Estados Unidos se reserva el control sobre el oro de Venezuela

En la noche del viernes 27 de marzo, Estados Unidos levantó su bloqueo sobre la industria del oro en Venezuela. De paso, se aseguró el control futuro sobre lo que podría ser parte de los recursos más grandes del mundo de este metal estratégico. En Venezuela hay recursos minerales auríferos todavía por medir y certificar por un valor de al menos 290.000 millones de euros a precios actuales, según publicaciones especializadas.

La OFAC —Oficina de Control de Activos Extranjeros en inglés— del Departamento del Tesoro acaba de emitir una extensión a su licencia 51.ª, «autorizando ciertas actividades que involucren minerales de origen venezolano, incluyendo oro», y negocios con el Gobierno de Venezuela y la compañía Minerven, filial de la quebrada estatal Corporación Venezolana de Guayana. Este permiso incluye la exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, inventario, compra y entrega o transporte de estos minerales venezolanos por parte de una entidad estadounidense.

La licencia especifica que todo contrato sobre estas transacciones y la resolución de cualquier controversia deben estar regidos por las leyes de Estados Unidos. También, cualquier pago, excepto permisos, impuestos locales y tarifas, debe ser hecho al Fondo Gubernamental de Depósitos, creado por el Gobierno de Donald Trump el 9 de enero para encauzar los recursos que obtenga Venezuela por sus exportaciones de petróleo y otros minerales. El control sobre este dinero especifica que no están permitidos el intercambio de deudas ni los pagos con monedas digitales, ni ninguna operación con personas o empresas localizadas u organizadas bajo las leyes de la Federación Rusa, Irán, Corea del Norte, Cuba ni China.

Rusia y China eran los principales aliados extranjeros del chavismo para explotar ese oro, además de Turquía, donde se refina. También está prohibida por Estados Unidos la formación de nuevas empresas mixtas (con el Gobierno) en Venezuela para participar en estas actividades. Esta nueva licencia llega justo cuando el régimen chavista, encabezado por Delcy Rodríguez, con la tutoría del Gobierno de Donald Trump, impulsa en su Asamblea Nacional una nueva Ley de Minas que abre este sector estratégico a la plena participación privada nacional e internacional.

Como ocurrió con la reforma a la Ley de Hidrocarburos, el chavismo podría acabar con 30 años de huecos discursos nacionalistas, que privilegiaron dejar intocables esos recursos (o dejarlos principalmente en manos de la corrupción y la violencia criminal), en vez de destinarlos a financiar el desarrollo de este país, que figura entre los tres más pobres de América.

Gold Reserve busca un lugar en la fila

Los sucesivos Gobiernos de Estados Unidos han aplicado, principalmente desde 2017, una batería de sanciones financieras y embargos a negocios en Venezuela y al chavismo, en alegada represalia por las constantes violaciones a los derechos humanos, atentados contra la democracia, persecución de opositores, corrupción y hasta presunto tráfico de drogas.

Pero, desde el derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero por fuerzas militares de EEUU y la instalación en su lugar de la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez, Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han ido aliviando gradualmente estas sanciones. Esa estrategia es parte de un acuerdo negociado con quienes siguen detentando el poder en Venezuela, para que cambien ciertas leyes y permitan la participación privada en sectores antes reservados al Estado o a los propios chavistas y a sus aliados locales e internacionales.

Los críticos advierten que por esta vía no hay grandes avances en temas de derechos humanos, derechos políticos y mucho menos una ruta hacia elecciones libres en pos de una democracia. Así que, en esta luna de miel que ya lleva tres meses, Trump exige que la industria minera venezolana se abra al mundo occidental y no castigará financieramente a empresas con intereses en Estados Unidos que lleguen a aprovechar esta fiebre de presuntas inversiones en ciernes.

Por ahora, una de las que podría regresar es Gold Reserve, una empresa «principalmente estadounidense», registrada en Barbados, con acciones inscritas en bolsas de Canadá y EEUU, cuyos activos fueron confiscados por el difunto presidente Hugo Chávez sin pago de compensaciones, lo que le ha salido muy caro a Venezuela (en 2014 la empresa ganó una demanda por 800 millones de dólares contra Venezuela por esas confiscaciones).

En 2016 se buscó un arreglo a la controversia y crearon Siembra Minera, una sociedad mixta (55%/45%), para reactivar las minas de Las Claritas y Las Brisas, dos de las más importantes del mundo. Pero el Gobierno de Maduro no aportó su parte de la inversión, lo que desató nuevos reclamos de Gold Reserve y el proyecto se paralizó.

Hoy esas minas de oro, como todas las demás de Guayana, están en manos principalmente de delincuentes comunes, guerrilleros y mineros ilegales. En la zona ocurre un enorme desastre ecológico, con el uso indiscriminado de mercurio y cianuro, contaminación y sedimentación de ríos, destrucción de ecosistemas, conflictos sociales, violencia, prostitución y tráfico de personas.

Ese desastre está bien documentado por denuncias de pobladores, ONG, periodistas de investigación y centros de pensamiento dedicados al estudio de conflictos en América. Ahora está por verse si los nuevos acuerdos entre Trump y Delcy Rodríguez van a poner orden a esta tragedia y establecer una minería racional que reduzca el impacto ambiental y que, además, genere dividendos al país, pues hoy la mayor parte de la producción de oro se pierde en redes criminales, contrabando y corrupción.

Tras unos 15 años de operaciones en la zona, Gold Reserve fue la que mejor evaluó los yacimientos de esas minas. En un informe de 2018 reportaba 318.000 onzas medidas de oro (con un valor, al precio de hoy, de unos 1.240 millones de euros), además de 17.000 toneladas de cobre (otros 187 millones).

También se calculan 26 millones de onzas en la categoría de «recursos indicados» (103.350 millones de euros) y otros 25,4 millones de onzas en la categoría de recursos inferidos (99.000 millones de euros), solo en esas dos minas. Pero en Venezuela los problemas están sobre la superficie y no bastará una licencia de la OFAC para resolverlos. Este país todavía es uno de los peores del mundo en estado de derecho y clima para inversiones.

«El régimen de Maduro ha cometido crímenes atroces contra el pueblo venezolano. Entre las víctimas se encuentra uno de nuestros colegas, José Ignacio Moreno Suárez, preso político detenido de forma arbitraria, sin juicio, desde hace dos años y medio, y sometido a torturas constantes y a condiciones inhumanas», decía el 6 de enero Paul Rivett, vicepresidente de Gold Reserve, al apoyar las acciones de Trump en Venezuela.

«En la actualidad, estos proyectos auríferos venezolanos son explotados de forma ilegal con tecnología china, bajo la dirección del Cartel de los Soles (una organización narcoterrorista designada), en beneficio financiero del régimen de Maduro», afirmaba Gold Reserve.

Fuentes ligadas al caso señalan que el Gobierno de Maduro incumplió sus compromisos de inversión en la nueva sociedad y, cuando Gold Reserve reclamó, le anuló los derechos. También secuestró a su abogado, León Suárez. Lo acusan de «traición a la patria y conspiración con un ente extranjero»; le confiscaron todos sus bienes, a él y a su familia, y encarcelaron a su hija por defenderlo legalmente.