En busca de La Caixa perdida

Hace una semana, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, anunciaba en un diario de Barcelona el propósito explícito de crear «las condiciones para que las empresas que se fueron vuelvan a Cataluña». Pocos días antes, según fuentes de la máxima fiabilidad, me llegaba información sobre determinados miembros del partido de Puigdemont que han iniciado contactos con instituciones y entidades de ámbito privado y medios de comunicación para generar opiniones a favor del regreso de la principal entidad que salió de la comunidad catalana con motivo de los atropellos a la legalidad realizados por ellos mismos. Me refiero, como es fácil de suponer, a CaixaBank, que es la gran pieza a recobrar en esta cacería.

Los independentistas, pese a su enorme capacidad desestabilizadora, no tienen la menor oportunidad de actuación, salvo que en el Gobierno central a alguien se le ocurriera enfrentarse al mismo tiempo a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo y al Banco de España. No lo digo como un desafío a los partidos independentistas, sino como constatación de que cualquier decisión de normativa nacional que intente alterar el statu quo encontraría, a buen seguro, la oposición de las tres instancias mencionadas. Y eso parece mucho hasta para la osadía y las urgencias de Sánchez.

La legislación sobre fundaciones bancarias surgió en plena crisis financiera como fruto de un Memorando de Entendimiento sobre Condiciones de Política Sectorial Financiera, firmado por España y la Comisión Europea el 23 de julio de 2012. La Ley, aprobada en diciembre de 2013, había recibido el dictamen favorable del Banco Central Europeo, como proyecto de ley seis meses antes. 

En esta normativa se fija el protectorado del Ministerio de Economía (entonces se llamaba de Economía y Competitividad) sobre la Fundación y se exigen protocolos de gestión y planes financieros de carácter anual, tanto a la Fundación, por su participación superior al 30% en el banco, como a la propia entidad financiera. En ambos casos estos protocolos requieren la aprobación del Banco de España. 

«El fuerte crecimiento y expansión territorial de la entidad financiera CaixaBank hace prácticamente imposible reducir al ámbito catalán el tutelaje de la Fundación»

El fuerte crecimiento y expansión territorial de la entidad financiera CaixaBank, cuyo control inamovible corresponde al BCE y al Banco de España, hace prácticamente imposible reducir al ámbito catalán el tutelaje de la Fundación, que, por otra parte, actúa a través de su voluminosa obra social y cultural en toda España y que no ha manifestado intención alguna de dejar su sede de Palma de Mallorca. 

Las maniobras de miembros del partido de Puigdemont (no aludimos a otros partidos independentistas al no constarnos fehacientemente que se estén produciendo) son inquietantes, a pesar de todas las prevenciones y cautelas de las leyes. El sector financiero es especialmente sensible a las insidias y a la malevolencia. Particulares y empresas no pueden estar expuestos a campañas que perjudiquen la imagen y fiabilidad de una entidad financiera en la que confían. Aquí no se trata de competencias políticas, de ambiciones territoriales ni siquiera del disfrute del poder.

Pero hay una realidad tozuda. Este Gobierno tiene irrefrenables pulsiones intervencionistas y apetencias estatalizadoras que ya se han manifestado en Indra y en Telefónica, por ejemplo. Su renuencia a poner en el mercado las acciones que el Frob tiene en CaixaBank no ayuda a disipar dudas. No se puede olvidar que una parte del Gobierno lleva en su programa máximo la creación de un banco público. Y esa parte del Gobierno es la que menos escrúpulos tiene frente a las distintas facciones independentistas. 

Aunque en estos tiempos la mentira o la mudanza de opinión se ha convertido en una de las bellas artes y ni siquiera produce el repudio social, no sería malo que el Gobierno despejara las dudas actuales y desactivara, que eso sí está en su mano, las maniobras que se llevan a cabo.