La quiebra moral
La famosa coalición progresista camina hacia la disgregación de la patria
Carles Puigdemont y Pedro Sánchez. | Ilustración: Alejandra Svriz
En la Constitución se declara el estado autonómico. Sirve para que las regiones marquen sus reglas respetando la unidad de España, así que cada colectivo, uno por CCAA, se otorga derechos a través de los diferentes estatutos. Los representativos, en la vertiente del dinero, son los conciertos económicos vasco y navarro. Los conciertos nacen directamente de los fueros que negó el franquismo durante la larga dictadura, lo que legitima también fuera del independentismo, y en especial frente al independentismo.
Hay multitud de navarros y vascos que no buscan la separación de España, que superan en votos a los cainitas de la autodeterminación. Al gobierno socialista le da bastante igual el deseo de la mayoría. En las generales la gente votó en contra de la futura coalición gubernamental de PP y Vox, no votó a favor solo de Sánchez. Las elecciones generales no fueron un plebiscito sobre la presidencia, lo que pretende colarnos el PSOE, y desde luego las elecciones no fueron un aval para el sanchismo y un PSOE forjado hoy más que nunca en la muerte civil de la disidencia. La dirección de ese partido poco obrero y poco español reza al fantasma de Largo Caballero, la cabeza del PSOE de entonces que abrazó a la dictadura de Primo de Rivera.
El PP ganó las generales, por poco, cierto, pero las ganó. Feijoo ha aprendido de los errores. El PSOE busca la sumisión de la mayoría a la minoría, persigue la demonización de los españoles que no le rinden pleitesía. El PSOE habla a menudo de la fiesta parlamentaria. Tiene poco de democrático que la nación se rebaje ante el 6% de los votos, los independentistas. El PSOE explica que la democracia está por encima de la ley, una afirmación de autoritarismo cuando la Constitución fue aprobada en las urnas.
Comienza una legislatura marcada por la fuerza sin la razón, la que de ordinario está en el lado de los secesionistas. El gobierno permitió porque no los criticó los actos vandálicos de los podemitas y ahora perdona las avalanchas bárbaras de los independentistas. El gobierno legitima la violencia cuando sus aliados la ejercen. En toda la legislatura se sucederán los ataques antidemocráticos de los fascistas de ultraderecha y de los posfascistas podemitas. El PSOE es un partido socialista democrático, del corte de los partidos de Europa del Este nacidos tras la caída del muro, una organización que ya perdió por completo las señas de identidad de la socialdemocracia, en la que cabe, a su derecha, el social liberalismo. Únicamente los ingenuos piensan que las va a recuperar.
Tenemos por un lado los conciertos y por otro el resto de las competencias, en Euskadi, Navarra y las demás regiones. Hemos llegado a tal punto de cesiones que solo nos igualan en transferencias, en lo que compete a la organización territorial, Estados Unidos, Canadá, Australia y Alemania, lo que significa que vivimos, de facto, en un estado federal que debe volver y avanzar al tiempo en la armonización autonómica. Esta realidad, no hay otra se dé la interpretación que se dé, deja poco margen por arriba o por abajo.
Por abajo la recentralización no cabe desde la visión de la igualdad, que los que menos tienen accedan a los privilegios de los que más tienen. Cualquier restitución de las competencias al ejecutivo, las anteriores al pacto indigno, rebajarían las cotas de sanidad y educación alcanzadas por las CCAA. Esas devoluciones legislativas herirían a las clases medias y más si cabe a las obreras. La recentralización inicia la merma del estado autonómico. Una nueva fuerza política con las aspiraciones legítimas debe ser socialdemócrata y autonomista. Con estas dos patas más un mínimo de implantación territorial podría presentarse a las elecciones europeas. Sin fijar estatutariamente su aspiración autonómica no sacará votos en Galicia, País Vasco, Cataluña, Valencia y Baleares.
Por arriba el gobierno nos intenta vender que existe una excepción catalana, lo que convierte a España en su trato con un único territorio, Cataluña, en un estado más confederal que autonómico. Lo confederal, sin haber ley que lo sustente, deriva en la ruptura de la nación, que veremos cuando se consume el referéndum catalán. Ceder a Cataluña la Seguridad Social, parte del acuerdo de investidura, quiebra en la base el sentido de la igualdad. Los pensionistas catalanes verán su poder adquisitivo aumentado sobre el resto de los españoles.
La famosa coalición progresista camina hacia la disgregación de la patria. Hay un gobierno del PSOE y Sumar que no podrá aprobar ninguna ley de derechos sociales cuando precise los votos de Junts, que va a ser siempre, caracterizado por configurar una derecha granítica. Siguiendo los recorridos del PNV y Junts se ve la escora de los catalanes a posiciones neoliberales puras y duras. Hay otra diferencia de fondo entre el PNV y Junts. A los vascos que no hablan euskera no se les perjudica en la administración pública. A los catalanes que se desenvuelven en castellano se les niega trabajar en la administración pública. El PSOE, en Cataluña, es el tercer partido independentista, y en el resto de España el primero.
Sumar, el PSOE y los independentistas pactan sobre un estado de varias naciones. No se encuentra ni una coma en la Constitución que mencione ni de pasada varias naciones dentro de España. La peligrosa deriva, el abismarse, la principió Zapatero al afirmar que Cataluña recibiría el estatuto que quisiera. Lo dijo y lo hizo. Más que mencionar el encaje territorial de Cataluña se debería abordar el encaje de los territorios en una ley de solidaridad y no de prevalencia, la que insulta a los territorios sin lengua cooficial, los más, y los ningunea. El cabreo de García-Page lo confirma.
Los voceros del gobierno airean las medidas que detendrán las exigencias independentistas. Las victimas somos los españoles y los verdugos los nacionalistas catalanes. Se llamó política de apaciguamiento a que en 1936 no hubiera sanciones a Alemania por su intervención en nuestra guerra civil. Acabó con la derrota de la República. Con el apaciguamiento siempre gana el que porta el arma. La aprobación de las leyes de malversación y sedición no aplacaron a los separatistas catalanes, les dio alas.
Nos empujaron a pensar que la amnistía les será suficiente. La historia demuestra lo opuesto. Los independentistas han subido la apuesta impulsados por los nuevos acuerdos. Lo que pasa es que la amnistía perdona a los terroristas, negando que hayan cometido un delito. Pillaron a los CDR, los terroristas catalanistas, con armas y explosivos destinados a perpetrar atentados, y así los juzgaron. Cuando los CDR ataquen de nuevo limpios de polvo y paja, y asesinen a alguien, la dirección del PSOE será corresponsable del crimen. Hay que subrayar que Aznar indultó a Terra Llure con razón. Sabía y acertó en que aquellos terroristas se disolverían.
Sabemos que el gobierno del PSOE maltrata a las víctimas y favorece a los etarras, la mayoría de la dirección de Bildu. En la misma línea, brindándoles la salida de la cárcel, los gobernantes agradecerán a los terroristas catalanes su esfuerzo por la paz. Ya lo decía Zapatero: Otegui es un hombre de paz. Sánchez hace lo propio con los rupturistas. No hemos escuchado ni a Otegui ni a los CDR condenar un atentado terrorista. La quiebra moral de la nación es un hecho.
