Lo que está en juego en las cruciales elecciones en Venezuela

Dentro de seis semanas deben llevarse a cabo unas impredecibles elecciones presidenciales en Venezuela y el resultado podría iniciar el fin del chavismo como poder absoluto. 

O, por el contrario, ese resultado puede profundizar un modelo político autoritario que lleva 25 años y está hoy alineado con los principales rivales de la Unión Europea y de Estados Unidos.

En cualquier caso, estas elecciones tendrán fuerte impacto más allá de las fronteras de Venezuela y de países como Colombia, Estados Unidos, España, Perú y Brasil, que son los que hoy albergan la mayor cantidad de migrantes, refugiados y asilados que siguen escapando de la pavorosa crisis económica política y social traída por el socialismo chavista.

Esa crisis se ha agravado en los últimos años y para la vasta mayoría de los venezolanos (en torno al 80%) la única forma de superarla es que haya un cambio político, según todos los estudios de opinión.

Opacada por los sangrientos y más apremiantes conflictos que hoy sacuden al mundo, la cuestión de Venezuela ha pasado desde hace un tiempo al segundo plano de la geopolítica mundial. Hoy apenas despierta algún interés en ciertos medios de comunicación y en instituciones que forman el ecosistema diplomático, político y financiero global.

Es un hecho que la nación venezolana hoy está diseminada por el mundo: uno de cada cuatro venezolanos vive hoy fuera de su país. Y esta diáspora está lejos de detenerse.

Según todas las encuestas y foros de discusión, si en estas elecciones vuelve a imponerse el chavismo, otros miles de venezolanos están dispuestos a irse del país en busca de mejores destinos. Por eso el tema migratorio se ha convertido en reclamo de la campaña electoral de la oposición.

María Corina Machado, y su candidato interpuesto, el diplomático retirado Edmundo González, prometen que las familias venezolanas se reunificarán y que cientos de miles regresarán al país si derrotan al chavismo este 28 de julio. 

Mientras, gobiernos y entidades de la ONU y ONG siguen lidiando con una corriente de decenas de miles de venezolanos que ahora mismo  intentan cruzar puestos migratorios de aeropuertos y aduanas (como en Barajas); o tratan de llegar a pie a sus países de destino por medios y caminos peligrosos, como el tapón del Darién, en Panamá, o el río Bravo (Grande) entre México y Estados Unidos.

Esta semana el informe con datos de 2023 de la ACNUR  (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados) ratifica una vez más que la crisis migratoria que atraviesa Venezuela es una de las más serias del mundo, y de lejos la peor para cualquier país que no esté inmerso en una guerra civil o de agresión, o que no esté arrasado por un gran desastre natural.

El número de refugiados ha aumentado en el mundo en 7% en el último año, para sumar un acumulado de 43,4 millones de personas. De ellos, 6,4 millones provienen de Siria, 6,4 millones son de Afganistán, 6,2 millones salieron de Venezuela, 6,0 millones son palestinos y 6,0 millones salieron de Ucrania para escapar de la invasión rusa.

El caso de Venezuela es por demás digno de estudio porque es el único gran desastre provocado por equivocadas decisiones y políticas de Estado, a cargo de funcionarios incompetentes, civiles y militares, que han echado por la borda de la historia las potencialidades de uno de los países más ricos en recursos naturales del mundo, con profesionales preparados y un vasto y fértil territorio.

Venezuela, que en el siglo 20 fue faro para atraer inmigrantes de todo el mundo, especialmente del sur de Europa y la América del sur, es, desde la llegada de Chávez y después Maduro, uno de los países que más se deshace de sus nacionales, especialmente de personas en edad laboral más activa, y profesionales mejor preparados.  

Esas decisiones equivocadas en nombre de un supuesto socialismo del siglo 21, han determinado que solamente en los últimos 10 años el país viera perder el 80% del tamaño de su economía (que fue la cuarta más grande de la región, después de Brasil, México y Argentina y hoy le disputa a Haití el lugar entre los países más pobres de América, medidos por el ingreso per cápita).

Venezuela tiene además una de las cinco reservas de petróleo convencional más grandes del mundo, las sextas u octavas de gas natural, metales preciosos o minerales estratégicos como oro, cobre, coltán, hierro, bauxita, manganeso, níquel y enormes reservas de agua. Solamente en petróleo, es una potencia dormida que sueña con su pasado de gloria, de cuando era el cuarto o sexto mayor exportador de crudo del mundo. 

Hoy, con costos, produce solo 950.000 barriles por día (bpd, según la última cifra oficial) aunque tiene capacidad para llegar a superar los 2,4 millones en el mediano plazo, si lograra rescatar su quebrada industria, víctima de la corrupción, del populismo y clientelismo político, de pésimos manejos gerenciales y, más recientemente, agravada por sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea al chavismo por sus atentados contra la democracia y los Derechos Humanos.

Pero el país padece una grave crisis energética, con crónica escasez de gasolina, diésel y gas natural. Los racionamientos de electricidad y los cortes de agua corriente son diarios.

En las escuelas públicas los niños solo ven dos días de clases por semana; los hospitales públicos están quebrados y en ellos las personas mueren más a causa de la falta de atención médica que por las propias enfermedades.

También hay ciertas burbujas de consumo de bienes de lujo y suntuarios, en una economía dolarizada de liberalismo salvaje que se mueve con importaciones, y en la informalidad y la ilegalidad, donde se ha desguazado el tejido industrial, en la que casi no existe el crédito al consumo ni a la inversión privada, ni hay construcción inmobiliaria. 

En teoría, si estas elecciones son limpias, transparentes, con oportunidades para la oposición (que es la vasta mayoría del electorado) entonces no habría razones para mantener las sanciones internacionales contra el gobierno, la República y la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). 

Según el gobierno, la verdadera causa de esta crisis son las sanciones, pero en realidad éstas llegaron cuando ya la economía estaba colapsada, por lo que fueron solo una palada más sobre la tumba del fracasado modelo chavista de férreos controles.

Entonces, si las cosas se arreglan con unas elecciones libres, masivas inversiones en petróleo y gas en Venezuela ayudarían a elevar la oferta de estos combustibles fósiles en un mundo todavía sediento de energía y que necesita fuentes menos conflictivas que Rusia o el Oriente Medio.  También podrían surgir oportunidades de inversión para empresas nacionales y extranjeras en diversas áreas, desde el turismo, hasta la construcción, servicios y telecomunicaciones. 

Miles de acreedores podrían comenzar a intentar cobrar capital e  intereses de una deuda pública externa de entre 160.000 y 180.000 millones de dólares declarada en default (impagos) por el propio Maduro en 2017, y antes de que las propias sanciones impidieran un posterior refinanciamiento o renegociación de esos papeles.

Decenas de empresas también intentarían cobrar deuda comercial en forma de facturas no pagadas por empresas estatales como PDVSA; o deudas por compensaciones pendientes tras las confiscaciones masivas (mal llamadas expropiaciones) de empresas privadas nacionales y extranjeras, decretadas durante la más alta fiebre socialista y nacionalista en los tiempos del difunto Hugo Chávez.

El día D es el 28 de julio

Hay consenso entre académicos, politólogos, analistas y venezolanos comunes: unas elecciones libres equivaldrían a una aplastante derrota del chavismo y a su desalojo del poder.     

Por eso este proceso que cobra fuerza se ha convertido en un asunto existencial, tanto para el régimen como para la oposición, y contra todo pronóstico ha logrado movilizar a miles de desencantados opositores y -hasta muchos chavistas anti Maduro – en pueblos y ciudades.

Desde el exterior, de manera tímida ya comienzan a atraer el interés de adormecidos espectadores, de grandes y pequeños medios de comunicación y de influyentes actores del concierto mundial.

Hasta el poderoso Grupo de los Siete (G7) se ha interesado en el asunto y este viernes sus integrantes reunidos en Italia se expresaron «profundamente preocupados (…) con respecto a los derechos de la oposición dentro del proceso electoral y la decisión de retirar la invitación para una misión de observación electoral de la Unión Europea«, según reportan agencias de noticias.

La declaración de los presidentes del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) pide al gobierno de Nicolás Maduro garantizar «elecciones competitivas e inclusivas», y terminar con «el acoso a los miembros de la oposición y la liberación inmediata de todos los presos políticos».

Unas elecciones libres, democráticas, transparentes y competitivas son la formula obvia para superar un conflicto estacado que ha agravado la pobreza de millones de venezolanos.

«Lo que está en juego es la posibilidad de una transición democrática. Predecimos que si ese proceso no se da en esta elección, el gobierno, habiendo vivido el mal rato que ha vivido, posiblemente se va a cerrar muchísimo más y se va a autocratizar muchísimo más. Ese es el peligro que tenemos», resumía el politólogo Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la privada Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). 

Este es acaso el centro de estudios y debates políticos más activo de Venezuela, y sus programas suelen tener apoyo financiero de la Unión Europea.

Varios diplomáticos, activistas, analistas políticos y algunos periodistas discutieron el asunto esta semana, durante el foro «Perspectivas políticas y sociales de Venezuela», de cara a esta elección del 28 de julio.

Por estos días en Venezuela algunos de los más optimistas creen que ya se ha iniciado una transición; otros, más realistas, señalan que el gobierno no ha jugado todas sus cartas, y todavía puede optar por darle «una patada a la mesa» y hacer como el régimen dictatorial de Daniel Ortega, en Nicaragua: encarcelar a los candidatos con posibilidades de triunfo electoral.

Este viernes, el abogado Perkins Rocha, asesor legal del comando de campaña de Edmundo González y de María Corina Machado, advirtió: «sabemos que el 28 de julio tendremos una elección que no será un acto libre, ni justo. No es libre porque no podremos votar por la candidata que escogimos en primarias y porque casi 10 millones de venezolanos no podrán cumplir con su derecho al voto: unos están afuera y no pudieron formalizar su inscripción y otros a última hora han sido movidos y trasladados de su centro de votación». 

Además, el régimen chavista ya ha arreciado «la criminalización» de líderes políticos, especialmente del comando de la campaña opositora, y hay cuatro jefes de campaña presos, tres de ellos desde enero pasado; además de dos dirigentes nacionales del partido Vente, de Machado.

«Se han iniciado contra ellos juicios en los cuales ellos no pueden alegar su propia defensa…sobre lo que se les imputa. Se les ha sometido a desapariciones forzadas. En algunos casos, esas desapariciones llegaron a los 27 días», ha señalado Rocha. Esos detenidos se suman a más de 200 venezolanos pesos políticos, «recluidos sin derecho a la defensa». 

Otros cinco miembros del equipo de María Corina y Edmundo González permanecen asilados en la embajada argentina en Caracas desde hace tres meses, «mientras el régimen niega el debido salvoconducto que establece la ley», para salir del país.  «Es una lucha electoral en la que estamos absolutamente confiados de que vamos a ganar, porque estamos ya ganándola», dijo Rocha.

En busca de una transición a la democracia

Analistas políticos y testigos de la historia han señalado que el movimiento que encabeza María Corina Machado ha desencadenado una ola de apoyo emocional, con masivas movilizaciones de fervorosos seguidores que ven en esta candidata sentimental (está proscrita por el chavismo pese a haber ganado la elección primaria de la oposición en octubre pasado) una figura de unidad y de esperanza para derrotar al férreo régimen militar cívico que encabeza Maduro.

Encuestas de opinión presentadas en foros como el del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB encuentran una polarización entre Maduro y Edmundo González, o más bien entre Maduro y María Corina Machado a través de su candidato.

«Pareciera que María Corina puede transferir en su totalidad los votos» a su candidato y el gobierno ya no puede parar la situación, por lo que enfrenta el dilema entre dejarlo competir o sacarlo del camino antes del 28 de julio, ha señalado Alarcón.

El padrón electoral es de 21,4 millones de votantes, de los cuales solo 17 millones tienen permitido votar (además de las trabas para actualizar ese padrón, el gobierno cercena el derecho constitucional al sufragio que tienen los venezolanos en el exterior).

Con una abstención estimada en torno a 20%, se prevé que ese 28 de julio se cuenten 13,5 millones de votos. El techo del gobierno es de 4,1 millones. El candidato Edmundo González sacaría 7,0 millones «si se cumple la transferencia de votos» de María Corina, lo que supondría «una brecha muy grande» de tres millones de diferencia, ha estimado Alarcón, citando varios estudios.

La estrategia de la oposición apunta a que esa diferencia sea muy grande para conjurar las amenazas de trampas desde el chavismo, que ya usa groseramente todos los medios públicos de comunicación para promover la candidatura de Maduro, mientras esos medios silencian o censuran a los demás candidatos.

Vista la tendencia y las grandes manifestaciones contra el gobierno en las que se ha convertido la campaña de Machado y González (divulgada por redes sociales), el temor a un fraude cobra fuerza, por lo que la estrategia opositora incluye formar comandos y movilizar a las personas comunes para que ese día salgan a cuidar y defender su voto.

En este escenario, una transición hoy «no depende únicamente de la voluntad del gobierno», ha señalado Alarcón, un experto en el estudio de las transiciones democráticas desde gobiernos autoritarios, como las vividas por Chile, España, Suráfrica, Argentina y los países de Europa oriental.

«No toda transición ha sido por un acuerdo», dice al recordar que por ejemplo Pinochet no tenía ningún ánimo de entregar el poder en Chile, pero las condiciones se impusieron y fue obligado a negociar después del plebiscito que desembocó en elecciones democráticas.

«Pero si llegamos a la elección y se reconoce un resultado adverso (al gobierno) es porque hay fisuras en ese sistema», explica sobre el control que ejerce Maduro sobre el aparato militar, el judicial y el legislativo.

En ese caso, sería evidente que ese control no es tan sólido como se pensaba y en ese escenario la lógica dice que se va a entrar en un proceso de negociación, agrega Alarcón. 

En definitiva, la oposición pareciera estar hoy en su mejor momento político y electoral, mientras que -por lo contrario- el gobierno luce en su peor momento «con una brecha difícil de superar, a través de las prácticas tradicionales de fraude y sin deslegitimar el proceso de elección». 

«Un fraude electoral o una decisión que saque a la oposición de la elección podría originar una escalada importante del conflicto en las calles», dice Alarcón, quien prevé una «elección sorprendente» este 28 de julio con un contundente triunfo de la oposición y un dilema para el gobierno entre reconocer o no los resultados.

«El desenlace de la elección dependerá en buena medida de una combinación de presión internacional e interna para la defensa de la democracia a fin de subir los costos a un intento de mantenerse en el poder por la fuerza», ha resumido Alarcón. En esta película de suspenso que promete convertirse en una de acción, hay muchos actores secundarios y pocos principales. 

También hay miles de actores de reparto, como esos anónimos  venezolanos que se dicen dispuestos a subirse a esa ola migratoria que en palabras de Alarcón podría ser mayor a las de 2014, 2017 y 2019, en los peores años de una crisis que impacta a países fronterizos como Colombia y Brasil; y a otros más distantes, pero que han recibido grandes cantidades de migrantes venezolanos, como Estados Unidos, Perú y España.