Un guardia civil declara en el juicio de los ERE que Lanzas actuó como conseguidor

Un sargento de la UCO de la Guardia Civil que instruyó los atestados sobre las ayudas de la Junta de Andalucía a las empresas Gres de Vilches y Manufactura del Corcho (Samec), ha declarado este miércoles en el juicio de los ERE que en la investigación constataron que el antiguo sindicalista Juan Lanzas cobró el 15% de la ayuda conseguida para Samec. El sargento es el segundo testigo que declara en el juicio de la pieza política del caso de los ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un «procedimiento específico» con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos.

A preguntas del fiscal, el agente ha explicado que tanto Samec como Gres de Vilches recibieron ayudas sociolaborales de la Junta para prejubilar a trabajadores en el marco de sendos ERE y en el caso de Gres de Vilches recibió además tres ayudas de empresa. En la investigación, el administrador de Samec declaró que un conocido de Lanzas «le ofreció la posibilidad de que la Junta financiara pólizas de prejubilación» de trabajadores de su empresa «siempre que fuera a través de Lanzas» y a partir de ahí fue el exsindicalista quien realizó todos los trámites.

Según el agente, se pudo constatar que Samec hizo «un contrato de colaboración con Lanzas, que había conseguido que la ayuda llegara a la empresa, y ese contrato consistía en que él hacía todos los trámites y se le cedía el 15 % de la ayuda a la empresa», lo que suponía «unos 500.000 euros». En el caso de Gres de Vilches, las declaraciones de los administraciones revelaron que la empresa conoció la posibilidad de acceder a este tipo de ayudas «a través del señor Bordallo de Vitalia». El investigador ha señalado que en los ERE de ambas empresas se identificaron prejubilados que no habían trabajado en las mismas (los llamados «intrusos»).

Del estudio de la documentación sobre las ayudas se desprende que no había solicitud ni resolución de concesión ni comprobación de los requisitos de los beneficiarios. El fiscal le ha preguntado si vio órdenes de pago de las ayudas firmadas por el exdirector de Trabajo Juan Márquez con el visto bueno del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y ha dicho que sí en el caso de Gres de Vilches. Su interrogatorio ha sido mucho más breve que el del jefe del grupo de delincuencia económica de la UCO, que estuvo respondiendo a las preguntas de las acusaciones y las defensas anteayer y ayer.