María Corina Machado o por qué la oposición de Venezuela necesita a Estados Unidos
La dirigente se encuentra inhabilitada por el régimen de Nicolás Maduro y no puede ostentar un cargo por 15 años
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. | Zuma Press
La oposición de Venezuela ha elegido como candidata a María Corina Machado, una mujer que, si todo sigue igual, no podrá concurrir a las elecciones presidenciales del próximo año debido a una inhabilitación política que pesa sobre ella desde el pasado mes de junio. Esto no parece haber importado a los electores contrarios al actual Gobierno, que decidieron apostar por ella el pasado domingo tras prestarle su confianza con el 90% de los votos, una muy holgada victoria que despeja el camino del liderazgo en los rivales del chavismo pero que no resuelve el principal problema: la imposibilidad de vivir unas elecciones justas salvo que alguien medie para resolverlo.
El caso de Machado es bien conocido en la política de Venezuela. Ingeniera y profesora, llegó al Parlamento para ejercer como azote del régimen de Hugo Chávez, a quien en el mejor momento para la industria petrolera del país acusó de «ladrón» por haber expropiado empresas del sector privado. Este acto le granjeó una fama entre los detractores del Ejecutivo y el señalamiento constante por parte de los fieles al chavismo. El entonces mandatario restó peso a su palabra y le desafió a ganar las primarias para debatir contra él. Ahora, Chavez muerto y ascendido Maduro, Machado ha cumplido el desafío, aunque parece complicado que pueda enfrentarse cara a cara con el mandatario.
Machado ha sido acusada sin fundamentos por el régimen de diferentes delitos, entre ellos el de intento de magnicidio contra Hugo Chávez, lo que le valió la prohibición por parte de la Justicia nacional de abandonar el país en el año 2014. En ese mismo año, fue apartada de su puesto de diputada, acusada de estar realizando funciones incompatibles con esta condición como lo era ostentar el puesto de embajadora alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Esta acusación vino acompañada con otras sobre corrupción e irregularidades en su declaración de bienes (documento que entregan todos los parlamentarios) que nunca fueron probados y que la propia Machado justificó asegurando que no había podido registrar las bonificaciones del conocido como «cesta ticket» porque nunca los había recibido.
A pesar de esta primera inhabilitación -que consistía en un veto para ejercer cargos públicos durante 12 meses- Machado siguió como una de las referentes de una oposición que, si bien no siempre tuvo voz en las Cámaras, sí que trató de conseguirla en las calles de forma pacífica. Machado siempre fue fiel defensora del gobierno interino de Juan Guaidó y denunció en repetidas ocasiones los excesos de la dictadura ante los organismos internacionales, incluso apoyando las sanciones contra su país.
Esta es una de las causas de la segunda inhabilitación que llegaría en su contra, cuando el pasado 30 de junio un diputado chavista anunció que la Contraloría General de la República –departamento político equivalente en España sería el Tribunal de Cuentas– había decidido inhabilitar a Machado durante 15 años, golpeando sus opciones en la carrera presidencial.
Estas acusaciones contra Machado no llegaron en un momento cualquiera. La dirigente era la gran favorita de la oposición, quien había encontrado en su figura una lideresa carismática con un fuerte apoyo de la sociedad, que según los sondeos estaba a su lado e incluso la colocaba como una de las grandes favoritas para gobernar. A pesar de esta situación decidió seguir adelante con su candidatura hasta la campaña del pasado domingo que no ha tardado en ser atacada por los afines al régimen acusando este resultado a un fraude.
Una inhabilitación política
Para comprender el alcance de esta medida, THE OBJECTIVE ha contactado con Juan Carlos Gutiérrez, abogado, socio de Cremades & Calvo Sotelo y miembro de la barra de la Corte Penal Internacional, donde ha sido representante legal de varios políticos perseguidos por el chavismo, para comprender el alcance de esta media. Lo tilda de un acto «arbitrario y contrario a la legalidad internacional y a los derechos humanos» con el objetivo de atar de pies y manos a la oposición.
Recuerda que para que exista una inhabilitación política debe haber una condena judicial de por medio por parte de la Justicia, algo que no ha sucedido en el caso de Machado y que está registrado en la Constitución del país. Además, añade que puede considerarse un crimen de lesa humanidad previsto en el Estatuto de Roma que ya está siendo investigado -según confirma- por la Corte Penal Internacional, que celebrará una vista los próximos días 6 y 7 de noviembre
Machado nunca manejó fondos públicos como diputada y no se le puede imputar un delito de malversación. Esta no es la primera vez que la Contraloría trabaja en favor del régimen con el objetivo de reducir las opciones de la oposición acabando con los candidatos. Ya le ocurrió a Leopoldo López en el año 2008, cuando trató de presentarse como candidato a la Alcaldía de Caracas, capital del país, aupado por el fuerte apoyo que le otorgaban las encuestas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgó este caso y falló a favor del opositor asegurando que debía restituirse su derecho a concurrir a los comicios, pero el Estado de Venezuela aseguró que no acataría la sentencia.
Gutiérrez recuerda que este no es el único caso en el que se inhabilitó a un dirigente de forma irregular. Señala que Gustavo Petro, en su época como alcalde de Bogotá, fue sancionado por una institución similar, la Procuraduría, y se le vetó para acceder a cualquier cargo público durante los siguientes 15 años. El dirigente acudió a la CIDH y pidió amparo al considerar que las acusaciones carecían de base, medidas que fueron acatadas por el Estado y le restituyeron en el puesto, por lo que existen más casos favorables a los intereses de la candidata.
La oposición venezolana es consciente de que compite contra un gigante que es complejo de derrotar. El chavismo cuenta con el poder político, militar y judicial, lo que le permite dominar sin muchas complicaciones los procesos electorales y presionar a la oposición complicando sus posibilidades de construir una alternativa viable. En esta situación, son conscientes de la importancia de recibir apoyos internacionales tras varios años en los que los aliados naturales que habían cosechado han virado sus simpatías al Gobierno debido a la crisis energética que asola el mundo, tratando a Nicolás Maduro como un mal menor que suministra petróleo a buen precio.
Estados Unidos, clave
El pasado 18 de octubre Estados Unidos anunció que premiaba a Maduro por haber permitido la celebración de elecciones en 2024 levantando el embargo sobre el oro, el petróleo y el gas venezolano. Washington ha decidido que tomará parte del proceso para asegurar la celebración de unos comicios limpios, por lo que la duración de estas medidas será de seis meses con la posibilidad de renovarlo si se siguen dando pasos en la dirección adecuada, como la liberación de presos políticos estadounidenses y venezolanos.
La Unión Europea también está a la espera de tener un papel protagonista en los comicios. El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha planteado reconsiderar las sanciones comunitarias sobre el país latinoamericano como recompensa por la elección de Machado y la celebración de los comicios el próximo curso. Aunque tal y como ha desvelado THE OBJECTIVE no ha contado con el apoyo de todos los socios de la UE, la postura española parece firme. Lo cierto es que la oposición ha mostrado reticencias a este plan debido a que las sanciones de los Veintisiete afectan sobre todo al embargo de armas que podrían ser utilizadas por el Gobierno para reprimir a los protestantes. También tiene efectos sobre más de 50 dirigentes relacionados con el chavismo a los que se ha prohibido la entrada y las transacciones en el terreno comunitario.
Gutiérrez celebra la postura estadounidense, aunque apuesta por mantenerse escéptico fruto de anteriores experiencias y enfría las opciones de que Machado pueda concurrir a unos comicios en los que su popularidad pone en riesgo la pervivencia del Régimen. «Evidentemente todos los venezolanos deseamos vivir en democracia; el tema es hasta qué punto un sistema tiránico como el venezolano va a permitir actos de esta naturaleza», relata mientras recuerda que deben exigirse garantías para el cumplimiento para no vivir en un constante toma y daca que eternice la situación.
