Los países fronterizos con Rusia abandonan el Tratado de Ottawa y resucitan las minas letales

El Tratado de Ottawa, firmado en 1997 con el objetivo de erradicar el uso de minas antipersona en el mundo, está siendo desafiado por una tendencia preocupante en Europa del Este. Países fronterizos con Rusia —Polonia, Finlandia, Lituania, Letonia y Estonia— han decidido retirarse del acuerdo, a los que ahora se suma Ucrania, inmersa en guerra desde la invasión rusa de hace tres años. Este bloque de naciones, que juntos cuentan con más de 2.150 kilómetros de frontera con Rusia y Bielorrusia, prepara una nueva estrategia defensiva basada en la reintroducción masiva de minas terrestres. La OTAN, por su parte, respalda este cambio como parte de un plan más amplio de disuasión frente a Moscú.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció hace unos días que había firmado un decreto para formalizar la retirada del tratado. Antes que él, el Parlamento de Finlandia había aprobado su salida el 19 de junio, y el de Polonia lo hizo el 25. En marzo, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania ya habían emitido una declaración conjunta en la que recomendaban el abandono del Tratado de Ottawa porque «las amenazas militares a los Estados miembros de la OTAN que limitan con Rusia y Bielorrusia han aumentado significativamente», y querían lanzar un mensaje claro: «Nuestros países están preparados y pueden utilizar todas las medidas necesarias para defender nuestro territorio y nuestra libertad».

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, defendió la decisión con palabras contundentes: «Tenemos como país vecino a un Estado agresivo e imperialista llamado Rusia, que no es miembro del Tratado de Ottawa y que utiliza minas terrestres sin escrúpulos».

Las minas, recordaba el tratado, fueron responsables de cifras devastadoras. En 1997, aún quedaban enterradas 100 millones de minas antipersona sin detonar en 60 países, restos letales de guerras y conflictos. «Su propósito es mutilar o matar soldados, pero es la población civil la que más sufre». Antes de la entrada en vigor del tratado, las víctimas anuales se estimaban en unas 22.000 personas. Para 2016, esa cifra había descendido a menos de 1.000, una reducción de casi el 95 %. Pero desde entonces, la tendencia se ha invertido.

El informe anual Landmine Monitor reveló que en 2023 al menos 1.983 personas murieron y 3.663 resultaron heridas a causa de minas en todo el mundo. De ellas, el 84% eran civiles y el 37% niños. Myanmar fue el país con más víctimas, seguido por Siria, Afganistán y Ucrania. La presencia de minas también es elevada en Yemen y se han reportado casos generalizados en Sudán. En África, el uso de artefactos explosivos improvisados activados por la víctima afecta gravemente a varios países del Sahel, como Burkina Faso, Níger, Mali y Nigeria.

El presidente ucraniano ha justificado la retirada de su país en razones puramente estratégicas. Ucrania, explicó, es ya «el país más minado del mundo», y frente a un enemigo que posee un arsenal estimado en 26 millones de minas antipersona —la mayor reserva mundial, en manos del Kremlin—, la única forma de equilibrar el campo de batalla pasa por renunciar a la prohibición. «Las minas antipersona —declaró Zelenski— son a menudo el único instrumento insustituible para la defensa».

Estas decisiones suponen un giro radical con respecto a la política humanitaria posterior a la Guerra Fría. El Tratado de Ottawa, también conocido como Convención sobre la prohibición de minas antipersonas, prohíbe no solo el uso, sino también el desarrollo, la producción, el almacenamiento y la transferencia de este tipo de armamento. Hasta ahora, había sido ratificado por 160 países. Sin embargo, entre los grandes ausentes siempre estuvieron Estados Unidos, China, India, Israel y Rusia. El Kremlin no solo se ha negado a firmar, sino que ha hecho un uso sistemático de estos dispositivos durante su campaña militar en Ucrania, lo que ha sido denunciado por múltiples organizaciones internacionales.

¿Nuevo Telón de Acero?

La decisión de abandonar el tratado no ha surgido de forma aislada. En los tres años transcurridos desde el inicio de la guerra en Ucrania, los países bálticos y escandinavos han invertido con intensidad en sistemas de protección fronteriza como vallas, sensores y vigilancia por dron. El siguiente paso, indican, será la instalación de campos de minas. Algunos analistas hablan incluso de la construcción de un nuevo «Telón de Acero», esta vez no ideológica, sino física, con millones de minas como barrera disuasoria.

El cambio de actitud refleja una percepción distinta del contexto de seguridad global. «Prohibirlas pudo ser una causa noble para un Occidente dominante en los años seguros tras la Guerra Fría, pero ya no lo es». La realidad geopolítica actual, en la que Europa se rearma para frenar a Vladímir Putin, ha convertido en «inevitable» lo que antes resultaba «inconcebible».

Este endurecimiento de posturas responde también a evaluaciones compartidas por los servicios de inteligencia y defensa de la OTAN. La coordinación en la retirada del tratado obedece a un consenso entre gobiernos que ven probable una escalada rusa en los próximos tres a cinco años. En palabras de expertos militares, si Ucrania pierde su guerra, «Rusia podría verse envalentonada para actuar militarmente contra los Estados bálticos, Finlandia o incluso Polonia».

Avances enemigos

Para los estrategas, las minas antipersona permiten retrasar avances enemigos, canalizar tropas hacia zonas de destrucción controlada o proteger posiciones defensivas. Sin embargo, los defensores del tratado están consternados. Para Josephine Dresner, directora de políticas de la organización humanitaria Mines Advisory Group, se trata de «una noticia increíblemente decepcionante», especialmente teniendo en cuenta el enorme progreso logrado en las últimas tres décadas para prevenir el uso y la circulación de minas.

Dresner advierte de que este movimiento forma parte de una tendencia más amplia de erosión de las normas humanitarias internacionales. «Como sabemos, el conflicto y las tensiones geopolíticas también están escalando en otros lugares, incluida la terrible situación en Gaza», señaló. «En este contexto, es imposible no sentir que estamos retrocediendo, viendo cómo se amenaza el orden internacional basado en reglas, y especialmente los marcos que durante décadas han protegido a los civiles».

La también profesora confía en que los países que se han retirado del tratado se abstengan de usar minas y, aún más, de reintroducirlas en el comercio internacional o en la circulación comercial.

El dilema entre la seguridad y la ética vuelve así a estar sobre la mesa. ¿Puede justificarse el uso de minas en un contexto de amenaza existencial? ¿O se trata de una renuncia peligrosa a los avances humanitarios logrados en las últimas décadas? Las respuestas, como el terreno minado, son inciertas. Lo que sí parece claro es que Europa se está rearmando no solo con tanques o cazas, sino también con viejos instrumentos de destrucción silenciosa que nunca dejaron de matar. Y que el legado de Ottawa, pese a sus logros, se tambalea ante el retorno del miedo a las fronteras.