Crecen las críticas en el Partido Republicano a las políticas migratorias de Trump

Las críticas a las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump, están ganando fuerza dentro del propio Partido Republicano, con decenas de representantes, legisladores y senadores que han empezado a pronunciarse públicamente en contra de las medidas de la Casa Blanca a raíz de las muertes de manifestantes a manos de agentes en el estado de Minnesota.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, ha aplaudido la reciente decisión de Trump de enviar al estado de Minnesota al llamado «zar de las fronteras», Tom Homan, para controlar la crisis en el estado –una decisión que relega a un segundo plano al jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino– si bien ha instado a la Casa Blanca a definir mejor su estrategia migratoria ante la pérdida de credibilidad del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

«(Trump) está recibiendo malos consejos ahora mismo. ¿Cuál es el objetivo final? No creo que sea deportar a todos los ciudadanos no estadounidenses», señaló en una entrevista con la cadena CNN en la que argumentó que la mayoría de los ciudadanos quieren que el Gobierno aborde el tema de la inmigración, si bien «no les está gustando» lo que están viendo en las calles de Minneapolis.

En la misma línea se ha pronunciado uno de los mayores aliados de Trump, el gobernador de Texas Greg Abbott, quien ha afirmado que la Casa Blanca debería «replantearse» su postura para garantizar que la sociedad estadounidense recupere su confianza en el ICE.

Retirada de un candidato republicano en Minnesota

Los acontecimientos en el estado también han precipitado la retirada del abogado conservador Chris Madel de la carrera a gobernador de Minnesota, quien ha asegurado que la operación Metro Surge –iniciada en diciembre para detener a inmigrantes indocumentados y llevar a cabo deportaciones– ha ido «más allá» de atajar las «verdaderas amenazas a la seguridad pública».

«Los ciudadanos estadounidenses, en particular los de color, viven con miedo. Llevan documentos para demostrar su ciudadanía. Eso está mal», resaltó en un vídeo Madel, candidato a las primarias republicanas de cara a los comicios del 3 de noviembre, quien aunque no partía como favorito, anunció por sorpresa su salida.

La muerte del enfermero Alex Pretti, de 37 años, a manos de un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es el último ejemplo del exceso del uso de la fuerza y llega menos de tres semanas después de que también en Minnesota un agente del ICE disparara mortalmente a otra ciudadana estadounidense Renee Good. Ambos incidentes han provocado manifestaciones masivas en este estado contra su despliegue pero también en distintos puntos de Estados Unidos.

Dudas en el Congreso

El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, el republicano Rand Paul, ha solicitado a los directores de ICE, la Patrulla Fronteriza y de Aduanas (CBP) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) –Todd Lyons, Rodney Scott y Joseph Edlow, respectivamente– que comparezcan ante el Congreso.

La iniciativa ha sido apoyada por varios republicanos, entre ellos el senador por Utah John Curtis, quien ha expresado su desacuerdo en redes sociales con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, figura que se encuentra en la cuerda floja, y la que acusa de «socavar la confianza pública» al «apresurarse» a juzgar lo ocurrido «antes de que se conozcan todos los hechos».

Una medida similar a la planteada por el senador Rand Paul, de Kentucky, ha sido expuesta por el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Andrew Gabarino, quien ha pedido testificar a los tres altos funcionarios encargados de cuestiones migratorias de la Administración Trump.

Otros legisladores, como el senador por Indiana Todd Young o el expresidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes Michael McCaul se han sumado a la lista de republicanos que han planteado dudas sobre la actuación de los agentes, instando a que se lleven a cabo investigaciones «transparentes» sobre los tiroteos.

Por su parte, el senador por California, Thom Tillis, ha afirmado –en la misma línea de Curtis– que «cualquier funcionario de la Administración que se apresure a emitir un juicio e intente cerrar una investigación antes de que comience le está haciendo un flaco favor a la nación y al legado del presidente Trump».

Dentro del ala más moderada del Partido Republicano también se ha pronunciado Lisa Murkowski –senadora que votó a favor de la apertura de un juicio político o ‘impeachment’ contra Trump–, quien ha defendido que «portar un arma de fuego legalmente no justifica que agentes federales maten a un estadounidense», especialmente si «la víctima había sido desarmada» antes, en referencia al caso de Pretti.

De la misma forma, el senador por Luisiana Bill Cassidy, que igualmente apoyó el proceso de ‘impeachment’ contra el magnate neoyorquino, ha catalogado los sucesos en Minneapolis de «increíblemente inquietantes» y ha asegurado que «la credibilidad del ICE y el Departamento de Seguridad Nacional está en juego».

Otras voces más tímidas, como el presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, han apuntado que el presidente debería plantearse la retirada del ICE de Minnesota. «Si yo fuera Trump pensaría: ‘Bueno, si el alcalde (Jacob Frey) y el gobernador (Tim Walz) van a poner en peligro a nuestros agentes y existe la posibilidad de perder más vidas inocentes, entonces quizás deberían ir a otra ciudad'”, declaró en Fox News.

El senador republicano por Pensilvania, David McCormick, ha subrayado, de igual forma, que «la retórica irresponsable y la falta de cooperación de los políticos de Minnesota están agravando una situación peligrosa», si bien también se ha puesto del lado de los legisladores que han pedido una investigación sobre las muertes.