué Estados miembros podrían abrir investigaciones contra delitos relacionados. De este modo, la agencia tendrá un plazo de 18 meses para el análisis preliminar de los datos recibidos de los Estados miembro para clasificarlos, con la posibilidad de prorrogarlos 18 meses más.
Aunque tanto la Comisión como la Eurocámara aseguran que la reforma incluye también salvaguardas estrictas para garantizar que se cumplen los derechos fundamentales, por ejemplo en materia de protección de datos, el propio Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS por sus siglas en inglés) se ha manifestado en contra de la fórmula encontrada para dar más poderes a Europol.
A principios de 2022, este regulador llegó a la conclusión de que era «desproporcionado» mantener de forma indefinida datos sensibles sobre personas de las que no se había podido demostrar vinculación con delitos, una práctica que ahora quedará totalmente legalizada a nivel europeo. Para el titular de la agencia, Wojciech Wiewiórowski, la norma permitirá el procesamiento de grandes bases de datos «sin proveer suficientes garantías para limitar su impacto sobre los afectados y sin que el EDPS pueda evaluarlo».
Combatientes extranjeros e iniciativa de investigación
En cualquier caso, la reforma de la normativa que permite actuar a Europol no solo se centra en el tratamiento de datos, sino que incluye una serie de disposiciones que en teoría permitirán ampliar la capacidad de respuesta de esta agencia policial europea. En concreto, Europol podrá a partir de ahora pedir a los Estados miembro introducir en el Sistema de Información Schengen (SIS) información recibida de países terceros sobre sospechosos o delincuentes, en especial de los llamados combatientes extranjeros, europeos que viajan a zonas radicalizadas con la intención de regresar a la UE para cometer atentados.
Gracias a este tipo de alertas, se facilitará que la información esté directamente disponible para los agentes en la frontera exterior de la UE y en la zona Schengen. Además, se ampliará su capacidad de cooperar con terceros países para incluir la posibilidad de intercambiar datos personales con aquellos en los que existan las garantías adecuadas y con la Fiscalía Europea, apoyando sus investigaciones a petición de esta última y notificándole cualquier conducta delictiva que sea de su competencia.
Por último, la norma permitirá que el director ejecutivo de Europol pueda proponer la apertura de una investigación nacional sobre delitos no transfronterizos que afecten a un interés común cubierto por la política europea, aunque corresponderá a las autoridades nacionales decidir si se cumple o no con esta solicitud.
