La CPI inicia investigaciones en Filipinas y Venezuela por crímenes de parte de las autoridades

La Corte Penal Internacional (CPI) ha abierto unos exámenes preliminares por las alegaciones de detenciones y excesiva fuerza estatal en las protestas en Venezuela, que dejaron más de 150 muertes entre abril y julio de 2017, y pesquisas preliminares contra la llamada “guerra contra las drogas” puesto en marcha por el presidente Rodrigo Duterte en Filipinas en la que más de 7.000 personas fueron asesinadas en siete meses.

“Desde el año 2016 he seguido de cerca la situación en Filipinas y en Venezuela. Tras una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de numerosas comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes que podrían ser de competencia de la CPI, he decidido abrir un examen preliminar en cada una de estas situaciones”, dijo en un comunicado la fiscal Fatou Bensouda.

Según el comunicado de la Fiscalía, se investigará la “fuerza excesiva” utilizada por fuerzas de seguridad del Estado en las concentraciones y las detenciones en Venezuela y encarcelamientos de “miles de miembros de la oposición, reales o aparentes”, algunos de los cuales “habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos”. La institución reconoce que, en esas protestas, “algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos”, lo que provocó “lesiones o muerte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”.

Un comunicado de la cancillería venezolana rechaza «de manera firme y categórica» la apertura de este examen preliminar.

«Durante los meses de abril a julio del año 2017 el pueblo venezolano fue víctima de alteraciones del orden público organizadas, convocadas y financiadas por sectores de la oposición venezolana extremistas y antidemocráticas, con la finalidad de derrocar el Gobierno», dice el texto oficial.

Por otra parte, la Fiscalía ha abierto otra investigación preliminar a Filipinas por crímenes presuntamente cometidos desde julio de 2016 durante la campaña contra el narcotráfico liderada por Duterte. El presidente filipino dijo que ordenaría matar incluso a su hijo si las acusaciones sobre su implicación en el tráfico de drogas fueran ciertas y aseguró que los agentes que llevaran a cabo este encargo serían protegidos de una acusación.

La instancia internacional ha recordado que una investigación preliminar no es una investigación de pleno, sino un “proceso por el cual se examina la información disponible para determinar, con pleno conocimiento de causa, si existe fundamento razonable para proceder a una investigación”.

La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad; es decir, no intervendría si la Justicia venezolana o Filipina no llevara a cabo investigaciones genuinas sobre los hechos investigados. La Fiscalía apuntó que no hay tiempo establecido sobre la duración de un examen preliminar, ya que depende de “los hechos y circunstancias de cada situación” y se reserva el derecho de continuar recopilando información para establecer si inicia una investigación de pleno o si no hay una base razonable para proceder.