Sánchez se resiste a pagar los laudos mientras Meloni y Milei se preparan para cumplirlos

El último informe sobre Cumplimiento de Sentencias Internacionales saca los colores a España. Continúa siendo el país con más laudos pendientes de pago junto a Venezuela, pero las sentencias condenatorias firmes aumentan a 15. El monto adeudado se duplica desde el estudio publicado hace un año y alcanza ya los 1.300 millones de euros. El Gobierno de Pedro Sánchez rechaza pagarlos. Contrasta con las intenciones de Argentina, Italia y Ecuador, que han iniciado los trámites para abonar el dinero que les demandan las empresas afectadas, explican a THE OBJECTIVE fuentes del sector de las energías renovables.

España es el país con más casos abiertos relacionados con el Tratado de la Carta de la Energía, 51. Casi la mitad, 25, han sido resueltos de forma favorable para las empresas. El origen del conflicto se remonta a 2007, cuando José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un ambicioso programa de ayudas a las energías renovables. Seis años más tarde, Mariano Rajoy decidió retirarlas con carácter retroactivo y comenzaron a acumularse los litigios en el Ciadi, entidad vinculada al Banco Mundial que se encarga de dirimir disputas de inversión.

Sánchez cuenta con el beneplácito de la Comisión Europea para no pagar los laudos condenatorios. El Ejecutivo comunitario anunció en julio su intención de abandonar el Tratado sobre la Carta de la Energía, un acuerdo multilateral que ofrece seguridad jurídica a los inversores del sector energético. Un portavoz de las empresas afectadas explica que no se trata solo de la deuda, también de la imagen internacional de España. Un asunto que se refleja, asegura, en la caída de un 23% de la inversión extranjera este año en nuestro país.

Distanciarse de Sánchez

El Gobierno apela a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que data de septiembre de 2021. La resolución limita los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria al entender que las cláusulas de arbitrajes internacionales son incompatibles con el derecho de la UE. Una decisión que llevó a muchas empresas a llevar los casos ante tribunales ordinarios de Reino Unido y Australia, que han autorizado el embargo cautelar de activos españoles en esos países.

Un escenario que intentan eludir varios de los países que siguen sin satisfacer los laudos internacionales, que buscan distanciarse de Sánchez. Es el caso de Argentina, donde emisarios del nuevo presidente, Javier Milei, han mantenido distintas reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial para mostrar su predisposición a pagar las deudas derivadas de los impagos de distintos laudos, explican fuentes de las empresas perjudicadas.

Las obligaciones de Argentina ascienden a 537 millones, según el último informe publicado por Nikos Lavranos. No obstante, el fallo preliminar del caso YPF condena al país sudamericano a pagar otros 15.000 millones de euros. Una circunstancia que ha llevado al nuevo gobierno a mover ficha. Además de un acuerdo con los acreedores que esperan el pago de 537 millones, Milei ha iniciado un plan para privatizar la petrolera, lo que facilitaría la resolución de la deuda en caso de que la sentencia definitiva confirme el laudo original.

En septiembre, un juzgado del distrito de Manhattan, en Nueva York, condenó a Argentina a pagar 15.000 millones en concepto de daños y perjuicios por la renacionalización en 2012 de petrolera YPF, ahora estatal, pero entonces propiedad de Repsol. El país sudamericano deberá indemnizar con más de 11.000 millones al fondo Burford Capital, que adquirió el derecho a presentar las demandas en 2015. El resto lo percibirá Repsol y las sociedades de la familia argentina Eskenazi, perjudicada con la operación.

Un problema de reputación

Italia también ha mostrado voluntad de llegar a un acuerdo para abonar los dos laudos que tiene abiertos, por los que debe pagar 22 millones. «El Gobierno sabe que esto supone un problema en términos de reputación y que por esa cantidad no merece la pena sufrir las consecuencias de figurar como un país que incumple sus acuerdos», explican fuentes del sector. Según ha podido saber este diario, Giorgia Meloni ha entablado contactos con los acreedores y ha mostrado su predisposición a llegar a acuerdos que resuelvan los impagos.

Ecuador, que acumula dos laudos sin pagar, ya ha cerrado un acuerdo para zanjar el proceso Sinopec, por el que debe abonar 58 millones de euros. La cifra supone prácticamente la totalidad de la cantidad que adeuda. Una demanda arbitral obliga a indemnizar a la compañía estatal china por los impagos incumplidos entre 2016 y 2017. El pacto consiste en que el país sudamericano pagará 32 millones en 11 cuotas y ejecutará el resto mediante otras fórmulas (derechos financieros, nuevos contratos y pactos similares).

El conflicto se originó bajo el gobierno de Rafael Correa entre la empresa Petroamazonas (ahora fusionada con Petroecuador) y una subsidiaria de Sinopec. Ambas se disputaban pagos por el aumento de la producción de petróleo en los yacimientos petrolíferos de Indillana, Yanaquincha y Limoncocha. El Centro Iberoamericano de Arbitraje emitió un laudo en febrero del año pasado que condenó a Ecuador a pagar casi 60 millones de euros en concepto de indemnización.

En Europa son varios los países que han asumido en los últimos años numerosas indemnizaciones similares a las que ahora se reclaman al Gobierno de Sánchez. Polonia zanjó el expediente Achmea desembolsando casi 4.000 millones de euros; Alemania pagó 1.365 millones para saldar el caso Vattenfall y Rumanía abonó unos 200 por el caso Micula.