La Guardia Civil registra el despacho de Antoni Molons, secretario de Difusión de la Generalitat
La Guardia Civil registra desde primeras horas el despacho de Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención al Ciudadano de la Consellería de Presidencia, ubicada en el Palau de la Generalitat, que permanece detenido mientras dura la operación, y la sede de Òmnium Cultural en Barcelona .
La Guardia Civil registra desde primeras horas el despacho y la vivienda de Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención al Ciudadano de la Consellería de Presidencia, ubicada en el Palau de la Generalitat, que permanece detenido mientras dura la operación, y la sede de Òmnium Cultural en Barcelona.
La orden ha sido dictada por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, en el marco de una pieza secreta que sigue el rastro de los gastos del gobierno catalán para la celebración del referéndum soberanista del 1-O, según han informado a Efe fuentes de la investigación.
La ley sobre la consulta independentista, aprobada por el Parlament en septiembre, fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, permanece en prisión desde el pasado octubre acusado, junto al exdirigente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, de un presunto delito de sedición por los acontecimientos ocurridos en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre, en relación con la celebración del referéndum.
Molons, que está siendo investigado por malversación y presunto desvío de fondos para el referéndum del 1-O, permanecerá detenido mientras se efectúan los registros y se le toma declaración.
Los registros, además de la sede de Òmnium y el despacho de Molons en el Palau de la Generalitat, se practican también en la vivienda de este, ubicada en la localidad de Sant Joan Despí (Barcelona).
El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, investiga los preparativos y recursos destinados al referéndum del 1-O tras abrir una causa a raíz de las conferencias en las que el exsenador de ERC Santi Vidal aseguró que el ejecutivo catalán disponía de una partida «camuflada» de 400 millones de euros para organizar la consulta.