El sector sanitario pide un marco legal acorde a la tecnología y la responsabilidad por daños

El sector sanitario necesita un actualización del marco legal vigente que dé respuesta a los nuevos desafíos que afrontan los sistemas de salud. Entre ellos destacan el rápido desarrollo de la tecnología médica, el envejecimiento poblacional, la emergencia climática, las enfermedades emergentes o las pandemias. Otro de los retos es el de la creciente judialización de la responsabilidad por daños de la salud, junto con los conflictos sanitarios.

Los desafíos en el área legal que afronta el sector sanitario son numerosos. También se requiere el impulso a la sostenibilidad o regular las prácticas médicas transfronterizas, ahondando en la humanización de la atención al paciente como eje central de la protección a la salud. Para afrontarlos, se necesita una coordinación efectiva entre las instituciones sanitarias y los órganos legislativos.

Todo esto es lo que se puso de manifiesto en el primer Congreso de Derecho Sanitario que ha organizado el Colegio de la Abogacía de Madrid. Entre los objetivos del encuentro está la promoción de la salud de las personas a través de un marco legal sólido y actualizado.

En el encuentro, que reunió a cerca de 50 especialistas, concluyó con una idea clave: la salud es un derecho fundamental. Y para protegerlo, se requiere de la colaboración entre los profesionales del ámbito jurídico y sanitario.

Formación en las facultades de Derecho

En ese contexto, el derecho sanitario constituye una herramienta de vital importancia para garantizar el acceso a una atención médica de calidad, salvaguardar los derechos y las libertades individuales, así como para establecer un equilibrio entre los avances científicos y la ética en la práctica médica.

Los participantes pusieron de relieve la necesidad de que se introduzca el derecho sanitario como una asignatura curricular en las facultades de Derecho. La formación es necesaria tanto para los profesionales de la abogacía como para los del sector médico. De ahí la necesidad de establecer puentes de comunicación continua y colaboración para que los profesionales de la salud y los expertos en derecho sanitario intercambien conocimientos.

Esta colaboración se debería traducir también en el fomento de la investigación y en la creación de espacios de debate para conocer los avances más vanguardistas. También para asegurar que las políticas se adapten a un entorno en constante cambio.

Marco legal para las crisis sanitarias

Entre las conclusiones presentadas durante el acto de clausura, los especialistas en derecho sanitario consideran prioritaria la gestión de crisis sanitarias globales como la del Covid-19. A partir de esta experiencia, ha quedado en evidencia la necesidad de contar con una ley de pandemias y con legislación que permita dar una respuesta rápida y efectiva ante situaciones de emergencia. Las futuras crisis sanitarias deberían encontrarnos mejor preparados desde el punto de vista legal.

Algo similar ocurre en relación al desarrollo científico y tecnológico en la medicina. En esta área también se debe actualizar la normativa para ofrecer garantías ante los desafíos éticos que están relacionados con estos avances. El sistema legal de salud se debería basar en principios como la protección de la dignidad humana, el consentimiento informado y la responsabilidad profesional.

Para avanzar en la humanización de la sanidad, es necesario que el paciente esté siempre en el centro del sistema. Sus derechos y sus sentimientos se deben tener en cuenta. Y para ello, es necesario garantizar el respeto de su dignidad. La humanización de la atención sanitaria incluye la participación del paciente tanto en la gestión de su enfermedad como en las políticas de salud, concluyeron los expertos del congreso.

Mediación y arbitraje en el sector sanitario

En la gestión y resolución de los conflictos en el ámbito sanitario, resulta imprescindible identificar y conocer los motivos de las reclamaciones en atención hospitalaria, primaria y atención sanitaria urgente. Para resolverlos, los expertos apuestan por métodos alternativos como la mediación, que cumple una función preventiva que contribuye a humanizar la asistencia sanitaria.

Junto al arbitraje, se erige como una herramienta fundamental en la desjudicialización de las reclamaciones de los pacientes y usuarios. Su implementación requiere un baremo específico que cuantifique los daños a la salud y proporcione seguridad jurídica a los pacientes y a las aseguradoras.

Durante dos días, cerca de 50 especialistas han abordado los retos a los que se enfrenta el derecho sanitario en la Comunidad de Madrid, en España y en la Unión Europea. En las nueve sesiones de debate, se han identificando los desafíos a nivel normativo y de gestión que afectan a la protección de la salud y los derechos de los pacientes. El cierre ha estado a cargo de la presidenta de la sección de Derecho Sanitario del ICAM, Esperanza Marcos, y la Directora General de MUFACE, Myriam Pallares.

Entre los temas que se han debatido, están los aspectos jurídicos de la actual Atención Primaria y Especializada; la garantía del derecho a la atención médica de urgencias extrahospitalarias y hospitalarias; el derecho a la atención sociosanitaria del mayor; el derecho al consentimiento informado en menores; los derechos y obligaciones en la era de la neurociencia; la asistencia Sanitaria transfronteriza en la UE; y el papel de aseguradoras y mutuas sanitarias en la medicina privada y concertada.