El expresidente de la República del Perú y congresista, Manuel Merino, y varios miembros de su efímero Gobierno (10-15 de noviembre) serán investigados de manera preliminar por la comisión de delitos en el contexto de violación a los derechos humanos, según ha informado este lunes la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Los detalles: en un comunicado, el Ministerio Público ha anunciado que Merino, su primer ministro aún en funciones, Ántero Flores-Aráoz, y el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, también en funciones, serán investigados por los delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso, lesiones leves y graves y desaparición forzada.
Estos delitos, según la tesis fiscal, se habrían cometido en un contexto de acciones para violar los derechos humanos, lo que según la ley peruana constituye un agravante que entre otras cosas impide la prescripción de los delitos. También abre la posibilidad de establecer una «cadena de mando» en la represión que causó las muertes, habilitando una condena al expresidente o sus ministros si se demuestra que hubo órdenes para la represión u omisiones para prevenirla.
La investigación abordará la brutal represión dirigida por el Gobierno de Merino a las movilizaciones ciudadanas que se sucedieron de forma ininterrumpida desde que el lunes asumiera la presidencia hasta el domingo, cuando el exmandatario anunció su renuncia incapaz de resistir la presión de las calles, su pérdida de apoyos políticos y la virtual disolución de su gabinete ministerial.
La represión gubernamental de las protestas dejó dos jóvenes asesinados por disparo de arma de fuego, los estudiantes universitarios Jack Pintado, de 22 años, e Inti Sotelo, de 24 años; casi un centenar de heridos y decenas de desaparecidos, algunos de los cuales ya han dado a conocer su localización. Aún así, organismos de defensa de los derechos humanos han advertido de que hasta seis jóvenes que se manifestaron el sábado en el centro de Lima aún no han sido ubicados y permanecen en paradero desconocido.