Los juicios represivos del franquismo serán nulos de pleno derecho gracias a la nueva Ley de Memoria Democrática
Francisco Seco | AP
La nueva Ley de Memoria Democrática[contexto id=»382847″] cuyo anteproyecto ha aprobado este martes el Consejo de Ministros prevé declarar «nulos de pleno derecho» los juicios sin garantías del franquismo, transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil y dotar al Estado de recursos para recuperar restos de las fosas comunes.
Lo más importante: la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha explicado en rueda de prensa que se trata de un «texto urgente» porque la democracia «no podía permitirse seguir un día más sin tener encima de la mesa una ley como ésta» que va a permitir «homologar» la democracia española a las más avanzadas del mundo, al tener muy en cuenta la normativa de defensa de derechos humanos.
Calvo ha dicho que el nuevo texto plantea transformar el Panteón de Hombres Ilustres en un Panteón de España donde se reconozca el valor histórico de hombres y mujeres españoles, así como incorporar la memoria democrática al currículum educativo.
La habilitación de un banco de ADN que facilite la identificación de los restos todavía pendientes de recuperación en miles de fosas comunes aún no exhumadas y la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para proteger los derechos de las víctimas de la represión y la dictadura son otras novedades de esta iniciativa.
Calvo ha anticipado que el desarrollo de esta nueva norma, que actualiza la Ley de Memoria Histórica de 2007, será muy largo, y como se tardará «mucho tiempo» en aplicar se prevén planes cuatrienales que garanticen su viabilidad presupuestaria y culminar la pretendida reparación de las víctimas del franquismo.
En esta línea, se incluye la atención a colectivos reprimidos por la dictadura como los gitanos o los homosexuales y se contará, ha dicho Calvo, con las asociaciones memorialísticas para su impulso.
Respecto a entidades como la Fundación Francisco Franco, el anteproyecto contempla que no podrán existir, ha señalado, asociaciones sostenidas con recursos públicos «que promocionen el totalitarismo o enaltezcan figuras dictatoriales», como ya ocurre en otros países europeos.
La protección de los archivos que permitan recuperar la memoria, el impulso a la investigación de episodios históricos represivos, e incluso el retorno de fondos documentales a España del exilio también se incorporan a esta Ley de Memoria Democrática.
Además, se incluye el establecimiento de dos fechas conmemorativas, el 31 de octubre, cuando las Cortes aprobaron la Constitución, y el 8 de mayo, fecha de la liberación europea del nazismo, para recordar a las víctimas de la dictadura y a los exiliados españoles, respectivamente.
