La supuesta malversación para el referéndum del 1-O asciende a 1,9 millones de euros

La Guardia Civil ha elevado la cantidad de dinero supuestamente malversado por la Generalitat de Cataluña para financiar el referéndum del 1-O de 1,6 a 1,9 millones de euros, según el informe presentado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, según se ha sabido este jueves después de que el magistrado que instruye la causa relacionada con el procés haya levantado el secreto del sumario de la pieza separada relacionada con los gastos.

Esta información se conoce un día después de que Llarena solicitara al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que explique por qué asegura que no se utilizó dinero público para el referéndum del 1-O. Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha dicho que aportará al juez toda la documentación donde se detalle el control de los presupuestos de la Generalitat. En un comunicado hecho, el ministerio valora positivamente el requerimiento del juez.

En el marco de las investigaciones de la Guardia Civil para determinar el origen de los gastos realizados para la organización y posterior celebración del referéndum de autodeterminación, se cifró el pasado marzo en 1,6 millones de euros el dinero público, presuntamente utilizado por el gobierno de la Generalitat.

En el informe publicado este jueves, se eleva esta cifra hasta 1,9 millones de euros y se especifica que se emplearon 177.065 euros para llevar a Cataluña a varios observadores internacionales con el objetivo de darle validez al referéndum del 1-O, de los cuales sólo se puede demostrar por ahora el abono de 119.700 euros.

Este importe aparece en dos transferencias realizadas por la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña ante la Unión Europea y se gastó en transporte y alojamiento para los observadores internacionales, señala el informe. Los 47.365 euros que no se han podido demostrar se habrían abonado en compromiso de pago, pero la Guardia Civil todavía desconoce si se llegó a producir este pago, se indica en el sumario.

El informe también destaca que la Generalitat utilizó a Òmnium Cultural, cuyo dirigente, Jordi Cuixart, se encuentra en prisión preventiva, como «sociedad interpuesta» para la distribución de carteles de publicidad que llamaban a participar en el referéndum, lo que supuso un coste de 61.879 euros. El Govern utilizó a Òmnium Cultural «para realizar labores relacionadas con la solicitud a empresas de artes gráficas y distribución de carteles propagandísticos en lo que que se llamaba a la población a votar en el ilegal referéndum del 1-O», dice el informe.

Los políticos catalanes acusados de malversación que han declarado esta semana ante el juez Llarena – Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa y Oriol Junqueras – han negado estas acusaciones y han utilizado las declaraciones de Montoro como argumento contra su procesamiento.