La Justicia argentina rechaza el recurso del mayor sindicato contra la reforma de Milei

La Justicia argentina ha tumbado este miércoles el primer recurso que ha presentado la Confederación General del Trabajo (CGT), el principal sindicato del país, contra el amplio paquete de reformas que presentó el nuevo presidente, Javier Milei, porque todavía no está vigente.

Precisamente, esta mañana la CGT convocó a los argentinos a manifestarse frente al Palacio de Tribunales de Buenos Aires –sede de la Corte Suprema– para expresar su rechazo contra el plan de reformas de Milei, que contempla entre otras medidas el despido de más de 5.000 trabajadores públicos que cuentan con un contrato de menos de un año de antigüedad.

El juez esgrime que no cabe recurso ante las medidas porque estas todavía no están vigentes aunque aclara que rechazar el recurso no implica dar validez constitucional al paquete de reformas. «No encuentro que se den razones graves y objetivamente impostergables, que habiliten el dictado de una medida cautelar interina, considerando para ello que la norma todavía no entró en vigencia», ha afirmado el juez en su fallo, recogido por La Nación.

El denominado Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) elimina numerosas leyes y normas para desregular la economía, permitir la privatización de empresas públicas y una reforma laboral. «Hoy es un día histórico para nuestro país. Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia hoy empezamos formalmente el camino de la reconstrucción», aseguró el presidente argentino durante un discurso a la nación televisado.

El DNU contiene 366 artículos encaminados a «destrabar el andamiaje jurídico e institucional opresor» y en su primer artículo declara «la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025», según ha publicado la agencia de noticias Télam.

El «plan de estabilización de shock» modificará el marco regulatorio de la medicina prepaga y de obras sociales y eliminará algunas de las leyes que regulan su funcionamiento, al igual que pasará con el sector de la industria prepaga, las empresas farmacéuticas, el sector turístico, registro automotor, clubes de fútbol, ley de tierras, la modificación del código civil y comercial, y la sección total o parcial del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas.

Respecto a las empresas públicas, el mandatario ha anunciado la eliminación de la normativa que impide su privatización y las transformará en sociedades anónimas como paso previo a su venta; también se reformarán las leyes laborales para «facilitar el proceso de generación de empleo genuino».

Asimismo, el Gobierno promoverá «un sistema económico basado en decisiones libres» mediante la «desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional», razón por lo que ha dejado «sin efecto» cualquier restricción sobre la oferta de bienes y servicios y las normas que «distorsionen los precios de mercado, impidan la libre iniciativa privada o eviten la interacción espontánea de la oferta y de la demanda».