El Gobierno contrata a un despacho alemán para contrarrestar los laudos de las renovables

La retirada de primas a las renovables continúa siendo un quebradero de cabeza para el Gobierno. Las resoluciones de los tribunales de arbitraje han dado la razón a las empresas afectadas en una veintena de casos. El Estado debe abonarles más de 1.200 millones de euros, pero se resiste a hacerlo. En muchos casos echando mano de abogados externos. El Ministerio para la Transición Ecológica acaba de adjudicar un contrato por 160.000 euros a través de un procedimiento negociado sin publicidad a un prestigioso despacho alemán, Schilling, Zutt & Anschütz.

El problema tiene su origen en el plan de apoyo a la producción eléctrica procedente de fuentes renovables que puso en marcha el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Seis años más tarde, el Gobierno de Mariano Rajoy modificó ese régimen perjudicando a las empresas que habían comenzado a recibir las ayudas, ya que la normativa tenía carácter retroactivo.

Las compañías denunciaron que el nuevo escenario mermaba sus ingresos. Muchas de ellas demandaron a España ante el Ciadi, una institución dependiente del Banco Mundial que se encarga de dirimir los pleitos relativos a las inversiones internacionales. Se han resuelto una veintena de litigios a favor de las empresas. El Estado está obligado a indemnizarlas con más de 1.200 millones de euros, aunque la petición inicial superaba los 8.000 millones.

Gobierno

El Gobierno de Pedro Sánchez se niega a pagar esa deuda porque considera que las ayudas podrían ser contrarias al derecho de la UE. Para evitarlo ha puesto a trabajar a toda la artillería. No solo a la Abogacía de Estado, también a muchos profesionales externos. Las empresas afectadas por los impagos cifran en 70 millones de euros la cantidad que ha gastado España en abogados externos para contrarrestar los laudos de las renovables en la última década, aunque no existen cifras oficiales.

Las indemnizaciones millonarias podrían llegar hasta los 2.000 millones de euros. España está inmersa aún en otra veintena de laudos que continúan pendientes de resolución. Pero hay que ir paso a paso. El Gobierno ha recurrido al prestigioso despacho alemán de Schilling, Zutt & Anschütz para enfrentarse a uno de sus procesos. La formalización del contrato tuvo lugar en marzo, pero la Administración tuvo que rectificar la semana pasada la adjudicación para incluir el importe de los gastos asociados.

El objeto del contrato responde a la «prestación de servicios de asistencia jurídica especializada en el extranjero a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado dentro de la estrategia procesal de defensa y representación de los intereses del Reino de España ante los órganos jurisdiccionales alemanes consistente en el ejercicio de una acción declarativa cuya finalidad es la obtención de un pronunciamiento en el que se declare la improcedencia de WOC Photovoltaik Portfolio GmbH & KG», según estipula la documentación disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El contrato asciende a 160.000 euros, una cifra que supera notablemente la cantidad límite para contratos públicos sin publicidad. En este tipo de relaciones contractuales, la Administración invita al menos a tres empresas a que participen. Con la actual normativa ya no se realizan bajo la fórmula de negociado sin publicidad como anteriormente (con límite de cuantía de 200.000 euros para obras y 60.000 para el resto) sino que la Administración está obligada a publicar anuncios de licitación. 

Rectificación de la adjudicación

«La contratación no tiene nada extraño; cumple la normativa y está avalada por la Abogacía del Estado. El contrato marco asciende a 160.000 euros, que incluye la prestación de los servicios jurídicos por 60.000 euros y otros 100.000 para gastos resultantes de esta prestación, como los desplazamientos», reconocen desde el Ministerio para la Transición Ecológica.

Las mismas fuentes precisan que la rectificación de la adjudicación que publicó la Plataforma de Contratación del Sector Público el pasado lunes «responde a una indicación del Tribunal de Cuentas para que se refleje el importe de la adjudicación del servicio, no los gastos asociados».

Un experto en este tipo de contratos explica a este diario que no hay nada extraño en esta adjudicación ya que se trata de uno muy técnico y específico, por lo que se escapa de la reglamentación a través del procedimiento administrativo ordinario.

España está obligada a pagar las indemnizaciones resueltas por el Ciadi como firmante del Tratado sobre la Carta de la Energía. Como otros países, alega que el tratado choca con sus objetivos climáticos. La propia Comisión Europea ha mostrado públicamente su decisión de abandonar el tratado. Una intención que ya notificó a las empresas afectadas por la retirada de primas a las renovables.