Multa histórica a España por el retraso en proteger el uso de datos personales por la Policía

Política y conflictos

Multa histórica a España por el retraso en proteger el uso de datos personales por la Policía
Foto: Chema Moya| EFE

La Unión Europea ha puesto dos multas históricas a España por no transponer su directiva sobre la protección de datos de los ciudadanos en los tratamientos que de ellos hagan las Fuerzas de Seguridad del Estado, los órganos judiciales y la Fiscalía: una de 15 millones de euros y una segunda de 89.000 euros diarios desde que se dictó la sentencia, el pasado 25 de febrero de 2021, hasta que se apruebe la nueva ley orgánica que incorpora esta directiva europea.

Lo más importante: la nueva ley aún se está tramitando en el Senado, pese a que la directiva fue aprobada en 2016 y el plazo para incorporarla al ordenamiento español finalizó en 2018. El Ministerio sobre el que recae la responsabilidad de la transposición de la directiva es el de Interior, el de Fernando Grande-Marlaska.

Para el TJUE, España no cumplió con sus obligaciones relacionadas con una directiva aprobada por el Parlamento y el Consejo Europeo en 2016, sobre protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.  «Considerando la seriedad y la duración de la infracción, el tribunal ordena a España que pague a la Comisión una suma de 15 millones de euros», con una multa adicional de otros 89.000 euros diarios por la demora en adaptarse a la Directiva.

Después de la adopción de esa normativa, los países del bloque tenían de plazo hasta mayo de 2018 para incorporar as disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias a su régimen legal interno, o al menos comunicar los pasos dados en ese sentido.

La sentencia ataca la pasividad de España y no acepta como justificación la invocada «excepcionalidad de la vida política española» en ese periodo por los cambios de Gobierno o las dos elecciones. El nuevo Ejecutivo de coalición habría tenido tiempo en este año y medio para aplicar el cambio a la legislación española.

La sentencia defiende que con esta directiva aún sin aplicar «se establece un marco para la protección de los datos personales sólido y coherente con el fin de garantizar el respeto del derecho fundamental a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales».

El Ministerio del Interior es el responsable de preparar el anteproyecto de ley orgánica para transponer la directiva europea, por lo que el retraso se puede imputar a dicho departamento y, por extensión, a todo el Gobierno.