Sánchez Galán no solo declarará ante el juez, sino también ante los mercados

Ignacio Sánchez Galán tiene una fecha marcada en el calendario: 18 de enero. El presidente de Iberdrola declarará como imputado en la Audiencia Nacional en el marco del caso Villarejo por presuntos delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.

Pero no dará explicaciones solo ante un juez, sino que sus palabras irán dirigidas más allá: a los mercados internacionales tras el varapalo sufrido en Estados Unidos tras la compra fallida de PNM Resources por parte de su filial Avangrid.

Fue el propio Sánchez Galán quien en mayo se puso a disposición de la Justicia, junto con el resto de directivos imputados, para declarar y despejar cualquier duda sobre el caso. El grupo pidió la comparecencia de su cúpula directiva en la medida que el juez lo considerara necesario y tan pronto como fuese posible. Iberdrola pretendía proporcionar el testimonio de su presidente con el fin de «facilitar la finalización de la investigación en curso».

A finales de junio, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acordó la imputación de Sánchez Galán y Fernando Becker, expresidente de Iberdrola España; Francisco Martínez Córcoles, el número dos de Sánchez Galán y consejero-director general de Negocios de Iberdrola; y Rafael Orbegozo, ex jefe del gabinete de presidencia. Estos últimos también declararán en enero, al igual que Iberdrola Renovables, imputada como persona jurídica por un delito de cohecho.

En este sentido, ya solo quedaba por fijar fecha después de que en julio se suspendiera la declaración de Sánchez Galán, como del resto de directivos afectados, a la espera de que se resolviera el recurso de nulidad que presentó la empresa.

Según el magistrado, que aceptó así la petición de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la pieza 17 de Tándem, los cuatro directivos pudieron participar en la contratación de los servicios del excomisario José Manuel Villarejo cuando aún estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía. También apuntó que se manipularon las facturas correspondientes a esos servicios y que se tuvo acceso a datos reservados de las personas sometidas a investigación, entre las que se encuentran desde el presidente de ACS, Florentino Pérez, al ex presidente de Endesa Manuel Pizarro.

Sánchez Galán recurrió

La citación de Sánchez Galán se conoció el 3 de diciembre y una semana después la recurrió. El presidente de la energética consideró que de lo que se le acusa se basa únicamente en un informe falso cuya investigación está pendiente de una decisión del propio juez instructor.

En el recurso, afirmaba que su intención no es eludir la comparecencia judicial, recordando en este sentido que él mismo se puso a disposición de la sede judicial antes de que lo llamara a la causa, y señalaba que el problema es que en el «contexto procesal» actual su declaración le generaría «indefensión».

Defendía así que el «elemento base» de su imputación es un informe elaborado en diciembre de 2004 por el ex director de Control de Funciones Corporativas de Iberdrola José Antonio del Olmo donde reflejaría presuntas irregularidades y dejaría constancia de varias facturas, incluida una emitida por Cent, el grupo empresarial de Villarejo.

Iberdrola se querelló en 2020 contra Del Olmo asegurando que se trata de un dossier falso. Dicho juzgado la archivó, pero el pasado 12 de noviembre la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó retomarla y urgió al instructor a tomar una decisión sobre el mencionado informe, bien para investigarlo en esta pieza separada de la macrocausa Tándem o bien para hacerlo en un procedimiento aparte. Sánchez Galán reprocha que esto es una directriz «no abordada hasta el momento».

En consecuencia, la defensa del presidente de Iberdrola cree que antes de su interrogación se debería cumplir con lo indicado por la Sala de lo Penal, por lo que ha instado a investigar si el informe de Del Olmo es falso antes de proceder a la ronda de declaraciones acordada entre el 17 y el 20 de enero.

Reputación de la empresa

Pues bien, bajo este contexto, Iberdrola acusa a García-Castellón de impulsar la investigación penal contra ella y no contra el denunciante —Del Olmo—, perjudicando su reputación. Tanto cree Iberdrola que se está viendo perjudicada por el caso Villarejo que considera que la compra de PNM Resources en EEUU se ha visto frustrada por el «devenir de las presentes diligencias previas».

«Sobre dicho particular hay que tener en cuenta que esta adquisición de PNM Resources está valorada en 8.000 millones de dólares y que, finalmente, se ha visto frustrada como consecuencia del devenir de las presentes diligencias previas. La decisión de los comisionados, que han rechazado la operación de adquisición, ha estado fuertemente influida por la existencia de la actual investigación penal», manifiesta el escrito presentado en el juzgado por la empresa. «Prueba de ello es que, en el momento de emitir su voto, cuatro de los cinco comisionados mencionaron expresamente la investigación penal desarrollada en España como motivo para rechazar la operación, haciendo duras manifestaciones contra la compañía. A estos perjuicios se unen la irremediable la caída en Bolsa de las acciones de Iberdrola».

El regulador de Nuevo México también se quejó de que la operación supone más riesgos que beneficios para los ciudadanos de Nuevo México. Según Iberdrola, que posee un 81,5% de Avangrid, la adquisición daría origen a una de las mayores compañías del sector norteamericano con 10 eléctricas reguladas en seis estados (Nueva York, Connecticut, Maine, Massachusetts, Nuevo México y Texas) y al tercer operador de renovables de Estados Unidos con una presencia total en 24 estados.

Avangrid recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo al considerarla «injusta». En definitiva, Sánchez Galán no tiene solo una cita con el juez, sino que tratará de convencer de su inocencia a los mercados internacionales con el fin de que no se vean en peligro nuevas operaciones.