Las acusaciones culpan a los Maristas de encubrir los abusos cometidos en el centro

Los abogados que ejercen la acusación contra el exdocente Joaquín Benítez han culpado a la escuela Maristas de Sants-Les Corts, en la que ejercía de profesor de Educación Física, de encubrir los abusos sexuales cometidos dentro del centro. Benítez declaró este martes que la escuela tapó un caso de abuso perpetrado por él en 1986, lo que le sirvió para sentirse «amparado» y continuar cometiendo este tipo de delitos.

«Los maristas eran conocedores de los abusos sexuales que se producían en el colegio. Si no, ¿cómo se explica que Benítez fuera el único que tuviera un despacho y tuviera las llaves?», ha señalado una de las abogadas de las víctimas, quien ha insistido en que el exprofesor no fue despedido inmediatamente tras la primera denuncia.

Otro letrado ha acusado al vicario provincial de los Maristas, Pere Francesc Ferré, que declaró este lunes como representante del centro, de «banalizar su implicación y quitarle importancia a las consecuencias de los hechos e incluso a las secuelas». Ferré negó que la escuela encubriera los abusos, pero admitió que se ocultó el primer caso denunciado sobre Benítez al resto de familias del centro porque los padres afectados pidieron permanecer en el anonimato y que no lo despidieron porque él pidió la baja antes.

Los abogados, en la línea del informe de la Fiscalía, también han señalado a la Fundación Champagnat, propietaria del centro, como «plenamente responsable» de los hechos y la han acusado de actuar con «mala fe procesal» por haberse negado a facilitar a la policía datos sobre Benítez. «Su actitud obstruccionista no deja que sepamos la verdad sobre lo que ocurrió», han apuntado, y han defendido que la fundación ayudó al exprofesor a cobrar el seguro de desempleo al facilitarle un trabajo de tres meses vinculado con los Maristas.

Todas las acusaciones han solicitado que se juzgue a la fundación, como mínimo, por daños morales. No obstante, el tribunal ha asegurado que su sentencia no hará referencia a ello por no tratarse de un criterio penal, informa Efe.

La Fiscalía pide para Benítez una pena de 22 años de cárcel y 14 años de inhabilitación, así como una indemnización de 90.000 euros, que abonar junto a su aseguradora y la fundación Champagnat, como responsable civil subsidiaria de los hechos.