Baleares aprueba una ley para frenar el “turismo de borrachera” y el ‘balconing’
El decreto ley contempla la expulsión de los hoteles de los turistas que hagan ‘balconing’
El Gobierno de Baleares ha aprobado un decreto pionero en Europa que busca acabar con el llamado turismo de borrachera y que prohíbe la publicidad sobre el consumo de alcohol, las barras libres y otras prácticas en las zonas de la Playa de Palma y Magaluf en Mallorca y el West End de Sant Antoni, en Ibiza. Además, contempla la expulsión de los hoteles de los turistas que hagan balconing.
El decreto ley prohíbe también en estas tres zonas los pubcrawls, las happy hours, las ofertas como los 2×1, los autodispensadores de alcohol y la venta de bebidas alcohólicas en las tiendas entre las 21:30 y las 08:00 horas. Tras la aprobación de esta ley, las bebidas deberán cobrarse a un precio unitario, sin posibilidad de promoción alguna y en los hoteles y restaurantes de estas tres zonas solo se podrán ofrecer a los clientes tres bebidas alcohólicas por persona en comidas y cenas.
Los turistas que practiquen o permitan el balconing -saltar de un balcón a otro o lanzarse desde la terraza a la piscina- en cualquier hotel de Baleares podrán ser expulsados «inmediatamente» del establecimiento en cuestión y se enfrentarán a multas de entre 6.001 a 60.000 euros. El hotel, además, tiene la obligación de que no continúen alojados.
Además, este nuevo decreto ley limita las fiestas en embarcaciones en la costa y se suspende la concesión de nuevas licencias hasta la regulación de esta actividad en un plazo de 24 meses y los barcos que cuentan con licencia no podrán embarcar ni desembarcar a los turistas en ninguna de estas tres zonas.
El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha presentado esta nueva norma que pretende «combatir el turismo de excesos», fomentar el civismo y promocionar Baleares como un destino de calidad en el mundo.
El decreto ley tiene una vigencia de cinco años y se aplicará de manera inmediata. La norma respetará los contratos ya firmados entre turoperadores y hoteleros para evitar cualquier situación de inseguridad jurídica.
