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Celebrar la muerte del torero Víctor Barrio: ¿delito o libertad de expresión?

Por el momento, tanto la Policía como la Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado ya están investigando los tuits de celebración por la muerte del torero, y la Fundación del Toro de Lidia ha recopilado medio centenar de tuits ofensivos contra el torero segoviano fallecido y ha anunciado medidas legales contra los autores de estos ataques. Asimismo, la familia de Barrio está de acuerdo con perseguir a todos aquellos que han manchado el honor del torero. Los comentarios pueden constituir desde un delito de injurias y calumnias, perseguible a instancia civil, hasta un delito público de incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, perseguible de oficio. Este delito supone una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis o doce meses.

Celebrar la muerte del torero Víctor Barrio: ¿delito o libertad de expresión?

Reuters

La muerte del torero Víctor Barrio, a causa de una cogida mortal en la plaza de toros de Teruel, ha servido para demostrar que las redes sociales son utilizadas por algunas personas como púlpito del odio más atroz. El aluvión de expresiones de alegría que celebraron el fallecimiento de Barrio en Facebook y Twitter ha indignado al mundo taurino y a las autoridades, que ya están investigando si algunos comentarios pueden ser constitutivos de delito.

Por el momento, tanto la Policía como la Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado ya están investigando los tuits de celebración por la muerte del torero, y la Fundación del Toro de Lidia ha recopilado medio centenar de tuits ofensivos contra el torero segoviano fallecido y ha anunciado medidas legales contra los autores de estos ataques. Asimismo, la familia de Barrio está de acuerdo con perseguir a todos aquellos que han manchado el honor del torero. Los comentarios pueden constituir desde un delito de injurias y calumnias, perseguible a instancia civil, hasta un delito público de incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, perseguible de oficio. Este delito supone una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis o doce meses.

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