Macrooperación policial en Cataluña por el presunto desvío de fondos de cooperación al procés
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado una macrorredada en Cataluña contra el presunto desvío de fondos públicos a entidades implicadas en el ‘procés’ y la celebración del referéndum del 1 de octubre. La operación incluye el registro de la sede de la Diputación de Barcelona y de varias consejerías de la Generalitat.
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado una macrooperación en Cataluña contra el presunto desvío de fondos públicos a entidades implicadas en el procés y la celebración del referéndum del 1 de octubre. La Policía ya ha detenido a 30 personas en el marco de la operación, denominada Estela, que incluye el registro de la sede de la Diputación de Barcelona, de varias consejerías de la Generalitat y de entidades sin ánimo de lucro y empresas catalanas.
Agentes de la UDEF y de otras unidades de la Policía Nacional están llevando a cabo esta redada simultáneamente en Barcelona, Tarragona y Girona. La operación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona.
Este Juzgado investiga desde hace más de un año un entramado por el que se habría defraudado un mínimo de dos millones de euros a través de subvenciones irregulares en materia de cooperación al desarrollo con países de América Latina, Marruecos o Bosnia, entre otros, desde la Diputación de Barcelona mediante varias entidades entre los años 2012 y 2015.
En el marco de esta causa, que está secreta, el magistrado ha acordado la práctica de 20 entradas y registros en oficinas profesionales, despachos, domicilios y empresas (entre ellas la Oficina de Cooperación al Desarrollo o la sede de CATmón) ubicadas en Barcelona, Manresa, Olot, Tordera, Cabrils y Reus, entre otras. La causa está abierta por los delitos de malversación, prevaricación, negociación prohibida a funcionario público, falsedad y fraude en subvenciones, informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La Policía Nacional ha detenido por su supuesta relación con la trama a Salvador Esteve, exalcalde de Martorell (Barcelona) y expresidente de la Diputación de Barcelona y de la Asociación Catalana de Municipios (AMC), que reúne a ayuntamientos de la órbita nacionalista, según fuentes de la investigación.
Entre los detenidos figura además Joan Carles García, alcalde de Tordera por CiU (Barcelona) y diputado provincial de Barcelona, así como Víctor Terradellas, exresponsable de Relaciones Internacionales de CDC, fundador de la entidad CATmón y vinculado al mundo de la cooperación internacional, según las mismas fuentes.
También han sido arrestados el subdirector de Cooperación Local de la Generalitat y exdirector de la Diputación de Barcelona Jordi Castells, a quien las fuentes consultadas consideran uno de los máximos responsables del desvío de fondos. Otra de las detenciones que los investigadores consideran relevante es la de Guadalupe Moreno Iturriaga, jefa de la Oficina de Cooperación y Desarrollo de la Diputación de Barcelona.
La operación contra esta trama de corrupción es el resultado de dos años de una laboriosa investigación realizada por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal.
Los presupuestos de 2017 de la Generalitat destinaron a la cooperación internacional 17,4 millones de euros repartidos entre la Consejería de Relaciones Institucionales y Exteriores y la Agencia Catalana de Cooperación.
El PDeCAT considera que «no había pruebas e intentan inventarlas»
El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, cree que la operación policial de hoy por posible malversación es una «demostración muy evidente» de que «no había pruebas» y que la acusación del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra el anterior Govern «no estaba fundamentada», y ahora «intentan inventárselas».
📺 @carlescampuzano a @elsmatins: “Estem davant d’un nou intent de l’Estat espanyol de fonamentar la malversació. És la vocació que tenen de situar el conflicte amb Catalunya en el terreny de l’acció policial” pic.twitter.com/euUrc8oHiT
— PDeCAT – Espai CiU (@Pdemocratacat) May 24, 2018
En declaraciones a TV3, Campuzano ha señalado que esta operación policial es una «demostración muy evidente» de que la instrucción del juez Llarena contra los miembros del Govern por presunta malversación de fondos públicos «no tenía ningún fundamento legal, porque ahora están buscando pruebas que no disponían».
«Es una demostración de cómo el Estado está retorciendo la legalidad vigente para inventarse delitos que no existen«, ha recalcado el portavoz del PDeCAT en la cámara baja, y ha agregado que «en ningún momento ha habido malversación» por parte de los miembros del anterior Ejecutivo catalán.
