La Justicia de Perú formaliza el proceso contra Pedro Castillo por rebelión
El expresidente se enfrenta a 18 meses de prisión preventiva por el momento. La Justicia deberá dirimir si trató de dar un golpe de Estado
El presidente de Perú, Pedro Castillo. | Andina
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú ha aprobado este martes a última hora la formalización del proceso contra el expresidente del país Pedro Castillo por la supuesta comisión de un delito de rebelión.
La decisión, anunciada por el juez Juan Carlos Checkley en declaraciones recogidas por El Comercio, da por formalizada la investigación contra el exmandatario y su ex primer ministro Aníbal Torres, asumiendo así la competencia del caso, que hasta ahora estaba al mando de la Fiscalía General peruana.
Asimismo, con la oficialización del caso, el Ministerio Público puede solicitar la detención preventiva de Castillo, cuya detención preliminar termina este miércoles 14 de diciembre, cuando podría salir en libertad.
Castillo ante 18 meses de prisión
El Ministerio Público ha solicitado en la noche de este martes 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, quien cumple detención preliminar tras el anuncio de la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción el pasado 7 de diciembre.
El fiscal supremo Uriel Teran habría presentado el requerimiento contra el destituido expresidente, según ha informado la emisora peruana RPP.
Ahora el Poder Judicial tiene un plazo de 48 horas para programar una audiencia sobre esta petición realizada por la Fiscalía, todo ello como parte de la ya oficializada investigación contra Pedro Castillo.
La fiscal general del Estado, Patricia Benavides, ha acusado al expresidente de los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Mientras que a Torres se le atribuyen los supuestos delitos de rebelión y conspiración como coautor.
Pedro Castillo se encuentra detenido después de que el pasado 7 diciembre anunciara la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Su decreto, que no recabó ningún apoyo, terminó por llevar al Parlamento a apoyar una moción de censura en su contra y a la posterior detención por la Policía del país.
