Libertad sin fianza para Trapero pese a la petición de la Fiscalía
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido una fianza de 50.000 euros para el exjefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero por su actuación en el operativo dirigido a impedir la votación el 1-O, han informado fuentes fiscales a la agencia Efe.
La juez Carmen Lamela ha dejado en libertad sin fianza al exjefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidiera que le impusiera 50.000 euros por su presunta responsabilidad en la inactividad de la policía autonómica para impedir la votación el 1-O, según fuentes jurídicas. El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira había hecho esta petición a la juez tras tomar declaración a Trapero como investigado por dos delitos de sedición durante dos horas y media.
Lamela ha rechazado imponerle la fianza reclamada y le ha mantenido las mismas medidas cautelares que decretó para él la segunda vez que compareció ante ella el pasado 16 de octubre; la Fiscalía pidió su ingreso en prisión sin fianza, pero finalmente quedó en libertad con medidas cautelares: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijación de domicilio y teléfono.
Al dejarle en libertad con las citadas medidas, Lamela precisó que la investigación se circunscribía al asedio a la Guardia Civil del 20 de septiembre, a la espera de ampliarla al 1-O, y que su actuación en ese episodio no estaba aún «suficientemente perfilada» para vincularle directamente «a hechos tan graves como los que esos días sucedieron».
Ahora, tras practicar diligencias, entre ellas la toma de declaración al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, la juez ha concluido que la actuación de los Mossos ese día y el 1-O «fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia» y por eso «la policía autonómica también fue utilizada para controlar las acciones» de las otras Policías.
Con esa finalidad, se diseñó un «plan premeditado», «que procedía de la cúpula policial de Mossos d’Esquadra, cúpula comandada por Josep Lluis Trapero y en conexión directa con los miembros del comité estratégico», al que aludía el documento Enfocats.
Dos días después de que Lamela notificara este auto, la Fiscalía pedía ampliar la investigación a la cúpula de los Mossos para imputar también al entonces superior de Trapero, el exdirector de la Policía autonómica Pere Soler; y al ex secretario general de Interior César Puig, segundo del exconseller Joaquim Forn, que se encuentra en prisión junto a Oriol Junqueras y los «Jordis».
Realmente -añadía el fiscal- actuaron de «correa de transmisión de las instrucciones» de los responsables políticos «ordenando ejecutar o abstenerse de las órdenes judiciales y del cumplimiento de la Ley».
La juez cree que Trapero se encargó del diseño de «un sistema de comunicación entre los agentes» y «sus mandos superiores que supuso una ralentización de las comunicaciones, lo que produjo, aún más si cabe, una ineficacia en la actuación», por lo que ha reclamado a los Mossos que identifiquen a las personas y los medios empleados en ese operativo.