Malestar en RTVE por la reconversión de sus centros territoriales en plena vorágine electoral
Temor a un nuevo ‘bombardeo ideológico’ en Andalucía y Valencia con nuevas externalizaciones a productoras afines
José Pablo López, en su comparecencia ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE. | Fernando Sánchez (EP)
RTVE trabaja a toda prisa para convertir sus centros territoriales en centros de producción. En este sentido, el pasado mes de febrero se firmó el acuerdo para dar este paso en los centros de Andalucía y la Comunidad Valenciana; un acuerdo que ha despertado suspicacias entre los trabajadores del ente público.
Los firmantes fueron el presidente de la corporación, José Pablo López, y los sindicatos UGT, SI y USO. Quedó fuera de la firma Comisiones Obreras, un hecho insólito que no ha pasado desapercibido en RTVE, donde CCOO es una de las fuerzas mayoritarias. «Nos han dejado fuera y no es serio», señalan fuentes de este sindicato consultadas por THE OBJECTIVE.
Los motivos detrás de esta jugada, señalan trabajadores del ente, responden más a motivos políticos e ideológicos que de gestión de los recursos.
La reconversión de los centros territoriales de RTVE se enmarca dentro de la actualización de sus convenios colectivos y normativas internas, buscando adaptar sus estructuras a un modelo de producción más digital y cercano, siguiendo lo establecido en el II Convenio Colectivo de la Corporación.
En este sentido, los firmantes aseguran que el acuerdo dará «un impulso a la producción interna» en las delegaciones de Andalucía y Comunidad Valenciana. Sin embargo, las fuentes de la cadena consultadas por este periódico temen justo lo contrario: mayor externalización de los contenidos y, aún peor, «una réplica a nivel autonómico del modelo de Torrespaña-Prado del Rey».
Los trabajadores del ente público hablan abiertamente de una jugada que pasaría por la contratación de productoras privadas para replicar formatos como Mañaneros 360 a nivel regional. «De este modo, se evitaría la fiscalización de los contenidos por parte del Consejo de Informativos, a la vez que se aceleraría la difusión de mensajes partidistas en plena avalancha electoral». Señalan que «existe un temor nada infundado a un nuevo bombardeo político ejecutado por productoras externas afines al Gobierno central».
Sin memoria económica y sin CCOO
Otra grieta abierta en esta firma es la de la falta de concreción económica. El acuerdo no desarrolla presupuestos ni plantillas para llevar a cabo este proceso de conversión, lo que deja paso a las productoras externas para que campen a sus anchas en el proceso. «Esto ya lo vivimos a nivel nacional, cuando se pidió ‘más colmillo político’ y terminaron instalándose en RTVE productoras como Cometa o Mediapro hasta copar la línea informativa de la casa», recuerdan.
En cualquier caso, algo que ha llamado poderosamente la atención en este acuerdo ha sido la exclusión de CCOO de las negociaciones y firma del mismo. Desde la central sindical revelan a THE OBJECTIVE que la intención de sus representantes era la de adherirse al proceso. «Nos hemos sumado a todas las campañas de internacionalización de los contenidos y de repente nos dejan fuera», señalan. Algo que alimenta las sospechas de externalización y sobre las intenciones de la dirección de RTVE de sumar contenidos afines al Gobierno en vísperas de las carreras electorales que se avecinan y cuya próxima cita es precisamente en Andalucía el próximo 17 de mayo.
Desde la dirección de RTVE y los sindicatos firmantes, por su parte, defienden el acuerdo y descartan injerencias políticas en el mismo. «El propio José Pablo López planteó la fecha del 30 de junio para presentar resultados, con lo cual es difícil que se quiera influir en el proceso electoral de Andalucía», señalan fuentes cercanas a la dirección del ente público. Las centrales sindicales también defienden la conversión de los centros territoriales en centros de producción, «una reclamación histórica para estos dos centros y para toda la estructura territorial», destacan.
La gestión de RTVE, fiscalizada en el Senado
El acuerdo para reconvertir estos centros avanza en paralelo a una nueva ofensiva fiscalizadora sobre RTVE. Hace unos días, el Partido Popular anunció la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la «corrupción directiva, financiera y patrimonial» del ente; concretamente ante el cuestionamiento constante de su línea informativa y la ocultación de informaciones de corrupción que afectan al presidente del Gobierno.
Un anuncio que fue rechazado de pleno por la dirección de la Corporación, que considera que la comisión nace en «un intento de tutela hacia los profesionales que puede generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo».