La concejala Datxu Peris, condenada por atentar contra el honor del torero Víctor Barrio
La concejala valenciana Datxu Peris ha sido condenada este lunes por atentar contra el honor del torero Víctor Barrio con los comentarios publicados en Facebook tras su fallecimiento en julio de 2016. Peris tendrá que indemnizar con 7.000 euros a los demandantes, la viuda y los padres del torero, y retirar los comentarios de la red social.
La concejala valenciana Datxu Peris ha sido condenada este lunes por atentar contra el honor del torero Víctor Barrio con los comentarios publicados en Facebook tras su fallecimiento en julio de 2016. Peris tendrá que indemnizar con 7.000 euros a los demandantes, la viuda y los padres del torero, y retirar los comentarios de la red social.
“Podemos tratar de ver el aspecto positivo de las noticias para no sufrir tanto… Ya ha dejado de matar”, decía el mensaje de la concejala. “El negativo, entre otros, claramente, es que a lo largo de su carrera ha matado demasiado”, añadía.
La sentencia, además de la multa, exige a la concejala que publique esta decisión en el mismo perfil de Facebook en el que publicó los comentarios sobre Víctor Barrio y la condena a pagar las costas del procedimiento.
El Juzgado de Sepúlveda, Segovia, ha considerado probado que Peris vio “algo positivo” en la muerte del torero debido al comentario que publicó un día después de su muerte. La edila aseguró ante los medios de comunicación tras el juicio celebrado el 24 de octubre que no se arrepentía de sus palabras.
La jueza señala en la sentencia que ha tratado de analizar si el comentario suponía una vulneración del derecho al honor del torero o si se enmarcaba dentro de la libertad de expresión. Finalmente, ha explicado que la relevancia del mensaje “es evidente” y que las redes sociales “no pueden ser un subterfugio donde todo cabe y todo vale”.
Además, argumenta que las leyes no dan el mismo valor a la vida de un ser humano que a la de un animal y que el uso de la palabra asesino es “erróneo y peyorativo” para referirse a una persona que ejerce una profesión “lícita y digna”, por lo que supone un “atentado contra el honor”.
Peris tiene un plazo de 20 días para presentar un recurso de apelación contra la decisión de este tribunal.