La amnistía que viene... y la que se va
«Sánchez ha confirmado en Bruselas la supresión del escudo social en 2024, prueba de fe en la amnistía»
Sede de la Unión Europea. | Europa Press
El Fondo Monetario Internacional (FMI) se equivoca un rato, decía Zapatero con la intención de descalificar los peores augurios que llegaban una y otra vez desde los oráculos de Washington sobre las amenazas que acechaban a la economía de nuestro país en los tiempos previos a la Gran Recesión. Allá por finales de 2007, el entonces presidente socialista, con él empezó todo, se mostraba ocurrente ante todo el que quisiera oírle recordando con sorna que el organismo supranacional nacido en la conferencia de Breton Woods tras la Segunda Guerra Mundial estaba dirigido en aquellos momentos por Rodrigo Rato. Tres años después de hacer la triste gracia su Gobierno tuvo que abordar el mayor ajuste de gasto social con que un dirigente del PSOE se haya visto obligado a desnudar en público todas sus carencias, torpezas y desvaríos en la gestión de los recursos públicos en España.
La historia parece ahora repetirse trágicamente toda vez que la actual gerente del FMI, la economista búlgara Gueorguieva Kristalina, ha afirmado con la diáfana claridad que transmite su apellido la necesidad de que España revise cuanto antes el gasto del sistema público de pensiones y retire las ayudas contra la inflación. La única diferencia con Zapatero es que Pedro Sánchez no tendrá que afligirse ni cambiar el rumbo del país con una nueva llamada a las urnas como terminó haciendo en 2011 su antecesor porque el actual truchimán socialista se siente más liberado que nunca para cambiar de opinión y adaptar el relato político a sus insaciables ambiciones de poder. El precio a pagar es lo de menos para el actual presidente en funciones teniendo en cuenta que saldrá del bolsillo de unos ciudadanos que han dejado de actuar como electores para convertirse en sufridos contribuyentes.
En el Ministerio de Hacienda han adaptado el plan presupuestario para 2024 bajo el eufemismo de lo que allí llaman «el escenario fiscal inercial», un tapujo al uso para que los funcionarios de la Comisión Europea se queden tranquilos sin que la opinión pública en España se escandalice por la eliminación del célebre escudo social del que tanto ha alardeado el Gobierno durante los momentos duros de la crisis. Pedro Sánchez ha otorgado total prioridad a su agenda internacional y necesita que su amiga Ursula von der Leyen se ponga cuando menos de perfil en un gesto de respaldo tácito a su particular forma de retorcer el ordenamiento constitucional. La amnistía a la catalana es la única cuestión de Estado a la que se supeditan todas las demás decisiones en el inmediato futuro y eso obliga también a vestir de faralaes el cuadro macroeconómico con unas cifras que sean del agrado de Bruselas.
Alemania y Francia ningunean a Nadia Calviño
El chalaneo con los tecnócratas comunitarios se traducirá más pronto que tarde en un programa de consolidación fiscal, entiéndase recortes de gasto público, que se antoja ineludible incluso para un especialista consumado del regate corto como es el actual presidente en funciones. Alemania y Francia decidirán a su mayor conveniencia el ajuste que las economías de la eurozona habrán de afrontar en sus cuentas estatales a partir del próximo año. Pero antes de que las dos grandes potencias ninguneen del todo a Nadia Calviño en la puesta en marcha de las nuevas reglas fiscales, la vicepresidenta se ha tragado sin rechistar el primer envite que supone la retirada de golpe y porrazo de las rebajas del IVA destinadas a aliviar el peso de la cesta de la compra y frenar la escalada del recibo de la luz y del gas.
«La reactivación del IVA energético y demás impuestos a la electricidad aumentará la factura de la luz y el gas hasta casi un 30%»
En el caso de los alimentos, los consumidores están ya curados de espanto porque los productos de primera necesidad llevan tiempo instalados en las nubes. Serán principalmente las grandes superficies las que perderán una coartada para seguir incrementando los márgenes comerciales y compensar otros costes operativos de su negocio. En el sector de la distribución, quien más y quien menos ha hecho de su capa un sayo, aprovechando el momento inflacionista y la incompetencia flagrante de los poderes públicos. Más allá de las amonestaciones verbales de Yolanda Díaz para sumar puntos en su acicalado postureo político, lo cierto es que las autoridades de Competencia de la CNMC se han declarado insolventes para meter en vereda a las empresas y no digamos nada del ínclito Alberto Garzón, el ministro de Consumo desaparecido desde mucho antes de iniciarse el combate contra los estratosféricos precios.
Desaceleración económica pero mayor inflación
El trompazo más doloroso vendrá dado por la involución del recibo de la luz que recuperará toda su carga impositiva. No se puede decir que a Hacienda le haya ido nada mal hasta ahora con la recaudación del llamado IVA energético, que ha alcanzado incrementos de casi 3.000 millones de euros en 2022 a pesar de las rebajas fiscales introducidas paulatinamente en los dos últimos ejercicios. Pero Sánchez necesita renovar sus votos como defensor de la ortodoxia presupuestaria y su condición como jefe de turno de la Unión Europea no le permite prorrogar ninguna de estas bonificaciones. Dicho en otras palabras, los hogares españoles tendrán que asumir subidas en su factura energética cercanas al 30% durante el próximo año y eso sin contar las graves repercusiones que se barruntan en la cotización internacional del petróleo tras la guerra desatada en Oriente Próximo.
Pese a la desaceleración económica que empieza a atisbarse en esta segunda parte del año es previsible que España sufra un nuevo shock inflacionista y se convierta en el país de la eurozona con mayor incremento del IPC en el conjunto de 2024. A pesar de los pesares, el Gobierno se obstina en no bajarse de la moto, confiado en la misma inercia a la que ha apelado Sánchez para quitarse la máscara ante Europa. El presidente en funciones está totalmente convencido del apoyo de Puigdemont y del resto de grupos nacionalistas a un acuerdo de investidura que evite el riesgo de nuevas elecciones. Si hubiera la más mínima intención, presagio o duda al respecto la vicepresidenta Calviño no habría enviado a Bruselas un plan presupuestario a pelo y sin anestesia. La eliminación de las medidas de gracia contra la inflación es la prueba del nueve de la amnistía política que Sánchez está seguro de pactar con los independentistas de Cataluña.
