¿Compras falsificaciones? Ojo con las consecuencias legales
La responsabilidad legal puede recaer tanto en los falsificadores como en los consumidores que adquieren estos productos
Patentes y tecnología son algunas de las herramientas con las que cuentan las marcas para protegerse de las falsificaciones | Unsplash
El acceso a las falsificaciones no es algo especialmente difícil. En Europa, el 37% de los jóvenes de entre 15 y 24 años ha comprado deliberadamente uno o varios productos falsificados en el último año, mientras que el 21% ha utilizado intencionadamente fuentes ilegales de contenidos digitales en los últimos 12 meses, según el Barómetro de la propiedad intelectual entre los jóvenes 2022, de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Pero ¿cuáles son las consecuencias legales? Las hay tanto para los falsificadores como para los consumidores que adquieren estos productos. En THE OBJECTIVE te contamos las implicaciones de adquirir falsificaciones y piratería.
El pasado 8 de junio se celebraba el Día Mundial contra las Falsificaciones, una práctica que compromete el buen desarrollo y la viabilidad de los negocios no sólo de las grandes empresas. De hecho, son las PYMES las que más riesgos tienen que afrontar. Aquellas pequeñas y medianas empresas cuyos derechos de propiedad intelectual son vulnerados tienen un 34% menos de posibilidades de sobrevivir al cabo de 5 años, según el informe “Riesgos del comercio ilícito de falsificaciones para las pequeñas y medianas empresas”, de EUIPO y OCDE.
Las empresas se protegen con instrumentos legales, como las patentes, y también con tecnología. También lo hacen los Estados, por ejemplo, para evitar la proliferación de billetes falsos. Existen herramientas tecnológicas como Reveo, que incluye capas de tintas, holografías y códigos QR inviolables. Además, incluye una aplicación móvil para la validación de datos, que da más seguridad tanto a las industrias como a los consumidores a la hora de detectar dinero falsificado.
Pero volviendo a los productos falsificados, hay dos motivaciones clave que están detrás del comportamiento de los consumidores que compran de forma consciente estos objetos o marcas piratas. Entre los principales factores para adquirir piratería física o digital, el precio y la disponibilidad destacan como los más relevantes, según el Barómetro.
Falsificaciones: las implicaciones legales
Desde el punto de vista legal, la regulación para protegerse frente a la denominada piratería van desde tratados internacionales y normas europeas hasta normas nacionales, como el Código Civil y el Código Penal. A ello se suma la normativa española sobre propiedad intelectual e industrial, entre las que destacan la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Marcas.
Esta normativa a nivel europeo y nacional ha sido objeto de numerosas modificaciones. «España es consciente de que la lucha contra la piratería es indispensable para salvaguardar la cultura y la innovación, así como para erigirse como uno de los principales países en sectores como el audiovisual, el de la moda y el tecnológico», explica David Fuentes Lahoz, abogado especialista en propiedad intelectual e industrial de Bird & Bird.
En los últimos años se han creado nuevos códigos de conducta, listas públicas de vigilancia de la falsificación y la piratería, recomendaciones y protocolos. ¿El objetivo? Adaptar el marco jurídico vigente a los desafíos que la tecnología plantea. «Paradigma reciente de ello es el Reglamento de Servicios Digitales, que viene a establecer nuevas obligaciones y medidas de diligencia en relación con los contenidos ilícitos en línea», apunta Fuentes.
Una práctica socialmente aceptada
El principal problema que encuentran las empresas a la hora de proteger sus derechos sobre productos y marcas que se piratean es que la adquisición de productos falsificados suele ser una práctica con amplia aceptación. No existe una condena social clara.
Las campañas que se despliegan para generar una mayor concienciación de las consecuencias de este tipo de prácticas no calan lo suficiente en la sociedad. Detrás hay daños económicos y reputacionales a empresas concretas cuyos derechos se vulneran, pero también atentan contra la cultura y la innovación.
Por otra parte, el nivel de sofisticación de la piratería es elevado y cada vez se copian productos o servicios más elaborados. No es de extrañar que muchos usuarios desconozcan y no sean conscientes de que están usando ciertos contenidos sin autorización. La falta de información es otro flanco que hay que atacar a nivel de sensibilización.
Y es que hay muchos tipos de piratería con características adaptadas a cada sector. «Los titulares de derechos deben tener en cuenta que no sólo hay grupos especializados en almacenar, intercambiar y enlazar contenidos ilícitos y franquear medidas de protección, sino también grupos dedicados a desarrollar y comercializar componentes que permiten franquear las referidas medidas», señala el experto. Este flanco también se debe combatir, pero se requiere de una mayor estandarización en los protocolos europeos que permitan actuar ante requerimientos de cese de actividades ilícitas.
La prevención desde las empresas
El compromiso de las autoridades y de los representantes de las distintas industrias es fundamental para atajar estas prácticas. Sin embargo, aunque la colaboración público-privada para prevenir la piratería es fundamental para obtener buenos resultados, es indispensable que las empresas y creadores titulares de los derechos se informen de los instrumentos legales a su disposición.
Por ejemplo, pueden utilizar los símbolos o indicaciones de la reserva de derechos en los productos; la inscripción de derechos, obras y otras prestaciones en los registros correspondientes; la firma de acuerdos de confidencialidad con socios y colaboradores; las compañas de información a clientes para identificar falsificaciones; y la trazabilidad de los productos autorizados utilizando códigos legibles.
Es clave actuar en el ámbito digital. De hecho, el desarrollo de la piratería en este campo se ha sofisticado enormemente. Actualmente existen mecanismos para detectar y retirar contenidos no autorizados de forma automática. También hay sistemas anticopia que impiden determinados usos, y sistemas tecnológicos de gestión de derechos de propiedad intelectual que permiten controlar el acceso a los contenidos.
Consecuencias para marcas y consumidores
Las marcas tienen derecho a defenderse ante estas vulneraciones. El primer paso consiste en recabar toda la información y documentos que puedan servir de prueba sobre las potenciales infracciones que se quieren denunciar.
«Una vez asegurada la prueba, con carácter general debería analizarse la posible infracción para, seguidamente, enviar un requerimiento al infractor informando de los derechos del titular y, entre otras cuestiones, requiriendo el cese de la conducta infractora», explica David Fuentes. Si la vía extrajudicial no arroja resultados, se pueden interponer de acciones civiles o penales ante los juzgados. También iniciar procedimientos administrativos de salvaguarda de derechos, más ágiles y simples, aunque todo dependerá de los detalles del caso.
Desde Bird & Bird explica que no habría que olvidar la posibilidad de solicitar la adopción de medidas cautelares para salvaguardar de forma provisional los derechos infringidos. En cualquier caso, las circunstancias concretas, los objetivos del titular de los derechos y los riesgos que puedan y quieran tomarse serán factores esenciales para determinar la estrategia más adecuada.
Las consecuencias también pueden afectar a los consumidores finales, dependiendo del uso que haga. Quien utilice contenidos protegidos sin autorización puede ser objeto de acciones legales por parte del titular legítimo. Si obtiene un beneficio lucrativo directo o indirecto puede derivar incluso en responsabilidades a nivel penal.
