Bruselas aprueba varias medidas para ayudar al vino europeo ante una «difícil» fase en el sector
La normativa, ratificada por el órgano ejecutivo de la UE, busca abordar los principales desafíos de la industria vitivinícola

VIñedos en suelos de albariza en Jerez de la Frontera. | Archivo
La Comisión Europea ha presentado este viernes un paquete de medidas para ayudar al sector europeo del vino en un contexto de incertidumbre para los productores de los Estados miembros. Este plan de acción impulsado por la Unión Europea llega en un momento «difícil» para el sector después de varios años en los que el mercado del vino se ha visto influenciado por distintas situaciones como la pandemia de la covid-19 o la bajada en el consumo de este producto en terceros países, según informan a THE OBJECTIVE funcionarios de la Comisión Europea.
Este plan de acción aprobado por la UE aborda los principales desafíos de la industria vitivinícola manifestados por los Estados miembros y las organizaciones profesionales del sector. Sin embargo, esta nueva normativa no responde a las recientes amenazas arancelarias de Donald Trump hacia este sector, según indican las fuentes ya citadas.
Este paquete, ratificado por la Comisión, incluye medidas que buscan adaptar la oferta a las posibilidades del mercado. Para ello, se han incorporado una serie de modificaciones en el sistema de autorizaciones de plantación de viñedo, que hasta este momento estaban sujetas a una serie de limitaciones. En este sentido, los Estados de la UE podrán limitar estas autorizaciones -a nivel regional- a nuevas plantaciones que estén localizadas en zonas que puedan estar en riesgo de exceso de oferta. Incluso, podrán no otorgar autorizaciones y congelar el potencial de cultivo en determinadas regiones, según informan fuentes cercanas a la Comisión Europea a las que ha tenido acceso este periódico.
Renuncia a las autorizaciones de replantación
Asimismo, en estos cambios en el sistema de autorizaciones se incluye también la renuncia de estas sin la necesidad de pagar ninguna sanción administrativa. Es decir, los agricultores que poseen autorizaciones de plantación o de replantación, con fecha anterior al uno de enero de 2025, podrán desistir de estas sin ningún tipo de coste. Además, este grupo de medidas introduce un nuevo plazo de validez de las nuevas autorizaciones de replantación. El periodo pasará de ser de tres años o seis -en el caso de ser la misma parcela- a ocho años. Esta nueva normativa referida a las autorizaciones tiene como objetivo «dejar en manos de los vinicultores el poder de decidir sobre sus inversiones en el futuro, teniendo en cuenta la inestabilidad del mercado del vino», según aseguran a este medio funcionarios de la Comisión.
Por otra parte, este plan de acción presentado por la UE también incluye medidas relacionadas con las posibilidades de los Estados miembros de intervenir en el mercado del vino. En ese sentido, los países de la UE que se encuentren en una situación difícil de mercado, y en regiones en las que esté justificado, podrán aplicar con pagos nacionales la cosecha en verde y retirar la producción antes de que el vino se produzca.
Consumo de vinos desalcoholizados
El cambio en el consumo de vino es otro de los puntos clave que aborda esta batería de medidas. En los últimos años, el mercado de esta bebida ha sufrido un creciente interés por parte de los consumidores de los productos de bajo contenido alcohólico. A raíz de este motivo, la nueva normativa aprobada ha modificado el etiquetado de este tipo de bebidas para hacerlas «más atractivas y familiares» para los consumidores, según apuntan las fuentes ya citadas.
En ese sentido, los vinos producidos por desalcoholización y con un contenido por debajo de medio grado alcohólico por volumen dejarán de tener la denominación de Vinos desalcoholizados para pasar a llamarse Vinos sin alcohol, con la especificación de 0,0% de alcohol. Por su parte, los vinos que se encuentren entre 0,5 grados de alcohol y un 30% menos del grado alcohólico mínimo de la categoría a la que pertenece recibirán el nombre de Bajo en alcohol.
Etiqueta electrónica
Del mismo modo que las etiquetas de vinos desalcoholizados, la nueva normativa aprobada por la Comisión incluye modificaciones en el etiquetado electrónico. Hasta el momento, la falta de precisión de la legislación base ha provocado que estas etiquetas se hayan aplicado de manera desigual en distintos Estados miembros. Por consiguiente, en este paquete de medidas se ha considerado necesario incluir una delegación de poder a la Comisión Europea para poder establecer normas con respecto a la identificación del código QR, según apuntan funcionarios de la Comisión. De manera que, a través de un pictograma, se podrá poner la información nutricional e ingredientes de los productos sin necesidad de utilizar ningún lenguaje escrito.
Otra de las medidas vinculadas a esta nueva normativa está relacionada con los vinos aromatizados. Este paquete introduce el enfoque de producir este tipo de vinos con bajo contenido de alcohol a partir de vinos previamente desalcoholizados. Asimismo, estas bebidas desalcoholizadas tendrán los mismos criterios de etiquetado para la venta que los ya mencionados anteriormente.
Finalmente, otro ajuste que incorpora este plan de acción de la UE está relacionado con la inversión en el sector vitivinícola. Según apuntan las fuentes ya citadas, las cooperativas tendrán a partir de ahora el mismo trato que cualquier pequeña o mediana empresa. Es decir, podrán acceder a la tasa máxima de ayudas para el apoyo a las inversiones y las innovaciones en el sector del vino. Por su parte, las tasas de apoyo vinculadas a la reducción de los efectos del cambio climático pasan del 50% al 80%. Ese gasto será financiado en un 80% con presupuesto comunitario y el resto quedará a cargo de los beneficiarios.
Este paquete de medidas adoptado este viernes por la Comisión Europea seguirá su proceso legislativo en el Consejo Europeo y en el Parlamento Europeo. Las fuentes ya citadas sostienen que el proceso legislativo será «rápido» debido a la urgencia del sector y a la denuncia por parte de los Estados miembros de esta situación.