La Iglesia acumula 220 denuncias a sacerdotes por abusos en los últimos 20 años

La Iglesia española ha dado a conocer, por primera vez, los datos de denuncias a sacerdotes por abusos sexuales a menores desde el año 2001 y ha reconocido este viernes que en estos 20 años, un total de 220 clérigos han sido denunciados, de los que 151 casos han sido ya resueltos y 69 siguen abiertos.

Los detalles: los datos, procedentes de la Congregación para la Doctrina y la Fe, fueron remitidos el pasado 20 de abril a la Conferencia Episcopal Española (CEE), que los había requerido anteriormente, y los ha dado a conocer este viernes el portavoz de los obispos, Luis Argüello, en la rueda de prensa posterior a la Asamblea Plenaria de los obispos.

La Plenaria que comenzó el pasado lunes en medio de la polémica por las palabras de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, quien acusó a la Iglesia española de ocultar los casos de abusos sexuales a menores que se habían producido en el seno de esta institución. Estas declaraciones ofendieron a los obispos que, de manera inusitada, emitieron un comunicado en el que acusaban a la ministra de querer «ensuciar» la labor de la Iglesia.

El cruce de acusaciones continuó con una carta de Belarra dirigida al presidente de la CEE, Juan José Omella, en la que le advertía de que la Iglesia española está lejos de cumplir con los compromisos exigidos por el papa Francisco. En defensa de los obispos salió el nuncio apostólico en España, Bernardito Auza, quien afirmó que nadie podría ver falta de transparencia en esta institución ni «poner en duda la credibilidad de la Iglesia en sus declaraciones y actividades».

Los obispos han querido hacer gala de esa transparencia y han hecho públicos hoy los datos de las denuncias, pero aseguran desconocer el número de víctimas, los lugares o años en los que se cometieron esos abusos. Tampoco saben las denuncias que han recibido hasta la fechas las oficinas de atención a las víctimas que han abierto las diócesis en este último año, aunque Argüello asegura que son escasas.

Para conocer algo más de la actividad que realizan estas oficinas, la CEE ha acordado la creación de un «servicio» de coordinación que ofrecerá asesoramiento y actuará de «cauce» para la relación con las congregaciones religiosas, la asociaciones civiles que representan a las víctimas de abusos, e incluso con la administración pública y la Fiscalía.

En la reunión de la Asamblea Plenaria, los obispos han abordado también la reciente aprobación de la ley de eutanasia y han presentado su propuesta de testamento vital y un modelo de documento en el que el firmante pide que no se realice en su persona la prestación de la muerte provocada o el suicidio asistido.

La CEE hará una campaña de difusión para que las personas se animen a dar el paso de inscribir esta declaración de últimas voluntades «en favor de la vida y de los cuidados hasta el último momento de la existencia» y que lo inscriban en los registros habilitados en cada comunidad autónoma.

Este testamento vital debe llevarse a un registro público e incorporarse al historial del paciente. «No vale con llevarlo en la cartera», ha advertido Argüello, que reconoce que estos trámites suponen un esfuerzo, por lo que harán un llamamiento para que se facilite lo más posible el proceso.

Por su parte, cada diócesis se ha comprometido a completar el documento de testamento vital con la información que requiera cada una de las comunidades autónomas. En cualquier caso, la aprobación de la ley de eutanasia preocupa a los obispos, al igual que otras leyes que quiere impulsar el Ejecutivo, como la reforma de la ley de aborto para permitir a las chicas de 16 años interrumpir su embarazo sin el consentimiento paterno.

Por eso, Argüello ha dicho que entre la Iglesia y el Gobierno hay «preocupantes discrepancias» y «desencuentros», si bien considera que la relación es «adecuada» y guarda el respeto institucional debido, e incluso ha asegurado que las relaciones con los ministerios con los que han tenido encuentros han sido «cordiales y constructivas».