Iniciativas contra la Transición
«La nueva categoría de víctima se abre paso, en un intento de deslegitimar la ingente labor de reconciliación y progreso que supuso aquel proceso democratizador»
Las tres víctimas del caso Almería.
Desde que en 2014 el escritor y periodista Mariano Sánchez Soler escribiera el interesante libro La Transición sangrienta se abrió un nuevo campo de investigación y debate sobre la violencia en aquel periodo histórico, pues la tesis principal fue que se había prestado poca atención a la no desdeñable intensidad de la violencia política como por otro lado tantas víctimas del terrorismo separatista -el grueso- saben. Si bien todos tenemos presente la violencia provocada por el grupo ETA -porque algunos de sus miembros apoyan al Gobierno, porque duró hasta hace solo once años o porque el dolor causado en número y vileza es abrumador- esta nueva línea de investigación abrió paso a estudiar diversos casos de errores policiales. Quizá por su desconexión entre unos y otros, porque fueron ya juzgados y sus autores condenados o porque no se han creado asociaciones suficientemente representativas, no están tan presentes en el revisionismo al que el populismo nos tiene acostumbrados, ni en el recuerdo que legítimamente sus familiares reclaman.
De esto trató el desafortunado y fallido acto que Unidas Podemos, con la aquiescencia del Gobierno a través de la presencia e intervención del director general de Memoria Histórica, celebró el pasado 18 de noviembre en una sala del Congreso de los Diputados bajo el título ‘Víctimas de la Transición y ley de Memoria Democrática’, porque, efectivamente, la nueva categoría de víctima se abre paso, en un claro intento de deslegitimar la ingente labor de reconciliación y progreso que supuso aquel proceso democratizador. Precisamente todo lo contrario de lo que algunos pretender contarnos.
Se trató de la presentación de un voluntarioso documental que con muy modestos medios ha realizado un colectivo cántabro sobre el (des)conocido caso Almería, cuando tres jóvenes montañeses fueron a una celebración familiar en aquella provincia y durante el trayecto una patrulla de la Guardia Civil les identificó erróneamente con el comando terrorista que dos días antes había atentado contra el teniente general Valenzuela, en el que murieron asesinados tres de sus acompañantes. Se les detuvo, aparentemente se les torturó y murieron -no se sabe bien si como consecuencia de las torturas o de un ametrallamiento posterior- por lo que sus autores fueron juzgados y condenados a entre doce y veinticuatro años de prisión.
«Ya decía José Pedro Pérez-Llorca que en España solo se cumplen dos leyes, la ley del embudo y la ley de la gravedad, y esta última no siempre»
Este luctuoso y fortuito crimen ha sido ágilmente manipulado por los guardianes de la memoria para elevarlo a categoría hasta el punto de calificar a estos tres pobres jóvenes como luchadores por la democracia buscando una motivación política, cuando no se les conocía ninguna actividad en este sentido. «Una cosa no es necesariamente verdad porque una persona muera por ella» decía Oscar Wilde.
La manipulación del dolor ajeno con motivos políticos es marca de la casa, la respetable reivindicación de una familia rota por el dolor es utilizada para elevar un triste hecho aislado a categoría. Porque no olvidemos que ya en la segunda línea de la exposición de motivos en la Ley de Memoria Democrática se habla de holocausto, y unos párrafos más adelante de la violencia practicada por el franquismo «de manera sistemática y generalizada» con la esperanza -no solo de equiparar franquismo con nazismo- sino de que en algún momento el embudo haga que los abusos policiales puedan convertirse en crímenes de lesa humanidad, categoría jurídica que por su propia definición no existió durante el anterior régimen. Pero al tiempo, ya decía José Pedro Pérez-Llorca que en España solo se cumplen dos leyes, la ley del embudo y la ley de la gravedad, y esta última no siempre.
La recientemente aprobada Ley de (des)Memoria (no)Democrática que muchos calificamos -entre otras cosas- como un brindis al sol por su imposible cumplimiento lleva camino de contradecirnos, y el acto que se celebró el viernes es la muestra de que tomadas y reforzadas las posiciones del victimario franquista le toca el turno a la Transición, ese periodo que -en palabras del director general de Memoria Democrática «no puede caer en una leyenda rosa», o en palabras de Marina Velarde, diputada de Unidas Podemos y ponente de la Ley, es un período caracterizado por «la sangre derramada, la represión, la tortura y los asesinatos», en una suerte de España negra al estilo de Los juegos del hambre.
Esta ley no trata solamente de un conjunto de normas aisladas, sino de una sucesión de preceptos y de decisiones políticas que empezaron con la ‘doctrina Garzón’ al pretender abrir un proceso penal a Franco, continuó con la Ley de Memoria Histórica de Zapatero y le sucede la Ley de Memoria Democrática que deroga en la práctica la anterior.
Esta tercera vuelta de tuerca en el plan gubernamental para derogar la Ley de Amnistía de 1977 (pues esta es la primera pieza del dominó) , más allá de facilitar las exhumaciones -que no dejan de ser un señuelo- lo que pretende es continuar con un plan programado de hondo calado estratégico de mutación de nuestro ordenamiento constitucional, porque esta ley, no solo contraviene el espíritu de reconciliación de nuestra Transición, sino muy probablemente la letra de la Constitución. Es pues, una ley de ánimo vengativa, de tono hosco y «gesto agrio» que «solo puede ofender a tantos como contenta».
