Moncloa quiere una mayoría de PSOE y Sumar en RTVE para controlar el ente hasta 2030
El Gobierno pretende asegurarse ocho de los 15 futuros miembros del consejo para evitar vetos de ERC, Junts y Bildu
Óscar López, ministro de Transformación Digital. | Gustavo Valiente / Europa Press
El Gobierno ha dado este martes el golpe definitivo para asaltar Radio Televisión Española (RTVE), tres años después de forzar la salida de un presidente elegido por el Congreso y tras imponer a dos presidentas interinas, la primera de ellas declarada actualmente en rebeldía. Y para lograr este objetivo ha ideado un nuevo sistema de control que —bajo una aparente pluralidad— busca tener el absoluto dominio de la televisión pública hasta al menos 2030, con un presidente designado a dedo, y completamente afín a Pedro Sánchez, y sin apenas oposición en su futuro consejo de administración.
Fuentes conocedoras consultadas por THE OBJECTIVE indican que el plan de Moncloa es simple y pasa por tener la mayoría en este consejo de administración para los próximos seis años, periodo establecido en el nuevo decreto para el mandato del organismo. Un objetivo que se puede conseguir con ocho vocales designados por el PSOE y Sumar de los 15 que se deberán elegir entre todos los grupos políticos. El Gobierno sabe que en estos momentos la formación de Yolanda Díaz es la única que puede garantizar fidelidad al equipo del presidente y a sus asesores liderados por José Miguel Contreras.
La experiencia de los últimos meses indica que Sánchez no se puede fiar de ningún partido para asegurarse un núcleo duro que le permita controlar RTVE y por ello optará por el camino más corto —y el menos democrático—, que pasa por tener los representantes necesarios para frenar cualquier conato de revuelta del resto de formaciones que quedarán representadas en la cadena pública. Esto evitará también que tengan que pagar peajes en el futuro a independentistas para llegar a acuerdos en el seno de este órgano de control.
Entrada de Bildu
Para ello quieren tener al menos cinco vocales del PSOE y tres de Sumar (ocho entre los dos) que les otorguen una mayoría simple en RTVE, que se reforzaría con el voto doble del futuro presidente (o presidenta) que en todos los escenarios será designado por Moncloa. La idea es repartir los demás sillones entre los partidos restantes, asegurando uno para el PNV, Junts, ERC e incluso Bildu. También podría caer otro en Podemos —si es que se pliegan a las exigencias de Moncloa— y otros dos para el PP.
El nuevo sistema otorga la elección de 11 vocales al Congreso de los Diputados (antes eran seis) y otros cuatro al Senado. Como el PSOE tiene mayoría con sus socios en las Cortes, se elegirá la mayoría de sus aliados en esta institución: tres del PSOE, tres de Sumar y uno para PNV, Junts, ERC, Bildu y Podemos. En el Senado se haría una elección de dos del PSOE y otros dos del PP, ya que allí la mayoría es de estos dos partidos. Si el PP fuerza la elección de tres candidatos en esta cámara, el partido de Gobierno recuperará un representante en el Congreso.
Una composición mediante la cual el Gobierno quiere reforzar la mayoría de la investidura, incluso si esto significa dar entrada por primera vez en instituciones del Estado a Bildu, que sigue sin censurar los atentados de ETA y que ha incluido a condenados por terrorismo en sus listas electorales. Eso sí, siempre asegurándose de que no perderán el control del consejo de administración de RTVE ni en el medio, ni en el largo plazo.
Consejo de RTVE
Es así como el consejo de RTVE «más plural de la historia», según Óscar López, no será más que una nueva fórmula para que el PSOE asegure una fidelidad que había perdido hace meses. Tampoco es casualidad que este cambio haya sido impulsado por un fontanero de Moncloa reconvertido en Ministro de Transformación Digital, precisamente para ejecutar este tipo de movimientos políticos al servicio de Pedro Sánchez. Este diario ya informó hace semanas que la principal función de esta cartera sería ahora controlar los medios.
En los últimos meses, el consejo de administración de RTVE se había vuelto ingobernable, al mismo tiempo que el PSOE veía diluirse la mayoría conseguida con el nombramiento de José Manuel Pérez Tornero como presidente. En el consejo original nombrado en 2021, el partido de Gobierno tenía cuatro representantes, incluyendo el presidente, el PP tenía tres, Unidas Podemos dos y el PNV uno, fruto de la composición del Parlamento en la anterior legislatura.
Pero todo se torció en septiembre de 2023. Moncloa forzó la salida de Pérez Tornero por desacuerdos con Podemos y nunca se sustituyó este sillón. El PSOE perdió a uno de sus cuatro representantes, aunque logró mantener la presidencia —cedida a Elena Sánchez— gracias a sus acuerdos con la izquierda y el PNV. No obstante, esta mayoría precaria saltó por los aires por el choque de la presidenta con el equipo de Contenidos liderado por José Pablo López, hombre de confianza de José Miguel Contreras y del Gobierno de Pedro Sánchez.
Elena Sánchez
En Semana Santa, todo colisionó tras el enésimo veto al programa de David Broncano en el consejo de RTVE. Elena Sánchez y López fueron destituidos y Concepción Cascajosa, la última representante del PSOE junto con Ramón Colom, asumió el cargo de presidenta interina. Pero el Gobierno perdía a otro miembro, ya que la saliente primera directiva nunca volvería a votar alineada con el Gobierno.
Para más inri, los vocales de izquierda separaron sus caminos y el representante de Podemos también dejó de seguir las directrices del Ejecutivo. A día de hoy, la presidencia provisional de Cascajosa está caducada y la mitad del consejo expiró su mandato hace más de seis meses. Una situación de evidente desgobierno.
Una historia que el Ejecutivo no quiere repetir asegurándose la fidelidad de Sumar y de sus propios vocales en representación del PSOE. Para ello también han comenzado la búsqueda de un presidente para RTVE y expertos fieles que garanticen el control de la corporación pública hasta que Sánchez vuelva a convocar elecciones. El mandato es de seis años a contar desde el nombramiento previsto para dentro de un mes y medio como máximo, con posibilidad de una reelección, aunque nadie cree que el organismo que nazca este año será renovado en 2030.
