El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática[contexto id=»382847″] que, entre otras cosas, dispone una regla para que aquellos nacidos en el extranjero con padre, madre, abuela o abuelo españoles puedan adquirir la nacionalidad.
En contexto: con la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno busca la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista; el reconocimiento de todos aquellos «que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual».
«Como medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio, se dispone una regla para la adquisición de la nacionalidad española para nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia», han asegurado desde el Ejecutivo. Además, los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales podrán adquirir la nacionalidad española «por carta de naturaleza».
El texto también recoge la abolición de todas las fundaciones que hagan apología del franquismo o que inciten al odio o violencia contra las víctimas del Golpe de Estado. Esto, previsiblemente, supondrá la ilegalización de la Fundación Francisco Franco Bahamonde, la cual ya ha asegurado que se irá al extranjero en caso de ser ilegalizada.
Asimismo, el anteproyecto declara ilegales, nulos y sin ningún efecto todos los consejos de guerra y demás procesos (con las sentencias correspondientes) instruidos por causas políticas durante el régimen, como, por ejemplo, el caso de Lluís Companys i Jover, presidente catalán durante la II República que sería fusilado por el franquismo.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ya avanzó la semana pasada que esta iniciativa también permitiría poner en marcha un plan de exhumaciones sufragado con recursos públicos y la creación de un censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, siguiendo la recomendación de las Naciones Unidas.
Por otro lado, se creará una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos; se revisarán las distinciones, condecoraciones y títulos concedidos por el régimen; y se recuperará el Valle de los Caídos para convertirse en un «lugar donde se expliquen los crímenes del franquismo».
La norma, que arranca ahora su tramitación, recupera la senda que ya abrió la ley de memoria histórica aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.